De nuevo la derecha en el poder en América del Sur. No es una nueva derecha, aunque sea así como intentan venderse electoralmente. Es la misma que ha aplicado las clásicas recetas económicas neoliberales de los 80 y 90, y ahora emerge nuevamente el en escenario para reforzarlas.
El libreto resulta conocido: alza de las tarifas de los servicios básicos, recortes draconianos a los presupuestos sociales, privatizaciones a precios irrisorios, venta de activos, desregulación de los mercados financieros, privilegio al pago de deuda – con las bien sabidas consecuencias para las personas más pobres y vulnerables –, todas ellas medidas que forman parte integral del modelo.
Brasil volvió al Mapa del Hambre – tras haber salido de él en 2014 – y pese la brutal desregulación del trabajo y el congelamiento del gasto social que ha hecho el Gobierno de Michel Temer, por cuarto año consecutivo, no se ha logrado el objetivo de que la economía crezca o de signos de real recuperación. En Argentina, con incrementos de hasta 375% en tarifas de los servicios básicos e inflación de 25%, hay un millón y medio más de personas pobres.
La derecha "recargada" ha vuelto también a los lugares comunes y a las recetas de viejo cuño respecto a la política. La combinación de judicialización y la sobre-mediatización de la política organizadas en torno a la corrupción como eje central.
Esto es: los jueces investigan y sancionan algunos casos reales de corrupción, pero siempre de manera selectiva y dirigida; mientras en los medios de comunicación y nuevas plataformas comunicativas – redes sociales – se desarrolla una estrategia de sobreexposición de los casos, en donde opinólogos y periodistas – brazos ideológicos del nuevo bloque en el poder – se convierten en co-jueces de los casos: filtran información sujeta a secreto judicial, visibilizan a conveniencia unas corrupciones mientras minimizan o esconden otras, linchan mediáticamente a los señalados por los nuevos adalides de la justicia, provenientes, por supuesto, de la derecha en el poder.
A ellos se suma una buena parte de la ciudadanía en la figura un enjambre de modernos torquemadas [Torquemada era uno de los principales líderes de la inquisición] que pueblan las redes sociales dictando sentencias en una suerte de escenario inquisitorial digital.
Esta estrategia resulta exitosa, sobre todo porque permite que los problemas de fondo se mantengan intactos. Nadie en su sano juicio puede oponerse al combate a la corrupción, pero las dudas sobre los alcances de esta batalla emergen por lo evidente de sus limitadas miras.
De hecho, se ha investigado, encarcelado y hasta sentenciado, según el caso, a empresarios y políticos. Muy bien. Pero la pregunta que queda en pie ¿qué pasa con los bancos e instituciones financieras, por dónde pasa el dinero? ¿Qué pasa con los funcionarios bancarios que los gestionan? – o nos vamos a imaginar que todo se transportó en maletas y helicópteros?
Sin duda, esta trama permanece oculta y bajo las leyes vigentes, en muchos casos sin siquiera posibilidad alguna de sanción. Tampoco la ciudadanía ni la opinión pública levantan la voz respecto a este asunto en general.
¿Se puede lanzar la hipótesis de que estas dos estrategias de gestión política: judicialización selectiva y aprovechamiento hasta el paroxismo de la mediatización han servido de ejemplo al régimen actual en Ecuador?
Lo del presidente Lenín Moreno puede leerse como una estrategia muy afinada – aunque riesgosa – para separarse de la figura de su antecesor Rafael Correa, intentando, a la par, construir su propio capital político operando sobre la tradicional base política clientelar del Ecuador, cuya gestión pasó de Abdalá Bucaram [presidente populista entre 1996 y 1997], a Sociedad Patriótica [partido de derecha, de tipo populista que surgió trás un golpe de Estado] y de allí – sin grandes rupturas – a Correa y Alianza PAIS (AP).
