A finales de 2023, el acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, en agenda desde hace más de veinte años, volvió a detenerse. El propio gobierno brasileño y, en particular, el Ministerio de Asuntos Exteriores, habían generado la expectativa de que el texto negociado en 2019 finalmente siguiera con pasos firmes el rito de aprobación por parte del poder legislativo seguido de ratificación por parte del poder ejecutivo para entrar en vigor.
¿Qué salió mal? No es una pregunta fácil.
En primer lugar, hay que entender que el texto que cayó en manos de Lula fue negociado por los más liberales del Mercosur. En Brasil, poco después de la destitución de la presidenta Dilma Rousseff en 2016, se intentó retomar el acuerdo, indicando a los negociadores europeos que los parámetros serían diferentes: sin preocupaciones sobre la industria nacional, el uso de políticas de desarrollo o demandas más equilibradas de contrapartes.
El 31 de agosto de 2016, Michel Temer asumió como presidente de la República Federativa de Brasil y en menos de dos meses se reanudaron oficialmente las negociaciones. No es exagerado decir que esta reanudación fue parte de la agenda económica del golpe.
Aun así, tomó un tiempo cerrar esta nueva ronda de negociaciones, que iba a suceder el 28 de julio de 2019. Mauricio Macri, entonces presidente de Argentina (2015-2019), se encontraba en la presidencia pro tempore del Mercosur y preparándose para la campaña electoral.
El mandatario imaginó que el anuncio del preacuerdo podría ayudarle a mantener la presidencia de Argentina. En Brasil, el gobierno de Bolsonaro estaba en su primer año. Paulo Guedes, el zar económico de la gestión bolsonarista, continuó la visión de los negociadores del gobierno de Temer, que defendía que la mayor apertura posible, junto con compromisos de restricción de políticas industriales activas, no serían compromisos, sino medidas necesarias.
Algo razonable para muchas de las viudas de los neoliberales de PSDB que ocupaban altos cargos en el Ministerio de Asuntos Exteriores. Codificados en un Tratado de Libre Comercio, estas normas vincularían incluso a los gobiernos posteriores.
Los europeos aprovecharon la buena voluntad de sus interlocutores sudamericanos. También hubo otro movimiento que debe entenderse en el contexto de la rivalidad y disputa comercial entre Estados Unidos y China.
El gobierno de Alemania comenzó a tomar una postura más activa para defender su manufactura y sus posiciones fuera de Europa, entre las que destaca el Mercosur. Para ello, les interesaba no solo la apertura comercial de sus productos, sino también las normas sobre compras públicas, transparencia, competencia y restricciones a las actividades de las empresas estatales, entre otros factores. Los países de la Unión Europea en su conjunto mantienen aún el mayor stock de Inversión Extranjera Directa en el Mercosur, término utilizado para designar inversiones de empresas multinacionales, por delante de Estados Unidos y China. Sin embargo, tras convertirse en el principal socio comercial, China también empezó a avanzar en materia de inversiones.
No obstante, podemos afirmar que la reanudación de las negociaciones por parte de los gobiernos de orientación neoliberal correspondió a un esfuerzo general de las autoridades europeas para defender la competitividad de las empresas en su continente y, más estratégicamente, para la política europea de afirmarse en el mundo actual, junto con China y Estados Unidos. El acuerdo podría contribuir, aunque modestamente, a ese esfuerzo.
Tras concluir las negociaciones a mediados de 2019, el discurso de ambas partes destacó la importancia del acuerdo para la reanudación del crecimiento en el Mercosur. Del lado europeo también se enfatizó la inclusión de estándares de protección ambiental y derechos laborales. El sitio web de la Comisión Europea incluso utiliza una expresión común en la diplomacia china: "win-win" (gana-gana). Pura alegría: crecimiento, empleo y desarrollo sostenible para todas las partes implicadas. En Argentina, el candidato peronista Alberto Fernández resultó ganador y criticó duramente el acuerdo, pero no señaló caminos alternativos.
