Comunicación

Temer quiere eliminar la prohibición de concesiones de radio y TV para políticos

El Ministerio Público Federal presentó demandas para revocar las concesiones de parlamentarios

Brasil de Fato | São Paulo

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Según la Constitución Federal, diputados y senadores no podrán “firmar o mantener contratos con persona jurídica de derecho público, autoridad, empresa pública, sociedad de economía mixta o empresa concesionaria de servicio público” / José Cruz/ Agência Brasil

El miércoles último (9), el presidente no electo Michel Temer ingresó la Acción de Incumplimiento de Precepto Fundamental (ADPF) 429, por medio de la Procuraduría General de la Unión (AGU por sus siglas en portugués), pidiendo al Supremo Tribunal Federal (STF) declarar la inconstitucionalidad de las decisiones judiciales que han impedido el otorgamiento o renovación de concesiones de radio y de TV a políticos que detentan cargos de elección popular.

La ADPF es una herramienta utilizada en el Derecho brasileño para evitar o reparar lesiones a preceptos fundamentales resultantes de decisiones del Poder Público.

Según la petición inicial de la ADPF, enviada a Brasil de Fato por la oficina de prensa de la Procuraduría General de la Unión, la motivación de la acción tiene base en la opinión de que las decisiones del Ministerio Público Federal (MPF) de retirar concesiones de radio y TV de los parlamentarios ofenden preceptos fundamentales expuestos en la Constitución Federal, como el del valor social del trabajo y de la libre iniciativa, el de la primacía de la ley, el de la libre expresión y el de la libertad de asociación.

“El hecho es que, conforme se muestra a continuación, las decisiones judiciales que impiden el otorgamiento y la renovación de concesiones, permisos y autorizaciones de radiodifusión a personas jurídicas que poseen políticos titulares de cargos de elección popular como socios o asociados, tanto como las que prohíben a los titulares de cargos de elección popular participar, como socios o asociados de personas jurídicas que ejercen la concesión de servicios de radiodifusión, son claramente incompatibles con la Carta Republicana, toda vez que ofenden los preceptos fundamentales que constan en los artículos 1°, inciso IV; 5°, caput e incisos 11, IX e XVII; 54, inciso I, línea "a"; 170; 220; e 222, todos de la Ley Mayor”, indica el documento.

Esto porque, a fines de septiembre de este año, el MPF presentó demandas para revocar las concesiones de los diputados federales Elcione Barbalho (PMDB-PA) y Cabuçu Borges (PMDB-AP) y del senador Jader Barbalho (PMDB-PA).

La acción de la Procuraduría fue asignada esta semana a la ministra del STF Rosa Weber para juzgamiento. Ella ya se pronunció sobre la interpretación del articulo 54 de la Constitución anteriormente, durante la Acción Penal 5301, cuando el STF afirmó que la Constitución contiene una prohibición clara que impide a diputados y senadores ser socios de personas jurídicas titulares de concesiones, permisos o autorizaciones de radiodifusión.

Según su parecer, “la prohibición específica de que los parlamentarios ejerzan control sobre emisoras de radio trata de evitar el riesgo de que el medio de comunicación, en vez de servir al libre debate e información, sea utilizado en beneficio del parlamentario, tergiversando la esfera del discurso público”.

Disputa

Según Braulio Araújo, abogado y miembro asociado del Colectivo de Comunicación Social Intervozes, la acción de Temer es “resultado de una disputa que ya acontece hace años, una de las luchas antiguas de Intervozes por la democratización de los medios”.

El abogado explicó que Intervozes participó de la construcción de otras dos ADPFs contrarias a otorgar concesiones para políticos, que fueron enviadas por el Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en los últimos cinco años: la 246, de 2011, y la 379, presentada al Supremo Tribunal Federal en noviembre de 2015. El argumento de las acciones destaca que la legislación brasileira prohíbe la propiedad de concesiones de radio y TV por parte de políticos.

Según el Artículo 54 de la Constitución Federal, diputados y senadores no podrán “firmar o mantener contratos con persona jurídica de derecho público, autoridad, empresa pública, sociedad de economía mixta o empresa concesionaria de servicio público”.

El artículo además prohíbe a los parlamentarios “ser propietarios, controladores o directores de empresa que goce de beneficios derivados de contrato con persona jurídica de derecho público, o que ejerzan en ella una función remunerada”.

Otro argumento destacado por las ADPFs del PSOL expone el impedimento por la Constitución de la participación de congresistas en emisoras de radio, dado que tales concesionarias poseen exención fiscal concedida por la legislación. “Como es el Poder Ejecutivo el que otorga las concesiones, [los congresistas] no pueden beneficiarse de un contrato que ellos mismos tienen que aprobar. Hay un conflicto de intereses”, explica Araújo.  

