El decreto publicado por el presidente golpista Michel Temer (PMDB) el martes (21), que reglamenta la Ley de Migración (Ley nº 13.445), ignora buena parte de las recomendaciones que fueron hechas por la sociedad civil durante su trámite. Considerada un marco internacional en la época en que fue aprobada, en mayo de este año, la Ley Migratoria de la manera que fue reglamentada decepcionó a las organizaciones que trabajan con inmigrantes en Brasil.
Es lo que evalúa Leticia Carvalho, asesora de advocacy de la organización Misión Paz, que recibe migrantes y refugiados. Entrevistada por la Radioagência Brasil de Fato, ella destacó que, con los dispositivos creados por Temer, el espíritu de la ley permanece el mismo de la legislación que antes regía los derechos de las personas inmigrantes en el país, el Estatuto del Inmigrante.
Promulgado durante la Dictadura Militar, el Estatuto tenía como foco la relación entre la inmigración y la seguridad nacional. Sin embargo, la nueva ley, que debería basarse en derechos humanos, mantiene términos como "inmigrante clandestino", que criminaliza ciertos tipos de migración, además de posibilitar la prisión para migrantes en situación irregular.
Carvalho critica además la falta de transparencia del gobierno, que hasta la semana pasada no había disponibilizado el decreto para la sociedad civil. Ella opina que la actitud está relacionada al desmantelamiento de una serie de derechos que viene siendo conducido por el gobierno Temer.
A continuación, la entrevista:
Frente a todo el proceso de construcción de la Ley de Migración, realizado a través de la participación amplia de entidades sociales, ¿qué significa el decreto publicado por Temer?
Es una demanda de muchas décadas de la sociedad civil, el cambio de la ley anterior a 2013 cuando el proyecto de Aloysio Nunes obtuvo fuerza suficiente para ser tramitado. Entonces ya era una demanda por la modificación del Estatuto, debido al paradigma de la seguridad nacional que imprimía. Con el pasar de los años y porque el Estatuto del Extranjero es de la dictadura militar, anterior a la propia Constitución, siempre consideramos inadecuado mantenerlo, y por eso tanta lucha para que fuera revocado. Durante el proceso legislativo, hubo diálogo con la sociedad civil, que está próxima a los migrantes directamente. Cuando la ley fue sancionada, ya se dieron 22 vetos a la ley y esa fue la primera dificultad que enfrentamos con el Ejecutivo. Cuando empezó el momento de la reglamentación, por más que intentamos, la participación nos fue negada. Entonces, durante el proceso de la tramitación, no tuvimos acceso al texto. Cuando finalmente accedimos a él, vimos que mucho del propio espíritu de la ley no estaba siendo reproducido en el decreto. Entonces, aunque hayamos tenido dificultades de negociación, aun así, conquistamos avances, un conjunto de principios y garantías importantes, sin embargo, el decreto no acoge ese cambio de paradigmas, mantiene una estructura muy próxima a lo que acontece hoy con el Estatuto del Extranjero.
Partiendo del presupuesto de que las organizaciones no gubernamentales son las principales responsables por la acogida de inmigrantes en Brasil, ¿cuál es su opinión respecto a que el decreto no considere las recomendaciones hechas por la sociedad civil?
Históricamente fue la sociedad civil quien acogió a estas personas y se ocupó de ellas en el día a día. Más recientemente, a partir de 2012, otros sectores gubernamentales pasaron a mirar el tema, como algunas universidades y alcaldías, inclusive la de São Paulo. Pero el acúmulo histórico que la sociedad civil y entidades religiosas tienen en esta área es algo que no se puede dejar de lado. Por la complejidad del tema de las migraciones, que impacta directamente en la vida de una parte importante de las personas que están aquí bajo la tutela del Estado brasileño, luchamos por más organización. Es un vaciamiento del proceso, de hecho, no se escuchó a quienes saben más sobre el tema. De todo lo que nosotros conseguimos llevar con mucho esfuerzo, sea en la plataforma online, sea en consultas públicas, nada fue considerado. En verdad, por el propio contexto nacional que vivimos, y por el propio contexto del Estatuto del Extranjero, que prohibía cualquier tipo de participación política y asociación entre inmigrantes, obviamente muchos inmigrantes, incluso con consciencia de eso, acabaron quedando ajenos al proceso de construcción de la Ley, y no intentaron involucrarse por la propia prohibición del Estatuto. Decían que el [el Estatuto] no era aplicado con tal rigor, pero en el actual gobierno, nadie quería arriesgarse.
En su opinión, ¿cuál es el interés del gobierno en mantener esa visión del inmigrante como un problema de seguridad nacional?
En verdad, yo creo que no se puede separar la temática migratoria del contexto general que el país está viviendo. En ese contexto de desmantelamiento y desestructuración que vivimos en todas las agendas de derechos, hubo fuerza para avanzar en el Congreso [la Ley de Migración], pero fue muy evidente, hasta en la presencia de las personas del gobierno tratando el tema, que no hay interés en hacer ningún tipo de cambio. En su visión, la manera en que está es como debe ser, que es la visión del Estatuto del Extranjero, de la seguridad nacional. Ellos tienen esa visión bastante clara y poco susceptible al diálogo. No están dispuestos a acoger este nuevo paradigma que vino con lucha.