Luego, se armó un gran lío. ¿Es bueno o malo el texto negociado en 2019? Es el viejo problema: ¿quién define el interés nacional que deben defender los negociadores del Ministerio de Asuntos Exteriores? Según la prensa comercial brasileña, el acuerdo sería muy bueno para Brasil y casi una concesión por parte de los europeos.
Bien, no hay duda de que ganan el agronegocio y los sectores financieros del Mercosur, aunque incluso en estos puntos los europeos hicieron una dura negociación. Al otro lado del Atlántico, la gran ganadora sería la industria europea, en particular la alemana. Vale señalar que, al finalizar los plazos de transición, los productos manufacturados ingresan con tasas y cuotas cero, mientras que se mantienen las cuotas para los productos agrícolas del Mercosur.
Por ello, tradicionalmente una parte del sector agrícola europeo se muestra cautelosa o contraria al acuerdo. Esto siempre ha influido en los países donde estos grupos tienen mayor influencia política, particularmente en el caso de Francia y también de Irlanda y Polonia.
Sin embargo, si en el caso de Europa sectores poderosos, liderados por el sector industrial alemán y la propia Comisión Europea, se mostraron entusiasmados con el resultado del acuerdo, ¿por qué no se le dio continuidad antes de las elecciones de octubre de 2022? Más aún sabiendo que había grandes posibilidades de que, en Brasil, un gobierno con una orientación de política económica diferente ganara las elecciones, como de hecho sucedió.
Pues bien. Esto se explica por una serie de factores: una diversificación de la oposición interna en Europa y un cambio en el contexto general con la COVID y la guerra en Ucrania. En primer lugar, la ya mencionada oposición tradicional de los agricultores de Europa, que fue particularmente importante en Francia, que celebró elecciones presidenciales en abril de 2022.
En segundo lugar, ha ganado mayor peso político la oposición genuina de los grupos ambientalistas que, en diálogo con grupos afines en Brasil, entienden que cualquier acuerdo que fomente la expansión de las agroexportaciones termina teniendo un impacto negativo sobre el medio ambiente, alegando incluso presiones para una mayor deforestación. Además, la agenda medioambiental había cobrado mayor fuerza y visibilidad política en las últimas elecciones en Europa.
Si bien la oposición tradicional se suma a este discurso, son grupos muy diferentes, algo que no siempre entienden los negociadores del Ministerio de Asuntos Exteriores. A esto se añade el fenómeno del avance de la nueva derecha radical, que rechaza la globalización y defiende un nacionalismo económico antipático a cualquier nuevo acuerdo de libre comercio.
La pandemia, a su vez, cambió significativamente la visión en Europa, siguiendo la tendencia de Estados Unidos, sobre el uso del gasto público y la regulación estatal para respaldar las políticas tecnológico-industriales. Un ejemplo es el apoyo a la reestructuración de la industria automovilística con vistas a electrificarla y evitar una excesiva dependencia de la importación de tecnologías chinas.
Se trata de la misma Comisión Europea que no dudó ni un minuto en presentar una denuncia ante la OMC contra el programa de Incentivo a la Innovación Tecnológica y la Densificación de la Cadena Productiva de los Vehículos Automotores (Inovarauto) del gobierno de Dilma Rousseff en 2013. Inovarauto proporcionó incentivos para la innovación tecnológica y la protección de la cadena de producción de automóviles a través de incentivos fiscales. Es decir, muy similar a lo que empezaron a hacer los propios europeos.
Asimismo, la guerra en Ucrania, que comenzó poco después de la pandemia, generó otro efecto: cambió drásticamente la agenda de prioridades. El gran problema de la industria europea, y en particular de la industria alemana, es el costo de la energía, que le resta competitividad frente a sus competidores chinos y estadounidenses. Basta observar, por ejemplo, el gran interés, particularmente de Alemania, por el potencial de producción de hidrógeno verde en el Nordeste de Brasil.
Frente a este conjunto de fuerzas favorables y contrarias, con una variedad de prioridades que operan a ambos lados del Atlántico, lo que prevaleció durante el gobierno de Bolsonaro fue la inercia. ¿Por qué? Al final, el verdadero problema fue la imagen que se formó de Bolsonaro en la opinión pública europea en el contexto de las elecciones en Alemania (2021) y Francia (2022).
