Una investigación publicada este miércoles 14 muestra que las defensoras y los defensores de los derechos humanos fueron víctimas de 1.171 casos de violencia en Brasil, incluidos homicidios, en los cuatro años del gobierno de Jair Bolsonaro (Partido Liberal) (2019-2022).
Según el estudio "Na Linha de Frente: violência contra defensores e defensoras de direitos humanos no Brasil" (En primera línea: la violencia contra los defensores de derechos humanos en Brasil, en traducción libre), elaborado por las organizaciones Terra de Direitos y Justiça Global, entre 2019 y 2022, las luchas territoriales y ambientales fueron los principales motivos de las violencias. La Amazonía Legal fue la región del país donde se registró el mayor número de asesinatos y amenazas.
En entrevista con Brasil de Fato, la subdirectora de Justiça Global, Daniele Duarte, destacó que Brasil "es un país altamente hostil para quienes defienden los derechos humanos". En el caso de la Amazonía, destacó que la región tiene un gran grupo de defensores y está bajo la mirada de empresas y organizaciones criminales e ilegales.
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"Es un espacio rico en biodiversidad, y también de alta impunidad en casos de violencia en ese territorio. Durante el período que enmarca la investigación, el período del gobierno del expresidente Bolsonaro, vimos un aumento en el interés de organizaciones y empresas por ese territorio, en áreas como la minería y la deforestación e incluso organizaciones criminales", destacó.
Los defensores y las defensoras de los pueblos indígenas fueron el blanco de la mayoría de los casos. Fueron 346 episodios, incluidos 50 asesinatos y 172 amenazas en los últimos cuatro años, período en el que el gobierno entonces encabezado por Bolsonaro adoptó una política antiindígena que posibilitó incrementar la invasión y explotación de territorios tradicionales, la minería clandestina, la deforestación y el agronegocio.
Entre los casos emblemáticos mencionados por el informe difundido este miércoles están los asesinatos del indigenista Bruno Pereira y del periodista británico Dom Phillips, en junio de 2022, en la Tierra Indígena de Vale do Javari, en el estado de Amazonas. El crimen habría estado motivado por el trabajo de Bruno al denunciar la pesca ilegal en territorio indígena.
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La investigación divide los episodios violentos en ocho categorías: amenaza, agresión física, asesinato, atentado, criminalización, deslegitimación, acoso sexual y suicidio. Se consideraron casos de violencia contra individuos y también contra colectivos, como ataques contra pueblos indígenas y quilombolas.
Los casos de amenazas fueron los más numerosos: según el relevamiento, hubo 579. Como este tipo de delitos no siempre se investigan, tienden a repetirse y, en muchos casos, a agravarse.
"Tenemos altos niveles de amenaza, especialmente contra las mujeres defensoras, las mujeres cisgénero y las mujeres trans, y esta amenaza como estrategia, como herramienta para financiar la acción política. La impunidad, la falta de investigación de las amenazas generan más amenazas y lamentablemente, muchas veces, estas amenazas terminan en asesinatos", explicó Daniele Duarte.
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El estudio publicado este miércoles se elaboró a partir de noticias, consultas con otros informes y casos de estudio seguidos por los organismos que coordinan el trabajo. Si bien los datos son alarmantes, los casos pueden ser aún más numerosos, ya que el subregistro es una realidad.
"Quienes practican la violencia y las violaciones de los derechos humanos son personas y empresas que tienen el poder en ese territorio, en esa ciudad. Esto también significa que hay una influencia directa para que el caso no se visibilice y no se investigue", agregó Duarte.
