La familia del periodista brasileño Vladimir Herzog, asesinado por agentes de la dictadura militar, pidió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilización del Estado por la impunidad. También requiere la revisión de la Ley de Amnistía, promulgada en 1979, para que los responsables de su muerte puedan ser identificados y castigados. La audiencia se realizó el miércoles (24) en la sede de la Corte, en Costa Rica.
La viuda Clarice Herzog, presidenta del Instituto Vladimir Herzog, dijo esperar que la Corte exija al Estado brasileño el fin de la impunidad y explicaciones a los familiares sobre las circunstancias de la muerte del periodista. “La sociedad tiene derecho a saber lo que sucedió. Los familiares que lo perdieron nunca tuvieron reparación. Abrí una demanda y después de ella vinieron otras y nunca ha habido una respuesta. Ignoraron todo y nos quedamos en el pasado”, afirmó ante la Corte.
Sérgio Suiama, procurador de la República, habló como perito en la audiencia y apuntó la necesidad de reabrir las investigaciones sobre la muerte del periodista, así como de eventualmente proponer una acción penal contra quienes sean identificados como autores o participantes del crimen.
Caso archivado
Defendiendo la familia ante la corte, el procurador de la República Marlon Weichert recordó que en 2008 solicitó a la Justicia Federal una investigación penal sobre el caso Herzog. La solicitud, posteriormente archivada, se hizo por considerarse que la decisión de la Justicia de São Paulo, en 1992, no impedía la reapertura del caso. “Hubo un aborto precoz de aquel intento de investigación y la Justicia del estado era absolutamente incompetente para investigar y, si fuera el caso, demandar penalmente a quien pudiera surgir”, dijo Weichert.
Según el abogado de defensa del Estado brasileño, Alberto Zacharias Toron, “poco importa que la Justicia de São Paulo era incompetente”. Él consideró que el Supremo Tribunal Federal tiene varios precedentes anteriores a 2008 a los cuales no cabría más recursos en el Poder Judicial, incluso en casos en que el juez o el tribunal fueron considerados incompetentes.
“En 1992, ya no había aquellas amarras [del período de la dictadura]. El Tribunal de Justicia entendió, con independencia, que debería aplicar la Ley de Amnistía. Lo hizo un tribunal independiente", dijo Toron.
El abogado sostiene que la jurisprudencia de la Corte Interamericana no se aplica al caso Herzog y considera que la Ley de Amnistía es una conquista de la sociedad brasileña. “Ella es fruto de un momento político que hizo posible el camino histórico de Brasil hacia la redemocratización, nos guste o no el hecho de que torturadores hayan sido beneficiados, pero era parte de un pacto político que se estableció.”
En una nota sobre el caso, la Abogacía General de la Unión informó que, "como Brasil reconoció la competencia de la Corte solo para hechos posteriores al 10 de diciembre de 1998, los que son objeto de juicio por el Tribunal Internacional están sujetos a esa delimitación temporal”.
Amnistía
Según la interpretación de 2010 del Supremo Tribunal Federal, la Ley de Amnistía vale para todos los crímenes cometidos durante el período militar (1964-1985), tanto por la oposición política al régimen como por los agentes del Estado responsables de crímenes como tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones sumarias de opositores a la dictadura.
Weichert señaló esa decisión como el mayor obstáculo a la promoción de justicia en Brasil acerca de los crímenes cometidos por agentes de la dictadura militar y criticó la posición del gobierno brasileño respecto al tema. Tanto Weichert como Suiama subrayaron, durante el juicio, la necesidad de que la Corte refuerce su posición ante la interpretación de la Ley de Amnistía brasileña.
El caso Herzog
Vladimir Herzog, director del telediario de TV Cultura en São Paulo, fue asesinado bajo la tortura por los militares en octubre de 1975. Él tenía una esposa, Clarice, y los hijos Ivo y André, en la época con 9 y 7 años respectivamente.
Con una acción declaratoria presentada en 1976 a la Justicia Federal en São Paulo, Clarice Herzog logró, en octubre de 1978, la condena de la Unión por la detención arbitraria, tortura y muerte de Herzog. En el fallo, el juez del caso declaró que el periodista murió debido a graves torturas.
En el año 2013, como parte de los trabajos de la Comisión Nacional de la Verdad, la familia logró la rectificación del certificado de defunción en el que consta que la muerte del periodista se dio en función de “lesiones y malos tratos sufridos durante los interrogatorios en dependencia del 2º Ejército”. El informe final de la comisión dice que “ya no hay ninguna duda sobre las circunstancias de la muerte de Vladimir Herzog, detenido ilegalmente, torturado y asesinado por agentes del Estado”.