Lo novedoso es que, en esta ampliación de su base política, Moreno intenta apelar también a nuevos segmentos sociales: los votantes del banquero, las clases medias nucleadas alrededor de la lucha contra la corrupción y, en las alturas, un nuevo pacto con las élites velado en la imagen de un diálogo social más amplio.
En su despliegue estratégico, Moreno cuenta con las previsibles y viscerales reacciones del ex presidente y de su base más radical, frente a cualquier supuesta "desviación" y "traición" a su gobierno. De cara a los procesos iniciados por corrupción contra funcionarios del anterior gobierno, cuenta con el consenso y amplio apoyo mediático, así como con el hartazgo ciudadano sobre este último punto.
Se decía, en la primera versión de este artículo, que queda por ver si en una escalada mayor de las tensiones y desacuerdos, la separación Correa–Moreno deviene en divorcio y que parte del Movimiento Alianza PAIS (Patria Altiva i Soberana) podría llevarse cada uno. La noche de este martes, 31 de octubre, la Dirección Nacional de Alianza PAIS destituyó a Lenín Moreno como presidente de la organización. La resolución justifica la decisión por inasistencia reiterada a reuniones, y faltas graves relacionadas con la "realización de acciones políticas que objetivamente beneficien a personas o grupos opositores a la Revolución Ciudadana; manifestar públicamente criterios divergentes en menoscabo de los principios y decisiones del movimiento y realizar actividades que atenten a la unidad orgánica del movimiento".
Al mismo tiempo, la Dirección Nacional nombró como nuevo presidente de la organización a Ricardo Patiño, quien había sido su Secretario Ejecutivo entre 2006 y 2010. Figura muy cercana a Correa, ocupó puestos clave durante los 10 años de su gobierno: fue Canciller y ministro de las carteras de Economía, Defensa y Política. Ejerció como asesor de alto nivel de Moreno por apenas dos meses, julio y agosto del presente año. Renunció al cargo por desavenencias con el mandatario.
Inmediatamente el Buró Político del Alianza PAIS, encabezado por la vicepresidenta encargada María Alejandra Vicuña y el presidente de la Asamblea Nacional José Serrano, y que cuenta con la participación de varios ministros, desconoció la decisión tomada por la Dirección Nacional, indicando que solamente la Convención Nacional puede tomar una medida como esta. Señalaron además errores procedimentales en la resolución, pues luego de tomar la medida de destituir a Moreno, se envía el caso para análisis y sanción por parte de la Comisión Nacional de Ética y Disciplina. La directiva del partido en Guayas, la mayor provincia, dio dos ruedas de prensa mostrando que está dividida entre los que apoyan a Correa y a Moreno. El miércoles (1 de noviembre) un Juez de Garantías Penales de Quito declaró nula la decisión de la directiva nacional del partido.
Si la bancada del partido en la Asamblea Nacional también se divide, el presidente va a tener un escenario complejo de gobernabilidad pues perdería la mayoría simple (74 de 137 escaños) que tiene actualmente Alianza PAIS en la Asamblea que lo forzaría a pactar con partidos de derecha.
Mientras la trama mediática de la corrupción, el diálogo, la consulta y la potencial división del partido acontece a la luz del ojo público, otros temas no menores – de hecho, bastante sustanciales – permanecen en la sombra. Los omnipresentes pactos con las élites son, por decirlo de alguna manera, camuflados entre una multitud de pequeños acuerdos para repartir parcelas minúsculas de poder a diversos actores, movimientos sociales, organizaciones populares, grupos de presión, todos amparados bajo el paraguas del diálogo.
Por otra parte: ¿viene o no viene el FMI? Dependía del día y del humor del funcionario parecía. A final vino, pero casi nada fue dicho sobre los resultados de la misión.
¿La economía del país es pésima, estaba más o menos, es un completo desastre o no ha estado tan mal? ¿En qué quedamos? La mayor opacidad posible, no solo del mensaje sino de la gestión de lo público parece ser una de las marcas del actual gobierno.
