En la mañana del último lunes (11), un operativo de ocho patrulleros de la Policía Militar (PM) del Estado de Paraná (PR), encabezado por el “caveirão” (carro blindado de la tropa de choque), pasó lentamente por la puerta del campamento Dom Tomás Balduíno, en Quedas do Iguaçu. Ésta escena se repite desde el último jueves (7), cuando una acción de la PM, del grupo de operaciones espaciales de la corporación y de seguridad de la empresa maderera Araupel terminó en el asesinado de dos compañeros del campamento, los trabajadores rurales Vilmar Bordim y Leonir Orback, y dejó a seis personas heridas.
Integrantes de la ocupación relataron que el paso de Salto Osório llegó a ser cerrado por la PM en la mañana del domingo (10). El trecho es próximo a la usina Salto Osório, entre el área del campamento Dom Tomás Balduíno, ocupado en junio de 2015 y la segunda parte de la tierra, ocupada desde el 9 de marzo de este año. “Estamos muy indignados por todo lo que sucedió. El clima aquí es muy tenso. Las familias están indignadas por lo que la PM está haciendo con nuestro campamento, luego después de la muerte de nuestros compañeros”, relata un integrante del campamento, que no quiso identificarse.
El viernes pasado (8), una pareja de agricultores fue parada dos veces en un bloqueo de la policía en la carretera que liga el campamento a la ciudad. El procedimiento indica la relevancia dada por los agentes de seguridad en el local de vivienda de los ciudadanos abordados. Primero, el conductor precisó bajar, lo requisaron a él y al automóvil, y, en seguida, le preguntaron : “¿Dónde viven?”. El hombre, que hace diez años vive junto a su familia en el asentamiento Celso Furtado (próximo al campamento amenazado), comentó emocionado: “Sentimos mucha discriminación. No solo quien es acampado, en el asentamiento también”.
Antonio Miranda, Rudmar Moeses, Fabiana Braga, Tiago Ferreira y Cláudio Braga son cinco integrante del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra que han recibido amenazadas directas vía llamadas telefónicas anónimas y redes sociales, principalmente en páginas de Facebook que apoyan a la maderera.
El día jueves (7), la organización de derechos humanos Tierra de Derechos y los abogados del MST fueron al Minsiterio Público de Paraná (MP-PR) pidiendo la actuación del Grupo de Actuación Espacial de Combate al Crimen Organizado y al Ministerio de Justicia para que garanticen la seguridad de las familiar acampadas. El sábado, el ministro de justicia, Eugênio Aragão, determinó a la Policía Federal la instauración de un inquelito para apurar los asesinatos.
El MST pidió en una nota divulgada el domingo (10) que el Gobierno Federal “garantice la inmediata seguridad de las familias acampadas en el local, delante de las sistemáticas amenazas que han sufrido por policías militares del Esta de Paraná y bandoleros de la región”. Esta semana, la organización Tierra de Derechos irá a denunciar la situación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
A pesar de no haber, hasta el momento, informaciones sobre los agente de seguridad heridos, la postura de la corporación se mantiene ofensiva. El teniente-coronel de la PM Washington Lee Abe declaró en entrevista colectiva en la noche del crimen, que la policía “no va a torcerse, no va a tolerar ningún tipo de represalia y no va a tolerar ningún tipo de infracción de las leyes”. “Nosotros estamos allá, exactamente para mantener la ley y el orden”, afirmó. En la misma rueda de prensa, el oficial deslegitimó la actuación del MST y de los movimientos sociales.
Ney Strozak, abogado del MST, evaluó que no es papel de la Policía Militar incentivar la violencia. “Por el contrario: la PM tiene la autoridad suficiente para comprender la lucha de los movimientos sociales dentro del Estado de Democratico de Derecho y cumplir su papel, que es el de garantizar la seguridad pública”, completó.
En la tarde del viernes, en una reunión convocada por el gobierno municipal, Edson Jucemar Hoffmann do Prado (PP), e por la Cámara Municipal de Quedas do Iguaçu, diversas autoridades públicas y representantes del MST discutieron sobre la protesta que sucedería al día siguiente en el centro de la ciudad. Estaban presentes el secretario especial para Asuntos Latitudinarios de Paraná, Hamilton Seriguelli, el superintendente del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria del Paraná (INCRA/PR), Nilton Becerra Guedes, el coronel de la PM, Lee Abe, además de otros policías, abogados, concejales y promotores de justicia.
Según Strozak, los representantes de la PM asumieron una postura agresiva e intentaron responsabilizar a los abogados por cualquier problema que pueda ocurrir durante las protestas. De acuerdo con el abogado, los representantes de la PM rescataron en su discurso la muerte de tres policías, ocurrida en 1993, en el municipio de Campo bonito (PR). También harían afirmado que la corporación no acepta esas muertes y que siempre usará toda fuerza necesaria para combatir esos crímenes, cuesto lo que cueste. “Espante ver que la policía militar actúe en una especia de venganza, no para cumplir la ley y garantizar la seguridad pública, que es su misión”, afirmó el abogado.
