Masacre de Eldorado dos Carajás

Español: Después de 20 años, Pará lidera el número de muertos en el campo

El estado de Pará registra el mayor número de asesinatos en áreas rurales en el país, seguido por Rôndonia y Mato Grosso

Marabá (PA) |
Especial: Masacre de Eldorado dos Carajas
Especial: Masacre de Eldorado dos Carajas - Brasil de Fato

Según el diccionario de lengua portuguesa, “Eldorado” quiere decir lugar prodigio de riquezas y oportunidades. Pero los significados pueden distorsionarse,  conforme intereses y disputas que se desarrollan en este lugar. Este es el relato de Eldorado dos Carajás, municipio del norte del Brasil, a más de 770 kilómetros Belén, capital de Pará.

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Después de 20 años de la masacre en la que murieron 21 sin-tierra y dejó 69 heridos, la impunidad y la violencia que caracterizan a aquella pedazo del país, de acuerdo con los relatos de los trabajadores que vivieron aquel 17 de abril de 1996. Este territorio aún está marcado por el latifundio, por la extracción minera y por el interés del gran capital concentrador de riquezas. Es lo que afirma el agricultor Eurival Carvalho, conocido como Totó, de 49 años, sobreviviente de la masacre.

“El latifundio persiste en el estado de Pará, sólo que ahora muchos más organizados y violentos. Eso acontece porque la justicia no dio la respuesta necesaria y esperada en el caso [de la Masacre de Eldorado dos] Carajás, ni en ningún otro caso ya sucedido en la región. Con el tiempo, la práctica de la violencia se refinó, pero no disminuyó, por el contrario”, explicó Totó.

Datos recientes de la comisión Pastoral de la Tierra (CPT) refuerzan esta percepción. El estado de Pará registró el mayor número de asesinatos en el campo en los últimos años, seguido por Rondônia y Mato Grosso. En 2015, fueron 50 muertes en el país, siendo 47 solamente en la región Amazónica. Este es el número más alto de los últimos 12 años.

El abogado de la CPT en Pará, Afonso Batista, recuerda que la masacre ocurrida hace dos décadas es emblemático en realcion a la violencia practicada contra los trabajdores del campo. “No hay duda ninguna de que la policía al servicio de Estado quería mandar un recado para los campesinos de la región, especialmente del MST [Movimientos de los Trabajadores Rurales Sin Tierra]”, declaró. Además destacó que, desde 1970 hasta 2015, fueron más de 30 matanzas, envolviendo más de 200 asesinatos.

Dentro de las muertes citadas por Batista están los asesinatos de Onalicio, Araujo Barros, Valentín Serra, conocidos como Fusquinha e Doutor, dos integrantes del MST que fueron muertos en marzo de 1998. Según el abogado, hay indicios de que policías que participaron de la masacre en 1996, también estén vinculados en estos dos crímenes. Hasta hoy ninguno fue condenado.

Otro caso emblemático en la región es el de misionaria estadounidense naturalizada brasilera Dorothy Stang, muerta el 12 de febrero de 2005, en Anapu (PA), ciudad situada al margen de la carretera Transamazónica. Los responsables intelectuales del crimen nunca fueron presos, solo fue capturado el pistolero –autor material- que reincidió en mas homicidios.

Venas abiertas por la minería

La Masacre de Eldorado de Carajás fue o tercero de un intervalo de 30 años en el estado paraense, como recuerda uno de los coordinadores del Movimientos de los Dignificados por la Mineria (MAM), Marcio Zonta. En la década de 1970, integrantes de la Guerrilha do Araguaia – que tenía como objetivo combatir a la dictadura cívico-militar- fueron muertos por el Ejercito e muchos aún están desaparecidos. En 1987, la Masacre de Puente São Bonifacio dejó cientos de garimpeiros [en lengua portuguesa, personas que buscan piedras preciosas] muertos, que protestaban contra el cierre de Serra Pelada. Esos casos tienen en común el aparato represivo del Estado, por medio de la policía y el Ejército.

