Persecución

Lula rebate acusaciones, después de nuevos ataques del Poder Judicial

La Procuraduría acusó al ex presidente de favorecer prestamos a la empresa Odebrecht

São Paulo (SP)

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Lula responde a las acusaciones en palestra suministrada en Angola / Reproducción/ Facebook

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reaccionó a la denuncia del Ministerio Público Federal (MPF) que lo acusa de participar de un supuesto esquema que beneficiaría a la empresa constructora Odebrecht en prestamos para obras en Angola. En su página de Facebook, el petista posteó el video de una palestra realizada en Luanda, Angola.

El juez Vallisney de Souza Oliveira, de la 10ª Cámara Federal, en Brasília (DF), aceptó integralmente la denuncia ofrecida por el MPF el jueves (13). Es el tercer proceso aceptado por el Poder Judicial contra el ex presidente. Lula es acusado por los crímenes de organización criminal, corrupción pasiva, lavado de dinero y tráfico de influencias.

En la denuncia de la Procuraduría, los fiscales de la República afirman que Lula actuó en favor de la Odebrecht junto al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES). Como forma de compensación, la Odebrecht habría retornado parte de las ganancias para el ex presidente.

“Parte de los pagos indebidos se concretizaron por medio de palestras supuestamente suministradas por el ex presidente por invitación de la constructora”, informó la nota divulgada por la Procuraduría en el Distrito Federal.

El video posteado en Facebook presenta una de las palestras realizadas por Lula en Angola, para retirar dudas y desmentir las acusaciones recibidas contra su persona.

A finales de julio, el Judicial aceptó la primera denuncia contra Lula sobre la acusación de intentar obstruir a la Justicia. El argumento es de que él habría actuado para mantener el silencio de Nestor Cerveró, ex director de la Petrobras.

En septiembre, la segunda denuncia fue aceptada. En ella, el ex presidente estaría vinculado a un supuesto esquema que envuelve a la petrolera estatal y a la constructora OAS.

Persecución

Por medio de una nota, el Instituto Lula afirma que las palestras fueron realizadas mediante “valores que son iguales a los contratos relativos a las demás palestras realizadas por el ex presidente”.

Levantamiento sobre los valores de la palestras de Lula, como el de Fabricio Vasselai, en el portal web Observatorio de Prensa, apuntan que los valores cobrados por el petista son similares a los que cobraba el ex presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). En Instituto de FHC también ya ha reconocido públicamente haber recibido financiamiento de empresas constructoras para promover eventos de este tipo.

“Lula jamás interfirió en la concesión de cualquier financiamiento del BNDES. Como es publico y notorio, las decisiones tomadas por aquel banco son colegiadas y basadas en el trabajo técnico de un cuerpo calificado de funcionarios”, afirma el instituto.

La asesoría del petista dijo que “Lula es víctima lawfare, que no es más que una guerra trabada por medio de la manipulación de las leyes para afectar a alguien que fue elegido como enemigo político. Una de las practicas de lawfare es el uso de acusaciones absurdas y sin pruebas”.

Criminalización de la política

Para parte de los movimientos populares, la actuación reciente del Judicial, incluyendo los procesos contra Lula, “está haciendo un estrago en la democracia brasileña”.

“La casería de Lula es una casería de los derechos de los trabajadores”, afirmó Alexandre Conceição, de la coordinación del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST). “El Poder Judicial, que ahora parece ser el único poder en Brasil, está construyendo una jurisprudencia para controlar la política en el país y, al mismo tiempo, al intentar condenar a Lula, quiere condenar también la lucha social, que conquistó derechos por años – como la Constitución del ‘88. Nosotros no permitiremos que él sea condenado de esa forma, haremos movilizaciones y lucha”, complementó.

De acuerdo con Conceição, el Poder Judicial no tiene legitimidad política y democrática para actuar en el sentido que viene tomando en el último periodo. Ese proceso, para él, estaría llevando a un “Estado de excepción” fundamentado en la “criminalización de la participación política”.

“Ellos no tienen ninguna representación popular para actuar de esa forma. El Judicial debe actuar con base en una Constitución que fue hecha por diputados electos y que la elaboren”, finalizó.



Traducción: María Julia Giménez