Uno de los debates más importantes sobre la pandemia de coronavirus es acerca de quién debe pagar la factura de la emergencia de salud en este momento de crisis. En Chile, este tema también está presente en un proyecto de ley que ha estado en el Congreso del país desde principios de este mes para establecer un impuesto temporal sobre grandes fortunas.
La iniciativa es el Partido Comunista y la Federación Verde Regionalista, dos partidos de izquierda que cuentan con el apoyo de todo el sector progresista y del Frente Amplio así como de algunas siglas del centro.
El texto prevé la creación de un impuesto del 2,5% sobre las mayores fortunas del país, es decir, todos los que se encuentran entre el 5% más rico de la población del país.
::Gobierno chileno pierde control de la pandemia y enfrenta nuevas protestas sociales::
El proyecto se basa en estudios de economistas de la Fundación Sol, quienes estiman que será posible recaudar hasta US $ 6 mil millones con la medida. Los autores proyectan que estos recursos serían suficientes para entregar asistencia monetaria al 80% de la población más vulnerable del país y generar condiciones para enfrentar la cuarentena durante el invierno, un período en el cual se estima que el coronavirus debería seguir siendo una amenaza para el país, debido a las condiciones favorables a su propagación.
El Ministerio de Trabajo asegura que el número oficial de desempleados en Chile en este primer trimestre febrero-abril había subido a 9%, registrando un incremento de 1 punto porcentual con relación a la medición anterior. Las cifras oficiales han sido cuestionadas no sólo por la oposición al gobierno neoliberal de Sebastián Piñera, sino también por el banco de inversiones JPMorgan que informó este martes que el impacto en el mercado laboral chileno es “más dramático” de lo reportado. Piñera ha promulgado leyes para facilitar los despidos y la suspensión de los salarios de los trabajadores en cuarentena.
Disputa política
En este contexto, sectores de la izquierda han lanzado diferentes propuestas para exigir que el Estado se comprometa a apoyar a las familias en cuarentena debido a la crisis de salud. El proyecto de impuesto temporal sobre grandes fortunas fue el primero en llegar a votación en la Cámara de Diputados, y obtuvo una importante victoria al ser aprobado con 85 votos a favor.
Los votos en contra fueron sólo 19, pero la mayoría de los diputados de derecha (40 de ellos, para ser más precisos) se abstuvieron, posiblemente para no involucrar sus nombres en una iniciativa que tiene una amplia aceptación popular.
Pero es un hecho que la derecha chilena está en contra de la propuesta y espera revertir el resultado en el Senado o contar con el veto del presidente Sebastián Piñera. El presidente chileno es un megainversor y propietario de una de las mayores fortunas del país, que, por lo tanto, sería uno de los objetivos del nuevo impuesto, además de ser un representante de este sector político.
La misma derecha chilena que intenta resistir el proyecto de impuestos sobre grandes fortunas, observó positivamente hace aproximadamente un mes, la medida del Banco Central, que solicitó un préstamo de US $ 23 mil millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), para ayudar a las grandes empresas en dificultades y no a los trabajadores en cuarentena. El crédito ya ha sido aprobado por la organización y debe entregarse en junio.
::Ancianos sufren con la pandemia y la pobreza generada por empresas de pensiones::
Pero los autores de la propuesta no se sienten intimidados, y creen que el clima de transformación social instalado en el país desde octubre de 2019 puede ejercer presión sobre algunos bancos, especialmente aquellos vinculados al centro político. La diputada Camila Vallejo, del Partido Comunista, dice que los sectores más ricos del país deben ser parte de la solución en esta crisis de salud.
“Estamos hablando de aumentar un nivel importante de recursos, lo que permitiría duplicar o incluso triplicar la ayuda que el Estado está entregando actualmente. Nuestro propósito es que, con esta propuesta, podamos mejorar la capacidad de atención económica y, por lo tanto, también de salud, de las familias que necesitan permanecer en el barrio para cuidarse”, explicó el ex líder estudiantil.
La congresista Alejandra Sepúlveda, quien representa a la Federación Regionalista Verde, dijo que esperaba que el presidente Piñera entienda que enfrentar la pandemia, en el aspecto socioeconómico, implica enfrentar y eliminar las diferencias sociales que existen en el país, y también lo exige. Eso necesita ser mostrado a la sociedad.
“Creo que es muy importante que la ciudadanía entienda que hoy que las personas más ricas de este país se quedan con más del 30% de los recursos del país y tienen que devolverlo de alguna manera en este momento tan importante, que se necesitan recursos para atacar la pandemia”.
::Con plebiscito aplazado Chile intenta mantener espíritu constituyente en la pandemia::
Desigualdad
Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) muestra que, en Chile, el 10% más rico posee el 58% de la riqueza del país. Un nivel de concentración de ingresos que coloca al país entre los más desiguales del mundo.
Esta situación contrasta con el hecho de que se considera un modelo para muchos economistas neoliberales, especialmente en América Latina, como es el caso del actual ministro de Economía de Brasil, Paulo Guedes, quien vivió en el país durante la implementación del neoliberalismo, en la década de 1980, durante La segunda mitad de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).
::Chile pide ayuda al FMI para ayudar a las empresas y ofrece migajas a la gente::
Mientras tanto, los movimientos sociales del país están luchando para que, a pesar de la cuarentena y las medidas de distancia, la llama de la revuelta social que comenzó en octubre de 2019 siga viva y sea capaz de lograr una victoria importante en el plebiscito constitucional, que inicialmente estaba programado para Abril, pero eso sucederá ahora en octubre.
La esperanza es que la votación comience un nuevo proceso constitucional, que servirá para enterrar la Constitución de 1980, impuesta por el dictador Pinochet, de una vez por todas y convertirse en la primera asamblea constituyente en la historia del país, que ya ha garantizado un mecanismo que requiere que se ajuste a la igualdad de género, de acuerdo con una ley aprobada en marzo.
* Nota escrita en colaboración con Paola Cornejo, directo desde Santiago.