Para Zonta, los sucesivos ataques tenían el objetivo de aniquilar polos de resistencia en la región, una vez que los intereses económicos de las grandes empresas estaban amenazados. “El MST surge en Pará en un contexto dominado por el latifundio. En aquel periodo, existía un polo siderúrgico en Marabá. Los camiones de [la empresa minera Vale] salían de la Sierra de Carajás y llevaban hierro para ser beneficiados en la ciudad, conforme a la carretera iba siendo cerrada por los sin-tierra, el proceso de circulación de capital era interrumpidos”, explicó.

Surgido en 2010, el MAM es un movimiento popular que se estructura en la región y en otros estados del país para organizar trabajadores frente a los impactos provocados por la minería. Para Zonta, el papel de la minera Vale refuerza el subdesarrollo de algunas ciudades de Pará.  “La entrada de Vale en el sur y sudeste de Pará acentuó el subdesarrollo. Ella activa la extracción de mineral sólo visto en épocas coloniales, pero con un avance tecnológico extremadamente sofisticado. Al comienzo del proyecto Grande Carajás, se sacaban diez millones de toneladas métricas de hierro por año. Hoy, se llega a la marca de 230 millones”, destacó.  

La compañía Vale informó, por medio de una nota, que en 2015, la producción de mineral de hierro en Carajás fue de 129, 6 millones de toneladas. La empresa minera reconoce que las operaciones transforman el entrono de la región. Dice, sin embargo, que busca conciliar las actividades con “la promoción de prosperidad, generando empleos, ingresos, acceso a la educación, apoyando el desarrollo de nuevos negocios locales y servicios en la región”. Para Vale, “recursos naturales sin ser transformados no generan valor” y que busca prácticas sustentables en la extracción de minerales. Informa, para finalizar, que la Floresta Nacional de Carajás, en Parauapebas (PA), es un ejemplo de esa tendencia, porque la minera ocupa un área de menos de 3% de la reserva.

Nueva fase del latifundio

“Yo entre [en el MST] porque yo nunca había tenido una tierra. Yo sólo vivía trabajando en la tierra de los otros”, dice María Raimunda Agapito Moreira, de 62 años, sobreviviente de la Masacre de Eldorado dos Carajás. Ella es el retrato  de la reconfiguración de la cuestión agraria ocurrida en Pará después durante la década de 1990. En ese período, fue retomado en la región un proceso de articulación masiva por la reforma agraria.

Según Haroldo Souza, profesor de la Universidad Federal del Sur y Sudeste de Pará (Unifesspa), la visibilidad nacional e internacional de la masacre,  enlazada al agotamiento del modelo de posesión de las tierras, contribuyó para que ese nuevo periodo se abriese. “A partir de 1994, el MST entra en un periodo de reascenso, realizando grande ocupación de tierra y organizándose regionalmente con otros movimientos. Es importante resaltar que el modelo de contratación de tierras el uso excesivo de recursos naturales y la esclavización de la mano de obra, fueron elementos fundamentales para el fortalecimientos de las movilizaciones por parte de los trabajadores y para el agotamientos del horizontes de las políticas neoliberales”, explica.   

En este escenario,  el capital rentista, mismo con un ambiente aparentemente desfavorable, reconfiguró el proceso en la región implantando un nuevo sistema latifundiario, explica Haroldo. “la crisis de ese modelo neoliberal de finales de los años 1990, de cierta forma, fue también una especie de crisis del capital productivo, expropiatorio , que no buscaba ningún tipo de transformación en la organización de la producción y en la producción en si misma. Él es oriundo de una oligarquía local que se perpetua desde 1920 y que fue reestructurándose y recreándose a partir de alianzas con el Estado o con el capital”.

El profesor concluyó que el capital financiero amarrado al latifundio y al antiguo modelo origina el actual modelo del agronegocio. “Es el control de grande fajas de tierra en manos de grandes corporaciones”, concluye. 

 

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