Angela Merkel, la entonces primera ministra de Alemania, llegó a intentarlo, pero no pudo convencer al parlamento alemán y europeo de que era mejor vincular al gobierno de Bolsonaro a este acuerdo con cláusulas de protección ambiental, que dejarlo suelto. En resumen: quienes en Europa estaban a favor de un proceso exitoso del acuerdo negociado a mediados de 2019 querían las dos mejores cosas: el acuerdo en la forma en que lo había negociado el grupo ultraliberal de Temer/Bolsonaro/Macri, pero en la foto con Lula.
Ya no era imaginable sacar adelante este acuerdo con Bolsonaro en el gobierno de Brasil. Así, también se esperaba ganar tiempo ante la propia opinión pública europea, pasando por las elecciones en Alemania y Francia. Ahora bien, ¿cómo le explicaría esto la Comisión Europea al gobierno de Bolsonaro? El truco fue la "carta adjunta" que luego cayó en el regazo de Lula junto con el texto de 2019.
La Comisión Europea explicó a los negociadores del Mercosur que había una fuerte oposición del poder legislativo y de la opinión pública porque no consideraban suficientes las cláusulas de protección ambiental. Pero, al mismo tiempo, las partes coincidieron en que no era deseable reabrir las negociaciones, dada su complejidad y la participación de 27 países solo del lado de la Unión Europea.
Reabrir el acuerdo podría estimular muchos movimientos oportunistas de todo tipo. La solución mágica fue una "carta adjunta" (side letter) que sería solo declarativa, como si se tratara de un compromiso adicional sin efecto jurídico sobre el acuerdo en sí.
Por lo tanto, la negociación sobre el contenido de la carta no reabriría el acuerdo. El gobierno de Bolsonaro aceptó porque estaba ansioso por firmar el acuerdo y complacer a una parte importante de su base y para Paulo Guedes sería un paso hacia un Brasil más liberal. Asimismo acordaron que la Comisión Europea enviaría el borrador de esa carta adjunta. Ahí es donde radica la malicia de los europeos. Siguieron dando largas y no enviarían una versión hasta que Lula asumiera la presidencia. Esto se debe a que sabían que el gobierno de Bolsonaro aceptaría cualquier texto, por humillante que fuera, solo para que el acuerdo avanzara.
Sin embargo, los europeos carecieron de sensibilidad, a la luz de la elección de Lula, para simplemente minimizar la carta, que aparecería de la forma más cuestionable posible en febrero de 2023. Al parecer los europeos estaban convencidos de que su amigo Lula firmaría el acuerdo, aunque no fuera perfecto.
Al fin y al cabo, Emmanuel Macron, presidente de Francia, había recibido a Lula antes de las elecciones como estadista; y un representante de los partidos socialdemócratas de Alemania, fuerza mayoritaria en el gobierno alemán en 2023, incluso había visitado a Lula en la prisión de Curitiba. Además, hubo señales claras de varios grupos bien representados en la administración de Lula y en el Congreso de que seguir adelante con el acuerdo sería positivo para el nuevo gobierno.
La prensa comercial y los think tanks financiados por los mayores beneficiarios del acuerdo, como CEBRI, desempeñaron su papel. En esto también estaba la convicción por parte de los europeos, que eran más realistas, de que, con la aceptación de Brasil, los demás gobiernos del Mercosur seguirían el ejemplo.
Para los europeos, era importante avanzar en 2023, porque las elecciones al Parlamento Europeo están previstas para junio de 2024. No sería conveniente que hubiera confusión en torno al acuerdo durante la campaña electoral, por pequeño que sea el tema en la agenda general en juego en estas elecciones. Y después de las elecciones podría complicarse aún más, porque habrá una nueva composición de la Comisión Europea, es decir, un posible cambio de negociadores. La segunda mitad de 2023 también parecía prometedora, con Brasil del lado del Mercosur y España del lado de la UE en la presidencia pro tempore.