Parecer del MPF 

En agosto de este año, las acciones de Intervozes recibieron parecer favorable del Procurador General de la República, Rodrigo Janot, que afirmó que la práctica de concesiones a los políticos viola la “la igualdad, el pluralismo político y la soberanía popular”, y solicitó que el Poder Judicial y el Congreso Nacional no den la propiedad a políticos electos que son, directa o indirectamente, socios o asociados de la emisora.

La maniobra de Temer, según Araújo, es una respuesta a esa decisión, que contraría los intereses de tres parlamentarios que pertenecen al mismo partido del presidente.  

“Pero no da para decir que es una cosa partidaria, porque muchos partidos políticos tienen parlamentarios que controlan empresas de radio y TV. Eso es una práctica común, que viene atravesando el período de redemocratización en los gobiernos de Fernando Henrique Cardoso, Lula e Dilma. Es un comportamiento enraizado que nosotros consideramos inconstitucional y perjudicial para la democratización de los medios”, ponderó el abogado.

Investigación

En un levantamiento de información hecho en noviembre de 2015 por entidades de la sociedad civil defensoras del derecho a la comunicación y de la democratización de los medios, fueron identificados y denunciados 32 diputados federales y ocho senadores socios o asociados de personas jurídicas concesionarias de emisoras de radio. La investigación se basó en datos del Sistema de Seguimiento de Control Societario (Siacco), de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones (Anatel).

“Este número solo representa a los políticos directamente ligados a las empresas de radio y televisión. No podemos afirmar, pero sospechamos que el número de políticos indirectamente ligados a medios de comunicación, por medio de parientes en primero y segundo grado, es mucho mayor”, completó Araújo.

En las ADPF enviadas por el PSOL, el partido apuntó que, en 1980, poco más de 100 políticos en 16 estados controlaban emisoras de radio y TV, argumentando cómo la práctica es antigua en el país.

Entre los parlamentarios expuestos en el levantamiento constan nombres de gran peso político, como quien quedó segundo en las elecciones presidenciales y senador por Minas Gerais, Aécio Neves (PSDB), y el líder del PSDB en el Senado, Tasso Jereissati.

Otros casos ya son más conocidos, como el del alcalde de Salvador Antônio Carlos Magalhães Neto (ACM Neto), dueño del Correo de Bahia, de la Globo FM local y de la TV Bahia, afiliada de la Rede Globo en Salvador y la región.

Mire la lista de políticos con cargos de elección popular titulares de concesiones de medios de comunicación (datos de noviembre de 2015):

Diputados Federales

1. Adalberto Cavalcanti Rodrigues, PTB-PE

2. Afonso Antunes da Motta, PDT-RS

3. Aníbal Ferreira Gomes, PMDB-CE

4. Antônio Carlos Martins de Bulhões, PRB-SP

5. Átila Freitas Lira, PSB-PI

6. Bonifácio José Tamm de Andrada, PSDB-MG

7. Carlos Victor Guterres Mendes, PMB-MA

8. César Hanna Halum, PRB-TO

9. Damião Feliciano da Silva, PDT-PB

10. Dâmina de Carvalho Pereira, PMN-MG

11. Domingos Gomes de Aguiar Neto, PMB-CE

12. Elcione Therezinha Zahluth Barbalho, PMDB-PA

13. Fábio Salustino Mesquita de Faria, PSD-RN

14. Felipe Catalão Maia, DEM-RN

15. Felix de Almeida Mendonça Júnior, PDT-BA

16. Jaime Martins Filho, PSD-MG

17. João Henrique Holanda Caldas, PSB-AL

18. João Rodrigues, PSD-SC

19. Jorginho dos Santos Mello, PR-SC

20. José Alves Rocha, PR-BA

21. José Nunes Soares, PSD-BA

22. José Sarney Filho, PV-MA (atual ministro do Meio Ambiente)

23. Júlio César de Carvalho Lima, PSD-PI

24. Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi, PMDB-SP

25. Luiz Gionilson Pinheiro Borges, PMDB – AP

26. Luiz Gonzaga Patriota, PSB-PE

27. Magda Mofatto Hon, PR-GO

28. Paulo Roberto Gomes Mansur, PRB-SP

29. Ricardo José Magalhães Barros, PP-PR

30. Rodrigo Batista de Castro, PSDB-MG

31. Rubens Bueno, PPS-PR

32. Soraya Alencar dos Santos, PMDB-RJ

Senadores

33. Acir Marcos Gurgacz, PDT-RO

34. Aécio Neves da Cunha, PSDB-MG

35. Edison Lobão, PMDB-MA

36. Fernando Affonso Collor de Mello, PTB-AL

37. Jader Fontenelle Barbalho, PMDB-PA

38. José Agripino Maia, DEM-RN

39. Roberto Coelho Rocha, PSB-MA

40. Tasso Ribeiro Jereissati, PSDB-CE

Edición : Camila Rodrigues da Silva