Hasta hace poco tiempo, las políticas públicas de inserción social, aunque bastante tímidas, estimularon a buena parte de los jóvenes de la Gran Recife y de las ciudades del interior de Pernambuco a soñar más alto. Siendo los primeros de la familia en entrar a la universidad o accediendo los programas de primer empleo, la búsqueda de los jóvenes por oportunidades de mejora dejaba de ser un sueño inalcanzable.
La diferencia con el momento actual es grande. En poco más de un año después del golpe, ya fueron muchos los ataques a derechos y derrotas impuestas a esta población. Además de enfrentar la mayor dificultad de los últimos 16 años para insertarse en el mercado de trabajo, con una tasa de desempleo que llega a 28,8% en la franja etaria de 18 a 24 años (IBGE, 2017), la juventud ha sufrido las consecuencias de una serie de proyectos antipopulares, entre los cuales la disminución de recursos destinados a la educación, e igualmente, de las reformas en curso, como la de las Pensiones, la social y la laboral, todas proyectadas por el actual gobierno de Michel Temer con apoyo de la mayoría del Congreso Nacional y de los sectores conservadores de la sociedad, especialmente del empresariado.
Los impactos de esas reformas pueden agravar aún más el escenario de incertidumbres y desigualdades enfrentadas por la juventud pernambucana en el día a día, porque la parte de la población más afectada será la que está en busca de su primer empleo o que se insertó recientemente en el mundo del trabajo. La reforma laboral, al flexibilizar los contratos, elimina garantías y protecciones fundamentales de los trabajadores y trabajadoras, cuadro que se agrava aún más entre los jóvenes negros y las mujeres, históricamente discriminados en ese sector. La reforma de las Pensiones pesa como una amenaza más a los derechos de esa generación, considerando que hay una mayor rotatividad en los puestos de trabajo ocupados por los jóvenes, el tiempo de permanencia en el mercado de trabajo formal para obtener la jubilación integral se torna superior a los 49 años. En otras palabras, incluso para quien comience a trabajar a los 16 años, la edad de jubilación será superior a los 65 años.
Al contrario del actual gobierno, que trabaja tras bastidores del Congreso Nacional para aprobar esas reformas de forma ligera y sin discusión con otros atores sociales, eventos políticos y culturales en las periferias, escuelas y universidades agitan a los jóvenes para operar cambios en este escenario. A través de entidades, movimientos sociales y jóvenes artistas, cada vez más, el enfrentamiento popular contra los proyectos que colocan en riesgo la vida y los derechos de la juventud toma cuerpo y formas diversas de resistencia.
Con la claridad de que solo la movilización popular puede detener las reformas del gobierno golpista, es fundamental continuar convocando a los jóvenes, las mujeres y hombres trabajadores, en cada barrio, lugar de trabajo, escuelas, universidades e iglesias, dispuestos a luchar por el restablecimiento de la democracia a través de elecciones directas, y permitir que el pueblo tenga el derecho de decidir los rumbos del país.
Edición: Monyse Ravena | Traducción: Pilar Troya