Hasta aquí todo bien, todo según el guion previsto, donde cada uno defiende su posición y/o sus intereses. ¿Pero qué decir del gobierno de Lula? ¿Cuál es la posición del gobierno de Lula y de sus miembros respecto del texto negociado a mediados de 2019 por sus opositores políticos? Aquí la cuestión se vuelve un poco más compleja.
El propio Celso Amorim, principal formulador de la política exterior del actual gobierno, había criticado duramente en varias ocasiones públicas el acuerdo e incluso lo había calificado, correctamente, de neocolonial. Hay dos precedentes claros. La primera es la posición de Lula y Celso Amorim en relación al Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), al señalar la fuerte asimetría entre las partes, el riesgo para la base industrial y la limitación de la soberanía económica, se hizo una oposición pública. Todos sabían cuál era la posición del gobierno, estuvieran de acuerdo o no.
El segundo precedente fue la ronda de negociación del propio Acuerdo Mercosur-Unión Europea, que comenzó durante el segundo gobierno de FHC y cayó en manos de Lula en su primer mandato. En 2004 se estuvo muy cerca de concretar un acuerdo.
Sin embargo, había una noción clara de que el acuerdo por sí solo no garantizaría el crecimiento y tendería a ir en contra del esfuerzo anunciado por el gobierno de Lula para reanudar el proceso de industrialización. Al final, el programa de gobierno que lo había elegido en 2003 preveía exactamente un esfuerzo por recuperar el rol de la industria brasileña, utilizando mecanismos como el contenido local, las compras gubernamentales y el crédito de las instituciones públicas.
En 2004, la voluntad política era clara: cerrar un acuerdo que contribuyera al esfuerzo de recuperación manufacturera en Brasil y también en Argentina. Por lo tanto, se rechazaron las propuestas de la Unión Europea de incluir temas como las compras gubernamentales. En segundo lugar, con respecto a las ofertas de aranceles y cuotas, la UE quería mucha apertura para su manufactura y poca para las exportaciones agrícolas del Mercosur, sin mencionar, por supuesto, los subsidios. Una gran diferencia con la situación de 2023 es que, en ese momento, una parte importante del propio empresariado brasileño no estaba interesada en cerrar el acuerdo en esos términos. Lo mismo pasaba con las negociaciones con el ALCA.
El texto que caería en manos de Lula en 2023 era público y conocido desde hacía tres años y medio. Obviamente, no sería un tema de gran importancia en la campaña electoral de 2022, pero sí lo fue para los gobiernos liberales de Temer y de Bolsonaro.
La ambigüedad comenzó en las mismas Directrices para el gobierno Lula/Alckmin, en las que se afirma correctamente que es necesario aumentar la competitividad, pero al enumerar algunos instrumentos mencionaba "ampliar los acuerdos comerciales internacionales relevantes". ¿Algún acuerdo comercial "relevante" aumentaría la competitividad de la economía brasileña? ¿Y qué se consideraría "relevante"?
Aunque no detalla el acuerdo tratado aquí, era el más importante de la agenda. Parece que este punto fue incluido en las Directrices del gobierno Lula/Alckmin a petición de uno de los partidos más pequeños de la coalición. Lo importante aquí es que no hubo una declaración clara de que fuera necesario renegociar el Acuerdo Unión Europea-Mercosur.
Razones no faltaban: el texto de 2019 rima muy bien con la visión ultraliberal de Paulo Guedes, pero no con los lineamientos del gobierno de Lula cuando hablan de una nueva industrialización sobre una base ecológica y digital. Tampoco hay registros de intentos de comenzar a discutir informalmente con interlocutores privilegiados del lado europeo algunas cláusulas clave que deberían sufrir cambios para que el acuerdo avance bajo la gestión de Lula.
Sí, hubo claras señales positivas del vicepresidente brasileño y otros funcionarios gubernamentales más cercanos a los intereses cubiertos por el acuerdo. Gerardo Alckmin expresó que el acuerdo aumentaría la competitividad de la industria brasileña porque permitiría importar bienes de capital más modernos y sin aranceles. Esta idea probablemente fue (y es) compartida por los negociadores del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero lo que Lula iba a hacer con el acuerdo seguía siendo un misterio.
