El asesinato de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes, el 14 de marzo de 2018, cumple cinco años este martes 14. El principal crimen político de la historia reciente de Brasil ocurrió seis meses antes de las elecciones presidenciales ganadas por Jair Bolsonaro.
Ahora, en 2023, la llegada de un nuevo gobierno, encabezado por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, abre una nueva ventana de esperanza para amigos y familiares, que desde la noche del crimen viven con la pregunta: "¿Quién ordenó matar a Marielle?"
Cinco delegados y diez fiscales del Ministerio Público del estado de Río de Janeiro han pasado por las investigaciones del asesinato. Pero la pregunta sigue abierta. En el horizonte, una investigación que continúa en secreto, sin que las familias de Marielle Franco y Anderson Gomes, ni la periodista Fernanda Chaves, única sobreviviente del atentado, tengan acceso a la información.
Los abogados de los familiares de Marielle Franco y Anderson Gomes presentaron un "mandato de seguridad" ante el Superior Tribunal Federal (STF), solicitando el acceso a la investigación.
"Las autoridades tienen la obligación de esclarecer este crimen. Mi madre debe ser recordada por su movilización por la dignidad y contra la injusticia, no por un crimen sin respuesta." El mensaje es de Luyara Santos, hija de Marielle Franco, quien ahora tiene 24 años y es una de las fundadoras del Instituto Marielle Franco, creado en 2019.
Con el fin de organizar las demandas jurídicas y políticas del proceso de esclarecimiento del atentado, el 14 de julio de 2021 se creó el Comité de Justicia para Marielle y Anderson, formado por familiares de ambas víctimas, además de Amnistía Internacional Brasil, Justicia Global, Coalición Negra por Derechos y Tierra de Derechos.
Para la familia, la llegada al poder de Lula abrió una nueva posibilidad de esclarecimiento del crimen.
"Entendemos que ha habido un cambio significativo en la política pública de derechos humanos. Dos ministros han expresado sus puntos de vista sobre la solución del caso. Podemos decir que, con la llegada del nuevo gobierno, tenemos más esperanza de que el caso se resuelva", explica Luyara Santos, quien siguió los caminos de la política institucional y se desempeña como asesora parlamentaria en el despacho de la diputada del estado de Río de Janeiro Renata Souza.
La diputada era asesora de Marielle Franco y se encontraba en la Casa das Pretas, en el barrio de Lapa, región central de Río de Janeiro, la noche del 14 de marzo de 2018, cuando la entonces concejala participó del evento "Jóvenes negras moviendo las estructuras", horas antes de ser asesinada.
Cuando terminó el evento, Renata Souza entró a su auto y se dirigió a su casa en la Favela da Maré, en la zona norte de Río de Janeiro, donde nació y creció. "Cuando llegué a casa, me senté en el sofá y recibí una llamada de un periodista, preguntándome si yo confirmaba el asesinato de Marielle Franco. Me asusté y le dije que no lo confirmaba, que yo estaba con ella. El periodista se dio cuenta de que yo no sabía y colgó el teléfono. Seguí llamando a Marielle, Anderson y Fernandinha, pero nadie me respondía".
Inmediatamente, Souza decidió ir a la residencia de la concejala. "Tomé mi auto en Maré y fui a su casa. A la mitad del camino me enteré de que Mari había sido asesinada y fui directamente a la escena del crimen. Entonces, ya sabemos lo que pasó, son esas escenas horribles. Seguí la situación de miedo y barbarie de principio a fin. Hasta el día de hoy, no puedo creer que Marielle no esté entre nosotros. Pero sé que, aún hoy, en cada ámbito de lucha y en cada proyecto de ley, ella está con nosotros", finalizó, llorando, la diputada.
Compromiso
La diputada es una voz más que repercute en la esperanza de un nuevo período en las investigaciones criminales. "Esperamos que, con la llegada del nuevo gobierno de Lula, esto pueda cambiar. El Ministro de Justicia, Flávio Dino, demostró públicamente su voluntad de realizar esta investigación de manera calificada, haciendo incluso un trabajo conjunto entre la Policía de Río de Janeiro, la Policía Civil de Río de Janeiro y la Policía Federal".
