Frente a las amenazas de minimizar el Programa Mi Casa, Mi Vida (MCMV-entidades), movimientos populares del campo y de la ciudad junto con parlamentarios discuten la creación de un frente parlamentario mixto en defensa de la vivienda popular en el Congreso Nacional.
El miércoles (30), esas organizaciones realizaron un acto político en la Cámara de Diputados reivindicando la vuelta de las contrataciones de la categoría uno del programa, para familias que tienen ingresos mensuales de hasta R$ 1.800.
La ocasión reunió líderes de organizaciones como la Confederación Nacional de Trabajadores de la Agricultura (Contag), Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de Pequeños Agricultores (MPA), Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), Movimiento de Afectados por Presas (MAB), Central de Movimientos Populares (CMP), Movimiento Nacional de Lucha por la Vivienda (MNLM), entre otros.
Diputados de la minoría, como Paulo Teixeira (PT-SP), Marcon (PT-RS), José Mentor (PT-SP), Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), Jandira Feghali (PCdoB-RJ) y Glauber Braga (PSOL-RJ), expresaron su adhesión y se comprometieron a consolidar el diálogo para avanzar en el proceso de construcción de la red.
Elvio Motta, coordinador de vivienda de la Confederación dos Trabajadores y Trabajadoras en la Agricultura Familiar de Brasil (Contraf Brasil), explica que la constitución del frente es un proceso resultante de encuentros nacionales de las entidades para la construcción de una agenda de pautas conjunta para el próximo año.
Motta considera la estrategia un paso "histórico". "Primero, por la unidad del campo y de la ciudad en una única agenda, exclusiva y conjunta. Unificamos la propuesta y la lucha. Es importante, por el amor y por el dolor, tenemos que sentarnos y conversar", declaró.
Paralizaciones
Durante la audiencia, los dirigentes expusieron a los parlamentarios los problemas de la vivienda en la actual coyuntura política. Desde que el presidente no electo Michel Temer (PMDB) asumió el gobierno, las obras de la categoría uno, que atiende al grupo de menor ingreso, están paralizadas.
En tres años, el número de casas entregadas a la categoría se redujo drásticamente. En 2013, fueron entregadas 537 mil unidades. En 2015, el número se redujo a 16,9 mil unidades y, hasta septiembre de este año, apenas 32,5 mil viviendas— o sea, menos de un décimo del valor inicial.
Las últimas contrataciones del programa ocurrieron en mayo, cuando la ex-presidenta Dilma Rousseff fue alejada del gobierno durante el proceso de impeachment.
Después de que Temer asumió, hubo una serie de movilizaciones en torno del tema. En septiembre, durante la Jornada Unitaria, el ministro de las Ciudades, Bruno Araújo, confirmó que no habría más contrataciones para la categoría uno.
Reivindicaciones
Motta afirma que el frente se debe consolidar en febrero de 2017 con la creación de una red que aglutine diputados federales, senadores y sociedad civil. Además de "levar la lucha en defensa del MCMV al parlamento", los movimientos populares quieren debatir "pautas estructurantes que tocan la cuestión de la vivienda", como la creación de la Ley Nacional de Autogestión.
Según Motta, por el MCMV-Entidades, las unidades habitacionales se consiguen viabilizar con menos recursos y mejor calidad. "Esto acontece porque trabajamos con la autogestión. La familia participa de todo el proceso de construcción de vivienda, dialoga y participa del proceso de construcción, porque la gente trabaja con el concepto de vivienda en tanto derecho y generación de empleo, no como mercadería para compra y venta", ponderó.
También son reivindicaciones la no-criminalización de los movimientos populares. "No da mas que cada movimiento mire solo su metro cuadrado cuando se trata de la persecución de los movimientos sociales y sindicales. Tenemos que unirnos para resistir", finalizó el dirigente.
Edición: Camila Rodrigues da Silva
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