Había un claro dilema. El acuerdo tal como se presenta es anacrónico. En cierto modo, Macron acertó con esta calificación. Se trata de un acuerdo que, en el fondo, defiende la idea de que la liberalización del comercio por sí misma genera condiciones de "win-win" para todas las partes involucradas, independientemente de las asimetrías que existan entre ellas. Además, esta era la visión predominante en los años noventa. Hoy la propia Unión Europea y Estados Unidos han redescubierto, como ya se señaló, la importancia de políticas gubernamentales activas para estimular y fortalecer las capacidades tecnológico-industriales endógenas.
Por otro lado, sería poco realista imaginar que se pueda empezar de cero para elaborar un acuerdo que pueda afrontar los desafíos de los países del Mercosur para retomar su camino para salir de una condición periférica en un mundo que necesita responder a la crisis climática y en las que se intensifica la competencia por el control de las tecnologías de la cuarta revolución industrial.
Así que el dilema era: enterrar este acuerdo y lanzarse a intensificar las alianzas bilaterales con los principales socios que no implican la Tarifa Exterior Común, incluida la propia Comisión Europea. O identificar algunos cambios sencillos, pero emblemáticos para que se pueda sugerir que el acuerdo sería más aceptable para el gobierno de Lula. Al parecer, al final, el gobierno brasileño quiso demostrar que ése era el camino a seguir. De hecho, es razonable argumentar que Brasil, y Mercosur en general, están interesados en fortalecer sus relaciones con Europa para ganar más influencia y autonomía en relación con Estados Unidos y China.
Pero no está tan evidente. La pregunta sigue siendo por qué no se iniciaron los preparativos para esta negociación desde el principio, dejando claros exactamente los puntos a renegociar. Sin duda, para los europeos, una renegociación estaba fuera de discusión.
Todavía a principios de junio de 2023, Valdis Dombrovskis, responsable de las negociaciones de la Comisión Europea, insistió en que no sería apropiado reabrir las negociaciones, considerando que son el resultado de un proceso de veinte años en el que participan muchos países. Esto fue en vísperas de la presidencia pro tempore de Brasil en Mercosur y la de España en la Unión Europea.
Lula optó al final por explicitar dos críticas. La primera, más dura e insistente sobre la mencionada "carta adjunta", que consideró, con razón, una aberración porque, todo indica, le haría firmar un documento en el que contradice normas que están en la Constitución y en la legislación ordinaria brasileña o en tratados de los cuales Brasil es parte.
Es importante tener en cuenta que el contenido de la carta nunca se hizo público. Pero, como se ha explicado, no tiene vinculación jurídica alguna con el acuerdo, sino solo un carácter declarativo o interpretativo. Por lo tanto, centrarse en esta crítica parecía una forma de posponer el proceso sin atacar el problema central: el contenido real del acuerdo.
En este sentido, Lula centró sus críticas en las cláusulas sobre las compras gubernamentales, que tal como figuran en el acuerdo dificultarían el uso de ese instrumento con el propósito de estimular las políticas de industrialización, empleo y tecnología. Pero hay muchas otras cuestiones que podrían generar dudas sobre el acuerdo. Por ejemplo, en el caso del sector automovilístico, siempre tan relevante para el presidente Lula.
Este sector, incluido el segmento de las autopartes, es de gran interés para Europa, en particular para Alemania, y extremadamente sensible en Brasil y Argentina. El arancel del 35% aplicado a la importación de automóviles europeos se reduciría al 17,5% dentro de diez años, con una cuota temporal de 50.000 automóviles para el Mercosur en los primeros siete años, 32 mil de los cuales se destinarían a Brasil. Los fabricantes de automóviles tienden a utilizar esta cuota para exportar coches de lujo (por ejemplo, Audi o BMW).
En 15 años, la tasa caerá a cero. No se menciona transferencia de tecnología, obligaciones de inversión en el país. En autopartes, la reducción de los aranceles de importación debe darse en tres momentos diferentes, según el rubro: 10 años, 12 años y 15 años.