Lo que esperan los familiares y amigos no es infundado. Durante la ceremonia de toma de posesión del cargo de Ministro de Justicia, Flávio Dino dejó claro el deseo del nuevo gobierno de que se esclarezca el crimen. La cita directa en el discurso dejó la impresión de que el tema será tratado con prioridad en Brasilia.
"Le dije a la ministra Anielle y a su madre que es una cuestión de honor para el Estado brasileño hacer todos los esfuerzos posibles y razonables. La Policía Federal actuará de esa manera, para que este crimen se resuelva definitivamente y sepamos quién mató y quién ordenó matar a Marielle Franco ese día en Río de Janeiro", afirmó Dino, quien, menos de 60 días después, el 22 de febrero, tomó la primera medida en relación con el proceso.
"Con el fin de ampliar la colaboración federal con las investigaciones sobre la organización criminal que perpetró los homicidios de Marielle y Anderson, determiné el inicio de una investigación en la Policía Federal", anunció Dino a través de sus redes sociales. "Estamos trabajando para resolver estos crímenes".
Fracaso
Entre familiares y especialistas existe consenso sobre el estancamiento de las investigaciones por el caso de Marielle Franco. "Ha pasado media década y todavía no tenemos respuesta a la pregunta: '¿quién ordenó matar a Marielle?'. La investigación del crimen contra Marielle y Anderson dice mucho sobre cómo el Estado brasileño enfrenta graves violaciones a los derechos humanos, sobre todo las violaciones contra las mujeres negras que participan de la vida de la política institucional", lamenta Luyara.
Orlando Zaccone, fundador del grupo Policías Antifascistas y delegado de la Policía Civil de Río de Janeiro reflexiona y critica la morosidad del proceso. "La federalización del caso Marielle Franco, evidentemente, muestra cierto fracaso de las investigaciones en Río de Janeiro, con respecto a la segunda investigación, que investiga quién ordenó matar a Marielle y cuál fue la motivación del crimen. O sea, lo que pasó con las investigaciones fue que tras darse a conocer al autor de los disparos y a otras personas que participaron en la acción, no se identificó el móvil del crimen."
La primera investigación, abierta poco después de los asesinatos, fue responsable de las primeras detenciones, que se produjeron solo un año después. En marzo de 2019, la Policía Civil de Río detuvo al policía retirado Ronnie Lessa, señalado como autor del disparo, y al expolicía militar Élcio Vieira de Queiroz, quien sería el conductor del automóvil que persiguió a Marielle.
Ambos están presos en centros penitenciarios federales fuera de Río de Janeiro y van a juicio por jurado popular, aún sin fecha determinada por la Justicia.
A lo largo de cinco años, sin embargo, las investigaciones estuvieron marcadas por intentos de obstrucción, pistas falsas y frecuentes cambios en el mando de la investigación, en la Policía Civil y en el Ministerio Público. Se abrió una segunda investigación, que se mantuvo confidencial, para investigar los obstáculos que se pusieron al proceso y las intenciones de intervenciones políticas en el curso del proceso.
En julio de 2021, las fiscales Simone Sibilio y Letícia Emile solicitaron dejar el grupo de trabajo que investiga el asesinato. Ambas estaban al frente de la investigación del crimen desde 2018 y fueron consideradas protagonistas en el proceso que culminó con las detenciones de Lessa y Queiroz.
Según el diario O Globo, la solicitud se produjo porque las fiscales no habrían tenido acceso al acuerdo de delación premiada de la viuda del miliciano Adriano da Nóbrega, Júlia Lotufo.
Asesinado el 9 de febrero de 2020, cuando estaba prófugo de la Justicia y habría entrado en conflicto con la policía, Adriano da Nóbrega era aliado y amigo de la familia Bolsonaro. Cuando era diputado del estado de Río de Janeiro, el senador Flávio Bolsonaro empleó en su despacho a familiares del miliciano.
Nóbrega también fue acusado de participar en el esquema de "rachadinha" (en el que se desviaba el sueldo de asesores) en el gabinete de Flávio Bolsonaro, que estaría encabezado por Fabrício Queiroz, exasesor del senador y su padre, el expresidente Jair Bolsonaro.