En la mañana del sábado (9), había una gran concentración de patrulleros de la PM en la plaza donde seria realizado el acto convocado por el MST. Pero, antes del inicio de la actividad, los móviles policiales fueron retirados. Durante la tarde y la noche, los carros pasaron frente a la entrada del campamento, en baja velocidad. Algunos policías pararon, bajaron con armas en mano y se quedaron ahí por cerca de 10 minutos.
Represión del municipio y del estado
El respaldo para que las instancias municipales traten las ocupaciones como asuntos de seguridad pública vino de la postura de los órganos estaduales. Una semana antes del crimen, el día 1° de abril, diversas autoridades se reunieron en Quedas do Iguaçu para discutir las ocupaciones. Vía Facebook el diputados estadual Paulo Litro (PSDB-Paraná) caracterizó el asunto como una “cuestión de seguridad publica”. Estaban presentes el secretario-jefe de la Casa Civil de Paraná, Vldir Rossoni, el secretario del Estado de Seguridad Publica, Wagner Mesquita, el subcomandante de la Policía Militar de Paraná, coronel Arildo Luiz Dias, el delegado de la Polciia Civil, Júlio Reis, y el delegado de la Policía del Interior, Valmir Soccio. Autoridades municipales, promotores y representantes del ministerio público Estadual también participaron.
Rossoni, que oficialmente registró en el Tribunal Superior Electoral el recibimiento de R$ 50 mil de la maderera Araupel en su campaña para diputado federal, afirmó: “Quien no tiene problemas con irregularidades puede quedarse tranquilo. Ahora bien, quien estuviera actuando por fuera de la ley que se prepare porque tendrá que responder por sus actos. Las acciones del Estado serán efectivas para hacer con que las personas cumplan las leyes”. Para entonces, el diputado y el secretario de seguridad pública ordenaron “refuerzo en la acciones policiales y la ampliación de la fiscalización de los órganos estaduales en Quedas do Iguaçu y la región”, según las informaciones de la Agencia Estadual de Noticias.
Amenaza previa
Un hecho ocurrido el 4 de abril, tres días antes del asesinato de los dos sin-tierra, dio inicios de la ofensiva de la corporación contra los trabajadores rurales organizados en torno al MST. Conforme el Boletín de Ocurrencias (B.O.) abierto aquel domingo en la comisaria de Quedas do Iguaçu, los agricultores Sebastião Faria y Emerson Sachet habían sido intimidados por la policía, supuestamente por una denuncia de ocupación de tierras.
Los dos habían sido contratado por la empresa Verdes Campos, representantes de semillas, para la retirada de dos borlas de maíz en un sitio localizado a la vera de la carretera 473, en el municipio de Espigão Alto do Iguaçu. Para esta fase de la cosecha para el uso de semillas, la empresa había contratado cerca de 40 personas.
De acuerdo con el B.O., dos patrulleros de la PM con al menos ocho policías pararon en la banquina, subieron al techo del carro e hablaron de que allí se estaba frente a una “invasión de los sin-tierra”. Eran aproximadamente las 9h30 de la mañana. Emerson intentó explicar que estaban trabajando, pero los agentes policiales no creyeron y llamaron al comandante de la corporación. Al llegar al local, el superior fue llevado por los trabajadores llevaron al agente hasta el responsable quien le explicó el tipo de trabajo que se estaba desarrollando en la zona. “¿Es eso mismo que están haciendo?”, gritó el comandante con una ametralladora en la mano. Según la denuncia, los policías apuntaron con sus armas para los agricultores en algunos momentos.
Sebastião cuenta que él y los otros trabajadores vieron y escucharon todo. Después de algún tiempo de conversaciones tensas, los PMs ordenaron que tiren los autos de la banquina, sobre la pena de ser multados. El trabajo continuó hasta que, cerca de las 13h30, escuchamos cinco estruendos parecidos con tiros, cuatro con un sonido más bajo y uno más alto. “Ahí que paramos de trabajar. Nos sentimos amenazados”, cuenta en el documento. Subieron hasta el asfalto donde había unos patrulleros y un camión remolque. Cuestionando el ruido de tiros, uno de los PMs dijo que venía de dos neumáticos que se habían reventado. “Dijimos que dos neumáticos no dan cinco tiros, y comenzamos una discusión”. En ese momento, una técnica de la empresa Verdes Campos llegó y los trabajadores se retiraron, indignados.
Sebatião y Emerson fueron hasta la municipalidad y consiguieron que el secretario del intendente llamase al jefe de la PM, que argumentó haber recibido una denuncia de “invasión” en el local. Al iniciar la tarde, los trabajadores volvieron a la cosecha de maíz. Los que trabajaba más próximo al asfalto en el inicio de la tarde, dijeron haber visto policías colocar “las armas para fuera de la ventanilla del patrullero, apuntando en la cabeza de quienes trabajan ganando R$ 100 por día”, conforme al relato do Boletín de Ocurrencias.
Para Claudio de Oliveira, abogado del MST, esta situación revela una tragedia anunciada. “La PM venía actuando hacia días con truculencia y la falta de respeto hacia los trabajadores sin-tierra, en un clima de odio y provocaciones”, lamentaba.
Traducción: María Julia Giménez
Edición: Camila Rodrigues da Silva
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