Las centrales sindicales de Brasil se encuentran preparando para el viernes 28 de abril la primera huelga general desde 1996. La medida de fuerza es en rechazo a los dos proyectos más ambiciosos del gobierno de Michel Temer para este año: las reformas laboral y jubilatoria, que fueron respaldadas por el Fondo Monetario Internacional como claves para la recuperación económica de la principal economía latinoamericana.
La huelga, que cuenta con la particularidad de haber sido convocada por centrales sindicales tanto opositoras como oficialistas, busca dar un golpe de timón al proyecto que hoy comienza a votarse en comisión en diputados: la reforma laboral, que pretende flexibilizar la legislación que rige desde 1943, de la época del presidente Getulio Vargas. En ese marco, conductores de colectivos, trenes, docentes, médicos y los principales sindicatos industriales anunciaron la adhesión a la huelga general, liderada por la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor del país que está vinculada al opositor Partido de los Trabajadores.
“El paro resulta urgente y necesario para hacer la lucha de masas y detener esa ola conservadora que intentan llevar adelante un Gobierno y un Congreso Nacional que no tienen legitimidad para eso, mediante la imposición de un nuevo modelo de Estado”, denunció la presidenta de la Central Única de los Trabajadores (CUT) en Minas Gerais, Beatriz Cerqueira.
Sin embargo, pese a la presión popular, Temer pretende aprobar ambas normas en el Congreso y la comisión especial de reforma laboral inició durante el día de ayer la lectura del parecer del diputado instructor de la materia, Rogerio Marinho, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) del ex presidente Fernando Henrique Cardoso. Uno de los puntos más importantes de la reforma es que no exista más negociación colectiva entre sindicatos y empresas y sí directamente entre patrones y empleados.
Otro punto que flexilibiliza la normativa es la implementación de reducción de jornada, algo que es clave para los aeronavegantes, que alertaron sobre que podrán ser suspendidos sin cobrar, por ejemplo, en temporada baja. El proyecto autoriza al empleador a dividir los 30 días de vacaciones que rigen en Brasil en tres veces, reduce un 50% la multa por despido sin causa y elimina la figura del seguro de desempleo que paga el Estado vía aportes patronales, que actualmente tiene un máximo de 1.700 dólares divididos en cuatro cuotas, tal como señala la agencia argentina Télam.
La reforma jubilatoria “no puede ser más negociada”, dijo Temer el domingo pasado al reunirse con senadores y diputados de la base oficialista, luego de los retrocesos que aceptó el ministro de economía, Henrique Meirelles, que alerta que el sistema colapsará en la próxima década sin una modificación en las pensiones. El gobierno espera ahorrar 135.000 millones de dólares hasta 2025 con esta nueva versión de la reforma jubilatoria.
Tras las protestas del pasado 7 de abril, que paralizaron las grandes ciudades del país y la presión popular hacia los senadores y diputados, el proyecto inicial de que iba ser obligatorio aportar por 49 años para cobrar la jubilación integral se redujo a 40 años. También bajó de 65 a 62 años de edad la exigencia de aportes para las mujeres. El régimen actual exige 30 años de aportes para las mujeres y 35 a los hombres.
La oposición, encabezada por Lula Da Silva y Dilma Rousseff, sostiene que el sistema no está colapsado y que modificar la ley laboral y fomentar el trabajo autónomo vaciará las arcas del sistema jubilatorio y fomentará automáticamente los seguros de retiro ofrecidos por los bancos en forma unilateral. Del otro lado del mostrador, el proyecto de Temer es visto por el FMI como “imperativo” para salir de la peor recesión de la historia, luego de que la economía cayera 3,8% en 2015 y 3,6% en 2016.