La transición en 15 años parece suave y modesta. Pero, ¿qué significa? El sector automovilístico atraviesa una etapa de reestructuración brutal con el avance de los coches eléctricos. Esto requiere inversiones y nuevas tecnologías, tanto de producto como de proceso. La propia producción y distribución está empezando a verse drásticamente impactada por la industria 4.0. En los próximos 15 años, cuando el sector experimente estos cambios drásticos, el Mercosur abrirá su mercado sin cuotas y sin aranceles. ¿Qué se seguirá produciendo aquí?
Según la lógica del mercado, y será la única que quedará, serán las piezas y componentes de menor valor agregado, quizá el montaje final, como mucho. Sí, la modernidad llegará, pero en forma de consumo para algunos y no como capacidad tecnológica endógena. La industria europea también podrá diseñar sus normas medioambientales y de seguridad.
Vale recordar que el mercado de automóviles en Brasil, durante varios años y hasta 2015, fue el cuarto mayor del mundo, solo detrás de China, Estados Unidos y Japón. En 2014 todavía se vendían más coches en Brasil que en Alemania. Wellington Damasceno, director del Sindicato Metalúrgico del ABC, hizo un perspicaz comentario al respecto: "En el caso de la Unión Europea y el Mercosur, la mayoría de las empresas matrices que operan en el continente sudamericano son de origen europeo. La tendencia es que estas empresas concentren la producción en sus países de origen, tomen producción de América del Sur y aumenten sus exportaciones aquí respectivamente".
Hay otras cuestiones que podrían plantearse, pero lo cierto es que no sucedió así. También es un hecho que hubo desacuerdos que no fueron declarados públicamente dentro del gobierno respecto al acuerdo, como ya se explicó. El embajador responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores, Mauricio Lyrio, afirmó a finales de noviembre que "hemos avanzado mucho" y que solo hay "un pequeño conjunto de diferencias que tenemos que corregir".
Desde el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil hubo declaraciones de que la decisión política de cerrar el acuerdo se había tomado al inicio del mandato y que los obstáculos serían técnicos y limitados. Lo que no está claro es la opinión y la estrategia del núcleo duro del gobierno y del propio Lula: ¿patear para adelante hasta que se vuelva inviable? ¿Culpar a la intransigencia de los europeos con la carta adjunta? Al mismo tiempo, tal vez se perciba que Europa también se encontraba en otra etapa y que la oposición al acuerdo sería fuerte.
Esto puede explicar la respuesta de Macron en una conferencia de prensa en la etapa final de la revisión ("Estoy en contra"), seguida de una declaración de Lula unos días después de que el nuevo texto era "más equilibrado, pero aún insuficiente" y que "Si no hay acuerdo, paciencia". Casi parecía un partido arreglado. Hasta pocos días antes, Celso Amorim había resumido con precisión el acuerdo: "Ofrece poco y exige mucho", afirmando incluso que, a pesar de los avances, todavía presentaba "graves deficiencias".
En cualquier caso, esto confirmaba una vez más que hubo una renegociación del texto de 2019 que no se limitó a la carta adjunta, pese a la clara indicación de los europeos de que esto no sería conveniente para asegurar el avance del acuerdo. No quedó muy claro en qué momento la Comisión Europea aceptó renegociar parte del texto y no hubo manifestaciones públicas sobre cuáles eran las cláusulas. Quizás la percepción de que Lula no iba a seguir adelante con el acuerdo sin ajustes generó una apertura de último momento. Hasta que se alcance un nuevo texto final, las negociaciones se llevan a cabo en secreto.
Al parecer se intentó negociar la exclusión de algunos sectores sensibles de las restricciones impuestas por el acuerdo, particularmente en el área de la salud y de las tecnologías verdes.
La Comisión Europea dice que defiende una diplomacia pública y transparente. Fue ella quien hizo público por primera vez, en 2019, el texto negociado completo, antes de que lo hiciera el Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, para esta supuesta nueva ronda de negociaciones, no hay registros.