La consulta, en este momento en análisis por parte de la Corte Constitucional, sigue un esquema parecido. Preguntas de trámite, algunas claras, otras oscuras – un par incluso que no requerían consulta – todas jugando empáticamente con la idea de que la gente decide y participa, mientras, al mismo tiempo y tras bastidores, le resuelven, evidentemente, ciertos dilemas políticos vitales al actual presidente.
Si gana el SÍ en todas las preguntas, Moreno tendrá ciertamente un mejor escenario para gobernar, si pierde en alguna (por ejemplo, la de la plusvalía, nitidamente parte del pacto con las élites económicas) no será realmente una pérdida para él, pues podrá decir a sus nuevos aliados: lo intenté, pero el pueblo no quiere.
Solo dos preguntas son esenciales: la prohibición de reelección – en stricto sensu: postulación – indefinida que está claramente dirigida a eliminar la posibilidad de que Correa se postule nuevamente a la Presidencia y en ese sentido es parte de la operación de posicionamiento político de Moreno frente a un antecesor tan poderoso como Correa, y la pregunta que pretende reformar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS).
Esta pregunta, de ganar el sí, permitiría nombrar integrantes interinos del CPCCS que fiscalicen a las autoridades de control (Fiscal General del Estado, Contralor General del Estado, Defensor Público, Procurador General del Estado) nombradas por los anteriores integrantes.
Ahora, sin hacer una reforma de las funciones del órgano o de toda la Función de Transparencia y Control Social, es una pregunta que envuelve básicamente un movimiento político que le dará un margen de maniobra vital con el que no contaría de otra manera. Sin embargo, ¿resuelve el problema de fondo de un diseño institucional de esa función que no logró funcionar como debía? Tiendo a pensar que no.
Aunque no gane en todas las preguntas, la consulta en sí, le asegura un mecanismo político que apuntala su capacidad de gestión política y le significa una victoria en términos de consolidar su espacio en el marco del cambio de gobierno, como lo muestran sus altísimos niveles de aprobación. Desde su contendor político en las últimas elecciones, el banquero Guillermo Lasso [quién disputó la segunda vuelta con Moreno], pasando por los más famosos cuadros de la vieja partidocracia, hasta los nichos de opinión de sus votantes, la consulta cuenta con un amplio respaldo electoral y político.
La estrategia de crear un marco de amplio diálogo, consultas, y participación ha sido un hábil movimiento de distracción para que todos los actores se sienten discutir en ese marco. ¿Quién construyó el marco? y a que intereses responden, es parte de la opacidad que intentamos aún dilucidar.
Por su parte, la política económica no acaba de develarse aunque, por ejemplo, la medida de permitir la participación de la banca privada en la gestión del dinero electrónico (ante el fracaso del Banco Central del Ecuador en administrarla y promoverla eficientemente, es cierto), o los retrocesos en política impositiva anunciados, marca un panorama de derechización mayor de la que venía aconteciendo con el régimen anterior e instaura un riesgo importante para las arcas públicas, tanto en el tema del dinero electrónico como en el tema de la reestructuración impositiva.
Los siguientes pasos de la política económica son los que acabaran de dar sentido a la consulta y a la estrategia política en general. Por lo pronto demuestra que, como en el resto del continente, el combate selectivo a la corrupción en el escenario de mediatización imperante rinde buenos resultados políticos. En el caso particular, al parecer para consolidar a un gobierno supuestamente progresista. Si lo es realmente, o que tanto lo es, está por verse. Una de las hipótesis es un paquetazo de corte neoliberal luego de ganar la consulta.
Para denotarlo, no debemos observar solamente el nivel de inversión social y si se dan procesos de distribución y redistribución de ingresos, sino sobre todo ¿cuál y de qué tamaño es la parcela que entregará a la burguesía? Esto dirá mucho del "alma" del actual gobierno. Mientras tanto seguiremos intentando desentrañar discursos – cada vez con mayor opacidad – de los líderes políticos.
Edición: Vivian Fernandes
