El ministro Alexandre de Moraes, de la Corte Suprema de Brasil (Supremo Tribunal Federal – STF), determinó este martes (21) la instauración de una investigación para indagar una posible violación de la Ley de Seguridad Nacional en actos en favor del Acto Institucional 5 (AI-5) y del cierre de instituciones republicanas en las que participó el presidente Jair Bolsonaro (sin partido) el domingo (19).
El AI-5 emitido por la dictadura civil-militar brasileña en 1968, cuatro años después del golpe, consistía en una serie de poderes excepcionales: el presidente podría decretar el receso del Congreso, las Asambleas Legislativas Estaduales y los Consejos Municipales, intervenir en los estados y municipios "sin las limitaciones previstas en la Constitución, suspender los derechos políticos de cualquier ciudadano durante 10 años y revocar los mandatos federales, estatales y municipales elegidos". También era posible, por decreto, despedir, destituir, retirar a los funcionarios, empleados de los municipios, empresas públicas y empresas de economía mixta, además de despedir, transferir a la reserva o retirar a los oficiales militares y miembros de la policía militar. El gobierno también podría decretar un estado de sitio y extenderlo. La garantía de hábeas corpus se suspendió "en casos de delitos políticos, contra la seguridad nacional, el orden económico y social y la economía popular", entre otros.
"La decisión de Moraes concluyó "que es imprescindible la verificación de la existencia de organizaciones y esquemas de financiamiento de manifestaciones contra la Democracia y la divulgación en masa de mensajes atentatorios al régimen republicano, así como sus formas de gerenciamiento, liderazgo, organización y propagación que buscan herir o exponer a peligro de lesión los Derechos Fundamentales, la independencia de los Poderes instituidos y el Estado Democrático de Derecho, trayendo como consecuencia el nefasto manto de la discrecionalidad y de la dictadura", señala texto publicado por el STF sobre la decisión.
La Ley de Seguridad Nacional establece penas de 3 a 15 años de prisión para quien intente cambiar el régimen vigente o Estado de Derecho mediante el empleo de violencia o grave amenaza. También están previstas en la ley penas de 1 a 5 años de detención para aquel que integre cualquier agrupación que tenga por objetivo el cambio del régimen vigente por medios violentos o con empleo de grave amenaza.
Moraes atendió al pedido del procurador general de la República, Augusto Aras, que solicitó el lunes (20) la apertura de una investigación para indagar hechos en tesis delictuosos involucrando la organización de actos contra el régimen de democracia participativa brasileña.
El domingo (19), Bolsonaro discurseó ante un gran grupo de seguidores que se aglomeraron en frente al Cuartel General del Ejército en Brasilia. Entre las pancartas, había frases de apoyo a la intervención militar y a un nuevo Acto Institucional 5 (AI-5).
Desde lo alto de una camioneta, Bolsonaro hizo un discurso a la medida del gusto de sus seguidores. Interrumpido diversas veces por la tos, dijo. “Ustedes están aquí porque creen en Brasil. Nosotros no queremos negociar nada. Lo que queremos es acción por Brasil. Lo que había de viejo quedó atrás. Tenemos un nuevo Brasil adelante. Todos, sin excepción en Brasil, tienen que ser patriotas, y creer en hacer su parte para poner a Brasil en lugar de liderazgo y destaque. Se acabó. Se acabó la época de las pillerías. Ahora es el pueblo en el poder”.
En su decisión, el ministro Alexandre de Moraes señala que "son inconstitucionales, y no se confunden con la libertad de expresión, las conductas y manifestaciones que tengan la nítida finalidad de controlar o incluso aniquilar la fuerza del pensamiento crítico, indispensable al régimen democrático. También ofenden los principios constitucionales aquellas que pretendan destruirlo, junto con las instituciones republicanas, pregonando la violencia, la discrecionalidad, el irrespeto a los derechos fundamentales. En suma, abogando por la tiranía".
Aislamiento
La participación de Bolsonaro (sin partido) en la manifestación de domingo (19) provocó el repudio de decenas de organizaciones y líderes políticos del país y aisló aún más al capitán dado de baja.
Ante las declaraciones, el procurador general de la República, Augusto Aras, afirmó en nota que es necesario estar atento a los “extremos” que “debilitan nuestra democracia participativa”.
“Que el Ministerio Público brasileño, como carrera de Estado, esté fuerte, presente y unido. En su unidad encontramos la fuerza que emana de la Constitución y nos confía, como guardianes que somos del Estado Democrático de Derecho", afirmó.
Otros ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) también repudiaron la actitud del presidente. Luís Roberto Barroso clasificó la protesta como “asustador”. Citando a Martin Luther King, afirmó que defender la Constitución y las instituciones democráticas es parte de su deber.
"Peor que el grito de los malos es el silencio de los buenos. Sólo puede desear intervención militar quien perdió la fe en el futuro y sueña con un pasado que nunca hubo. Las dictaduras vienen con violencia contra los adversarios, censura e intolerancia. Personas de bien y que aman a Brasil no desean eso", postó Barroso.
Después de endosar el posicionamiento de su colega, compartido públicamente en su perfil en Twitter, Gilmar Mendes afirmó que invocar el Acto Institucional número 5 “es romper el compromiso con la Constitución y con el orden democrático #DitaduraNuncaMais”.
Su colega, Marco Aurelio Mello, dejó un recado a los “nostálgicos inoportunos: “las instituciones están funcionando”. Y además comentó que son "¡tiempos extraños! No hay espacio para retrocesos. Los aires son democráticos y así continuarán. Visión totalitaria merece la excomunión mayor", afirmó.
