Una carta del Ministerio de Educación (MEC), encaminada el miércoles (19) a los dirigentes de la Red Federal de Educación Profesional y Tecnológica, pide que los alumnos que ocupan los institutos federales contrarios a la implementación de la PEC 241, que limita el techo de los gastos del gobierno por los próximos 20 años, y las reformas de la enseñanza secundaria, sean identificados en un plazo de cinco días.
La carta se tornó pública por las redes sociales del Frente Brasil Popular, grupo que reúne movimientos populares y sindicatos de trabajadores. El texto también apunta que las instituciones deben preservar el “acceso a las actividades curriculares, a la integridad de la comunidad académica, a la integridad del patrimonio público y, además, a la inminencia de la aplicación del Examen Nacional de Enseñanza Media (Enem)”.
El MEC solicita una “manifestación formal acerca de la existencia de eventual ocupación de los espacios físicos de las instituciones”.
“Es un procedimiento ajeno al histórico de las universidades y de los institutos federales. Eso nunca fue visto, por lo menos desde el periodo de la dictadura miliar, Es una prueba de que estamos caminando para un período de excepción travestido de legalidad”, afirmó Daniel Valença, del Frente Brasil Popular.
El pedido de identificación de los alumnos por el Ministerio de Educación trajo a tono la posibilidad de que ellos sean castigados y perseguidos dentro de las instituciones.
Según Daniel, “en este momento, no hay quien no esté expuesto”. Para el integrante del Frente Brasil Popular, “o se amplía el poder de presión de los movimientos populares y sindicatos, o pasaremos por tiempos más difíciles, tanto de pérdida de derechos, como también de persecución política”, apuntó.
En la nota divulgada en la tarde del jueves, el MEC afirma que “hay relatos que dan cuenta de la presencia de personas no pertenecientes a la comunidad en los institutos federales ocupados” y, por eso, solicitó la identificación de los alumnos. El ministerio dijo que no va a interferir en las ocupaciones.
“Cabe a los rectores, directores y servidores públicos asegurar el patrimonio de las entidades que dirigen”, afirma la nota.
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