Para Zaccone, "la entrada de la Policía Federal demuestra una falla de la Policía Civil. Sin embargo, las críticas no pueden limitarse a un solo órgano de la policía. También tenemos al Ministerio Público, que no solo controla el accionar de la policía, sino que también actúa directamente en la investigación. Si hay una falla, y creo que la hay, no es solo de la policía civil, sino del sistema de justicia penal del estado de Río de Janeiro."
Jurado popular
El 30 de agosto de 2022, la Sala Primera del STF decidió por unanimidad rechazar los recursos presentados por la defensa de Ronnie Lessa, que buscaba evitar un juicio por jurado popular. En esta modalidad, la defensa del policía militar retirado considera que disminuyen las posibilidades de evitar la detención o una pena de larga duración, debido a la popularidad del crimen.
Así, ya es posible decir que serán juzgados Lessa y Élcio Queiroz. Sin embargo, la Justicia aún no ha fijado una fecha. En Brasil, el juicio por jurado popular está reservado para los delitos dolosos, es decir, cuando hay intención de matar.
La decisión del jurado popular había sido tomada por el juez Gustavo Gomes Kalil, de la 4ª Sala Penal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro (TJ-RJ), que sigue el caso. El magistrado también se encargó de desestimar un recurso interpuesto por la defensa de Lessa y Queiroz, que pedía la libertad de ambos, en septiembre de 2022.
"Mantengo, por el momento, las detenciones preventivas con base en los fundamentos ya establecidos en la sentencia de pronuncia, advirtiendo que la demora en la disposición judicial se debe a la iniciativa de la Defensa, que interpuso sucesivos recursos frente a la pronuncia, teniendo que lidiar con la carga de la demora, no causada por la máquina judicial", afirmó Kalil en el expediente.
De aquí en adelante
¿Cómo resolver un crimen después de cinco años? "Es posible. Pero, para eso, es necesario aclarar algunas cosas que quedaron un poco dudosas en la primera investigación", explicó Zaccone.
"Uno de los temas importantes es la visita de los ejecutores de Marielle al condominio de Bolsonaro, Vivendas da Barra. Nótese que Lessa, que es el autor de los disparos, vivía en el condominio, pero la primera información del portero fue que Élcio, el que manejaba, llegó y no buscó a Lessa, buscó a alguien en la casa del 'Sr. Jair'.
"Esto luego fue desmentido de una manera muy extraña, ya que ese portero ya no aparece y ya no trabaja allí. ¿Y quién tiene el libro de notas que tomó ese día y que contenía la visita de Élcio? El Ministerio Público. Hay un documento que demuestra que hubo una comunicación entre uno de los presos en la operación, que era el chofer Adriano, con alguien que estaba en la casa del Sr. Jair. No estaba Sr. Jair, ya está comprobado que estaba en Brasilia, pero hay que saber quién estaba en su casa en ese momento", apunta el delegado.
Renata Souza recuerda que "fue asesinada una mujer elegida por más de 46 mil personas en la ciudad de Río de Janeiro, que luchó en defensa de los derechos humanos y construyó agendas a partir de los movimientos sociales". La falta de esclarecimiento del caso, para la diputada, repercute en las mujeres negras que ingresan a la política.
"El asesinato de Marielle deja una estela de miedo. Hoy, ser mujer en la política en Brasil y abrazar las agendas de Marielle Franco es una situación de riesgo. Esto revela la fragilidad de nuestra democracia. Esto inquieta a las mujeres que quieren meterse en estos espacios, pero no habrá vuelta atrás de las mujeres negras en la política", dice Souza.
"Sin embargo, hay una fuerza ancestral que nos custodia y protege, pero también nos da la gana de mantener nuestro compromiso con nuestro pueblo negro y de la periferia. La disposición de luchar es por el legado de Marielle, pero también es por la vida de todas nosotras", concluye la parlamentaria.
Luyara cree que el caso se resolverá, pero no sin la vigilancia constante de familiares y amigos. "No nos rendiremos hasta que obtengamos justicia para mi madre y Anderson. A lo largo de los años, hemos seguido exigiendo y la respuesta la tiene que dar el Estado brasileño, para el país y para el mundo. Sabemos que cuanto más tiempo pasa, más difícil es conservar la memoria de quién fue Marielle, sobre todo para las nuevas generaciones, y conservar la memoria de quién fue Marielle fortalece nuestra lucha".
Edición: Lucas Weber