La última ronda oficial de negociaciones registrada fue en abril de 2019 y el último registro de un diálogo con la sociedad civil sobre acuerdos de libre comercio en América Latina fue en diciembre de 2022. La única referencia a esta nueva ronda de negociaciones que debió comenzar durante la presidencia pro tempore de Brasil en el Mercosur, que encontramos en el sitio web de la Comisión Europea, es un comunicado reproducido también en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores el 7 de diciembre, justo el día en que quedó claro que no se desbloquearía el acuerdo.
El texto dice que "la UE y el Mercosur están participando en discusiones constructivas con miras a ultimar las cuestiones pendientes en el marco del Acuerdo de Asociación. En los últimos meses se han logrado avances considerables". Por lo tanto, ninguna de las partes quiso revelar qué se revisó exactamente, pero la impresión es que ambas partes acordaron enviar un mensaje positivo: estamos avanzando y el texto está mejorando. Seguiremos curiosos: ¿mejorar en qué? ¿Para quién? ¿A qué se debe este excesivo secretismo? De todas formas, se anunció que se espera que la renegociación concluya en febrero, con el presidente de Paraguay, Santiago Peña, en la presidencia pro tempore del Mercosur. ¿Será cierto?
En la Cumbre Social del Mercosur, celebrada en vísperas de la Cumbre Presidencial, no hubo dudas sobre la naturaleza del acuerdo ni motivos para confundir con el lenguaje. La declaración final señala que la implementación del acuerdo "significaría la profundización del modelo capitalista, extractivista, colonialista, patriarcal, racista, fortaleciendo a las elites más retrógradas y violentas de nuestra región, amenazando el medio ambiente y la sociobiodiversidad y poniendo en riesgo la soberanía de nuestros pueblos y territorios".
Para complicar más las cosas, en medio de la confirmación del desacuerdo también se produjo la elección de Javier Milei como presidente de Argentina.
Aunque expresó su disgusto con el Mercosur durante la campaña electoral, no tardó en expresar, a través de Diana Modino, actual ministra de Asuntos Exteriores, interés en el acuerdo. Esto no debería sorprender: los sectores del macrismo que estuvieron al frente de las negociaciones, en 2019, se acercaron a Milei y su agenda coincide con la visión neoliberal del Acuerdo.
Es difícil analizar cuál será el destino del texto tan cuidadosamente negociado por los neoliberales en los gobiernos de Macri, Temer y Bolsonaro y supuestamente mejorado, pero no lo suficiente, en el gobierno de Lula. El hecho es que hay un gran espacio para cualificar y ampliar las relaciones con socios europeos en torno a una agenda de interés para el gobierno de Lula y que no necesariamente requieren que se firme este acuerdo.
Un ejemplo fue la visita de Lula a Berlín, a principios de diciembre, exactamente en el mismo período en el que quedó claro que el acuerdo quedaría estancado un poco más de tiempo, sin saber si su fecha de vencimiento se retrasaría una vez más. En esa visita, Lula firmó varios acuerdos con el gobierno alemán con énfasis en la cuestión energética, la transición ambiental y la cooperación tecnológica.
Un tema que se ha discutido mucho últimamente es el potencial de Brasil para atraer un nuevo ciclo de inversiones de empresas internacionales que buscan ubicaciones geográficas con disponibilidad de energía verde, barata, segura y abundante, fenómeno conocido como powershoring. Este es otro ejemplo de estrategia que implica otro tipo de acuerdos. En el fondo, lo que Brasil echa en falta es una política integral con iniciativas audaces y normas claras para avanzar en la prometida nueva política industrial, cuyas líneas generales fueron anunciadas a mediados del año pasado. Es urgente incentivar las inversiones productivas y avanzar en la generación de capacidad industrial-tecnológica endógena. Al final, es esta estrategia la que debería indicar los parámetros de las negociaciones con los socios y no al revés.
*Giorgio Romano Schutte, profesor de Relaciones Internacionales y Economía de la Universidad Federal del ABC y miembro del Observatorio de Política Exterior e Inserción Internacional de Brasil.
**Este es un artículo de opinión y no expresa necesariamente la línea editorial del diario Brasil de Fato.
Edição: Rodrigo Durão Coelho
