El gobierno alega que las privatizaciones de empresas estatales brasileñas son necesarias para obtener ingresos y crear inversiones, empleo y renta, mejorando la calidad de los servicios prestados. Ahora bien, ¿ese argumento no será una prueba de la incompetencia del gobierno, que, ante su incapacidad para gestionar la economía con ética y responsabilidad, transfiere esa tarea a la iniciativa privada? Los argumentos del gobierno no se sostienen. Al privatizar, un sector resulta beneficiado y resulta necesario analizar de forma crítica quién se beneficia con ese tipo de transacciones.
Animada por una importante corriente neoliberal, la fiesta de las privatizaciones comenzó durante los gobierno de Fernando Henrique Cardo (FHC). Buscando desesperadamente ingresos, decenas de empresas brasileñas fueron entregadas en bandeja de plata al mercado financiero. Lo que en su momento había sido patrimonio de los brasileños pasó a depender de la lógica del mercado. Ansiosos por la ganancia y el lucro, los inversores redujeron los costos salariales por medio de la externalización, precarizando las condiciones de trabajo, disminuyendo la renta y aumentando las desigualdades sociales. Vale do Rio Doce fue vendido en ese momento a precio de ganga: 3.300 millones de reales, cuando solamente sus reservas mineras estaban cifradas en más de 100.000 millones de la época.
En esa búsqueda inmediatista de hacer caja, el gobierno de Temer está haciendo una megaliquidación del patrimonio de los brasileños. La privatización de 14 fábricas de Eletrobrás, entre las que se encuentra cuatro de Cemig, va a disparar el precio de la energía eléctrica. El aumento puede ser de 61 reales a 170 reales por megavatio/hora, es decir, una subida del 178%. El paquete de bondades de Temer para agradar al mercado financiero incluye 57 proyectos de privatización, entre los que figuran aeropuertos, puertos, ferrocarriles y empresas públicas, como Casemg y CeasaMinas. Semejante actitud avanza en sentido contrario de la de los países del primer mundo, que buscan, a cualquier precio, mantener el control de las empresas estatales. En Europa asistimos, incluso, a iniciativas gubernamentales que buscan revertir esos procesos, recuperando para el estado el control de empresas que habían sido privatizadas.
Correos también está entre los objetivos de la privatización. Fundada en 1663, la Empresa Brasileña de Correos y Telégrafos (ECT), pasa por una grave crisis. Son 117 mil empleados y 6.400 agencias propias, a las que hay que sumar otras mil bajo acuerdo de colaboración. Ante el déficit presupuestario que está atravesando Correos, ¿por qué el gobierno no se muestra partidario de reestructurar la empresa de tal forma que preserve el patrimonio estatal? Los sindicatos argumentan que el gobierno debe por lo menos 6.000 millones de reales a Correos a cuenta de transferencias indebidas al Tesoro Nacional a lo largo de los últimos años.
Temer ha demostrado una gran sensibilidad para perdonar las deudas de los ruralistas, de parlamentarios, de bancos y de sectores empresariales. Tan sólo con el nuevo programa de recuperación fiscal Refis, serán perdonados 543 mil millones de reales en deudas de empresarios. Semejante actitud confirma que los argumentos del gobierno para justificar las privatizaciones no se sostienen. Si el objetivo del gobierno es obtener ingresos, al beneficiar a determinados sectores y se deshace del patrimonio de los brasileños, el gobierno es, como poco, incoherente.
*Padre João es diputado federal del Partido de los Trabajadores (PT) de Minas Gerais
