El número de asesinatos de quilombolas [habitantes de quilombos, asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados] en Brasil saltó de 4 a 18 en un año, entre 2016 y 2017, lo que configura un aumento de 350% en el período. El dato es uno de los destacados en el informe titulado “Racismo y violencia contra quilombos en Brasil”, divulgado oficialmente en la noche de este martes (25), en Brasilia (DF).
Inédito en el país, el levantamiento fue realizado por la ONG Tierra de Derechos y la Confederación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), conjuntamente con la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores Rurales de Bahia (AATR) y el Colectivo de Asesoría Jurídica Joãozinho de Mangal.
Élida Lauris, integrante del equipo de coordinación de la investigación y miembro de Tierra de Derechos, destaca que los datos exponen el fuerte racismo contra el pueblo quilombola. Además, ella resalta el peso de las disputas territoriales promovidas por hacendados y otros actores con poder económico, responsables por diferentes ataques a las comunidades.
“Existen proyectos de desarrollo que vuelven vulnerables a las comunidades y están asociados con las lógicas de racismo ambiental, racismo económico y de desprotección de las comunidades al negarles sus derechos territoriales”, señala la investigadora.
Según la CONAQ, en total, existen cerca de 3.200 comunidades quilombolas oficialmente reconocidas en Brasil, pero, debido a los impases políticos, menos de 300 de ellas tienen título de la tierra que ocupan.
El estudio también presentó datos de asesinatos en años anteriores. En la serie histórica de 2008 a 2017, fueron asesinados 32 hombres y seis mujeres quilombolas, 29 de ellos (76,3%) en el Nordeste. La región tiene historia de resistencia e insurgencia popular, especialmente en el campo.
Considerando los datos totales de 2017, el informe identificó que 68,4% de los asesinatos registrados fueron practicados con arma de fuego y 13,2% con arma blanca.
La militante Divânia Silva, de la coordinación de la CONAQ, subraya que los efectos de la violencia son considerados devastadores porque, entre otras cosas, conllevan gran riesgo para la manutención de los modos de vida y para la supervivencia misma de los pueblos quilombolas en Brasil.
Ella destaca además la aprehensión y la preocupación de las comunidades con la falta de acciones efectivas por parte de las instituciones, como las del sistema de Justicia.
“[Ellas] se sienten presionadas, desprotegidas porque la Justicia no ha conseguido ni siquiera investigar los casos de asesinatos para castigar a los culpables. Cada vez más se intenta cubrir determinados crímenes”, se desahoga.
Violencia machista
En el panorama de las agresiones contra los pueblos quilombolas, resalta además la desagregación por género. Es decir, entre las estadísticas de la investigación, la presencia de asesinatos de mujeres practicados con excesos de crueldad, con uso de cuchillos, fuego, botellones de gas, entre otros instrumentos.
En total, 66% de las muertes notificadas se dieron con uso de arma blanca o con métodos de tortura. En el caso de los hombres, tales casos tienen índice menor, representando 21% del universo total de asesinatos.
La investigadora destaca que, en general, las mujeres asesinadas tienen perfil de lideres políticas y que los métodos utilizados por los asesinos tienen fuerte carácter patriarcal.
“Ese nivel de crueldad es un ejercicio de violencia sobre el cuerpo, lo que quiere decir que toda la discusión que estamos haciendo sobre asegurar los derechos territoriales como manera de garantizar la seguridad del territorio y sobrepasar la situación de violencia, en el caso de las mujeres no es suficiente”, afirma.
La investigadora añade la necesidad de formulación de políticas públicas de protección de las mujeres que den cuenta de la realidad específica de las quilombolas.
Mirando ese objetivo y aún la atención a las otras demandas relacionadas a la violencia identificada en el informe, los responsables por la investigación pretenden enviar el levantamiento a diferentes órganos oficiales, convirtiéndolo en un documento de lucha política.
“Esa realidad se desvela para que consigamos producir resultados en políticas públicas efectivas e integrales para las comunidades quilombolas”, finaliza.
