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Propuesta de reforma política sigue con la concentración del poder en Brasil

Creación de un fondo público de financiamiento de campañas y selección de candidatos están entre los temas polémicos

Brasil de Fato | Brasília (DF)

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Actualmente discutida en una comisión legislativa de la Cámara, reforma política seguirá a sesión plenaria / Lúcio Bernardo Jr/Agencia Cámara

Asunto prioritario de la Cámara Federal brasileña en esta semana y en la próxima, la propuesta de reforma política que sigue en debate en el Congreso Nacional es muy criticada por los segmentos populares y por algunos parlamentarios. Uno de los puntos más polémicos de la propuesta es la creación de un fondo público para financiar campañas electorales.

Según la propuesta de texto del legislativo, el fondo sería mantenido con recursos federales y fiscalizado por la Justicia Electoral. El presupuesto sería distribuido por el Tribunal Superior Electoral (TSE) a las direcciones nacionales de los partidos, y tiene como referencia el número de electores. Para las elecciones de 2018, por ejemplo, está previsto un montante de 1,19 mil millones de dólares.

Para los especialistas entrevistados por Brasil de Fato, la propuesta presenta imperfecciones que pueden agudizar el problema de la concentración de poder en las manos de los grupos que tradicionalmente hegemonizan la política. Es lo que dice, por ejemplo, el abogado Luciano Santos, experto en Derecho Electoral e integrante de la Plataforma de Movimientos Sociales por la Reforma del Sistema Político.

"Los partidos recibirán los recursos pero no se detalla como eso se realizará. La distribución de dinero difícilmente será equitativa porque, por ejemplo, la propuesta es obedecer al criterio de tiempo televisivo de publicidad electoral. Eso beneficia a los grandes partidos políticos y mantiene el sistema actual", señala Santos, que añade que ese modelo también dificulta la fiscalización y la transparencia en las operaciones.

Además de los aspectos mencionados, la división de los recursos del fondo electoral estaría basada en el número de votos obtenidos en 2014. Para el diputado Alessandro Molon, del Partido Red Sustentabilidad (REDE), la regla es problemática. Él destaca la relación entre la actual composición del Congreso y el financiamiento privado de campañas, que estaba en vigor en las últimas elecciones.

"El dinero del financiamiento privado produjo una distribución de votos, que fue fundamental para que los partidos lograran los votos. Ofrecer recursos públicos basándose en el resultado de aquella elección significa perpetuar el impacto del dinero de las empresas, que ahora está prohibido", opina el diputado, uno de los parlamentarios críticos de la reforma.

"Creo que es necesario hacer una reforma más sustancial en la próxima legislatura, y que ahora se realicen sólo algunas pequeñas modificaciones", defende Molon.

Candidatos

El abogado Luciano Santos afirma que otro aspecto de gran relevancia es el sistema de elección de candidatos. En el ámbito de la comisión legislativa que discute la reforma, parte de los diputados defiende la lista cerrada como mecanismo de selección de diputados y concejales.

Este es uno de los puntos del informe presentado por el diputado Vicente Cândido, del Partido de los Trabajadores (PT), al colegiado. El modelo consiste en una lista organizada previamente, resultante de la elección colectiva de candidatos a través de previas.

"Los medios crearon una connotación muy negativa a la 'lista cerrada', como si la propuesta protegiera a candidatos que hicieron algún daño, pero es exactamente lo contrario. En la lista cerrada, hay total transparencia de los candidatos y de la posición del ranking en que se encuentran", afirma Santos.

Luciano añade que la propuesta es mejor que el actual modelo. "Si uno de los candidatos tiene su ficha 'sucia' [con antecedentes de irregularidades], el elector rechazará toda la lista y perjudicará todo el partido, mientras hoy la votación ocurre en lista abierta y el elector no sabe cuál es la posición del candidato en el ranking", compara.

Sin embargo, para los integrantes de la Plataforma, es necesario perfeccionar la propuesta presentada en la comisión legislativa para lograr la paridad de género. Para Santos, la paridad tiene que ser una de las condiciones para la creación del financiamiento público de campañas.

"Si ese fondo es aprobado como algunos diputados piensan aprobarlo, se mantendrán las distorsiones que hoy existen", advierte el abogado.

Además de la creación de un fondo público y de la alteración en el sistema de selección de los parlamentarios, la reforma política en discusión presenta propuestas como: el fin de las coaliciones partidarias y la creación de una federación de partidos; el fin de la reelección para cargos en el Ejecutivo; mandato de cinco años para concejales, gobernadores y presidente de la República; cronograma de elecciones distintas para Ejecutivo y Legislativo; y posibilidad de firmas electrónicas (vía Internet) para proyectos de iniciativa popular.

Legitimidad

Más allá de los aspectos técnicos que circundan el debate sobre la reforma política, algunos grupos cuestionan la legitimidad del actual Congreso para promocionar alteraciones en el sistema político, tras los escándalos de corrupción que involucran a varios parlamentarios.

"Es un Congreso sospechoso. Centenas de diputados y senadores figuran en investigaciones de enorme verosimilitud, como la lista de coimas de la Odebrecht, pero también de otros grupos económicos, como la JBS. Sin hablar del sistema financiero, cuyas relaciones todavía no empezaran a aparecer", destaca Antônio Martins, integrante del Consejo Internacional del Foro Social Mundial (FSM).

Para Martins, la actual propuesta de reforma presentada en el Legislativo excluye la soberanía popular y prioriza, una vez más, los intereses particulares de los tradicionales personajes políticos brasileños.

"[La reforma] excluye una serie de reivindicaciones explícitas de la sociedad o malestares en relación a la política. No lleva a cabo ninguna medida, por ejemplo, para restablecer mecanismos de democracia directa ni para fiscalizar a los representantes", señala Martins.

Además, el asesor clasifica la propuesta en discusión como "contrarreforma". "Es una provocación llamarla reforma política porque no es capaz de resolver ninguna de las reivindicaciones o angustias de la población tras el vaciamiento de la democracia que vivimos hoy, no atiende a la soberanía popular", finaliza.

Edición: Simone Freire | Traducción: Luiza Mançano