Ignorando la presión popular y la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que determinó que el Estado brasileño debería garantizar la participación de Luiz Inácio Lula da Silva en las elecciones de este año en el país, el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazó la inscripción de la candidatura del exmandatario el pasado viernes (31).
Según la decisión del TSE, el Partido de los Trabajadores (PT) debería presentar, en el plazo de diez días – es decir, hasta el 11 de septiembre – la inscripción de un nuevo candidato. Sin embargo, en respuesta a la decisión en esa instancia, la defensa del exmandatario sigue presentando instrumentos jurídicos para mantener a Lula como candidato oficial de la lista electoral del PT.
Este lunes (3), tras visitar al expresidente en la sede de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, estado sureño de Paraná, donde Lula está detenido, Fernando Haddad, su candidato a vicepresidente, anunció que la defensa de Lula presentará una petición en la ONU para que la organización se exprese sobre la decisión del TSE.
“Hoy hemos presentado al presidente Lula todas las posibilidades jurídicas y él decidió, en primer lugar, presentar una solicitud en la ONU para que se manifieste sobre la decisión de las autoridades brasileñas en el marco de la determinación del Comité. En segundo lugar, decidió presentar un pedido de medida cautelar, en el ámbito electoral y en el ámbito criminal, para tener el derecho de inscribir su candidatura”, explicó Haddad.
“Sabemos que el pueblo está sufriendo una crisis sin antecedentes. La vida de las personas está cada vez más difícil y el expresidente Lula es el único camino para salir de esta situación”, defendió el candidato a vicepresidente.
En un debate realizado el pasado domingo (2), Fernando Neisser, que forma parte del equipo jurídico de Lula, afirmó que la decisión del TSE viola la ley electoral.
Neisser afirmó que según el artículo 16 de la Ley Electoral [de nº 9504 de 1997], que determina que un candidato que sufrió una impugnación pero que todavía no tuvo sus recursos de apelación juzgados, es decir, sub iudice, independiente de la instancia, tiene el derecho de participar de la campaña electoral y estar en la urna electrónica. Del mismo modo, añade que este dispositivo previene el hecho de que “no hay como retroceder en el tiempo caso el candidato sea declarado inocente después de las elecciones”.
