El día 26 de junio, la Segunda Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño, juzgará un nuevo pedido de libertad, presentado el día 5 último por la defensa del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que busca suspender su condena, sentenciada en enero por el Tribunal Regional Federal de la 4ª Región (TRF 4).
En el pedido, la defensa reitera argumentos, ya presentados al TRF4, que demuestran irregularidades en el proceso, como la incompetencia del juez de primera instancia Sergio Moro para juzgar el caso y la falta de imparcialidad en el juicio. Los abogados señalan además que Lula es ex presidente de la República, habiendo dejado el cargo en 2010 con altos niveles de popularidad, y, por lo tanto, no representa riesgo para el país.
Además del ponente de los casos de la Operación Lava Jato en el Supremo Tribunal, el ministro Edson Fachin, conforman la Segunda Sala los ministros Celso de Mello, Dias Toffoli, Gilmar Mendes y Ricardo Lewandowski. Los tres últimos ya se posicionaron contra la prisión después de condena en segunda instancia. Pero para Pedro Serrano, jurista y profesor de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP), es necesario estar atento al hecho de que el Poder Judicial está altamente contaminado por intereses políticos.
“No estamos en un momento en que la democracia esté funcionando normalmente. Esa es la cuestión. No tenemos un Poder Judicial independiente hoy que pueda declarar inocente a Lula, sacarlo de la cárcel y permitir que sea candidato a presidente”, afirma. A pesar de eso, Serrano defiende que recientes decisiones tomadas por la Segunda Sala del STF demuestran que aún hay magistrados comprometidos con la defensa de la Constitución.
Caso Gleisi: un soplo de legalidad
La Operación Lava Jato sufrió una derrota este martes (19), cuando los cinco ministros de la Segunda Sala absolvieron por unanimidad a la senadora Gleisi Hoffmann, Presidenta del Partido de los Trabajadores; a su marido y ex ministro de los gobiernos petistas, Paulo Bernardo; y al empresario Ernesto Kugler, acusados por la Fiscalía General de la República (PGR por sus siglas en portugués) de corrupción y lavado de dinero.
Pese a haber recomendado una condena por caja 2 electoral, los ministros reconocieron que, respecto a las denuncias hechas por el Ministerio Público (MP), no había ninguna prueba material que corroborase las acusaciones de los delatores. Para Pedro Serrano, hay una semejanza entre los casos que involucran a la senadora Hoffmann y el ex presidente Lula: el uso de delaciones como pruebas y la irresponsabilidad del MP al ofrecer denuncias sin contraparte material.
“Hay una irresponsabilidad en el país, y este caso es un gran ejemplo de eso, con relación a la forma como han sido tomadas las delaciones, y el amplísimo espacio que ofrecen para que personas inocentes sean denunciadas, en especial aquellas conocidas, que atizan el apetito acusatorio y persecutorio de una parte del Ministerio Público que está cada vez más politizada y que en vez de comportarse de una forma profesional, actúa como políticos de derecha”, afirmó.
Según el jurista, en casos como el de la senadora Gleisi o del ex presidente Lula, donde la inexistencia de pruebas compromete la tesis acusatoria, el MP debe actuar como verdadero agente de justicia y rechazar el ofrecimiento de la denuncia.
“El Ministerio Público ni siquiera debería haber ofrecido la denuncia. Hay que actuar con responsabilidad frente al Estado, la justicia y la sociedad. No se puede tratar la vida de las personas de esa forma. La República, la democracia dan poder a determinadas instituciones, pero también exigen responsabilidad de ellas”, defiende.
Ilegalidad de acciones de la Lava Jato
Otra decisión del Tribunal Supremo que tiene relación directa con el proceso que involucra al ex presidente Lula ocurrió el jueves (14), cuando el pleno decidió prohibir la conducción coercitiva para interrogatorios. Por seis votos contra cinco, la mayoría juzgó que la práctica es inconstitucional y atenta contra el derecho de los sospechosos de permanecer en silencio.
A pesar de ello, los ministros también decidieron no anular los interrogatorios hechos mediante conducciones coercitivas, como fue el caso de la acción de la Policía Federal (PF) contra Lula en marzo de 2016.
