Derechos y paz

Colombia: Tras doce días de Paro se abre negociación entre gobierno y comunidades

Más de 100 mil personas mantienen 80 puntos de movilización en 22 departamentos, convocados por la Cumbre Agraria

Bogotá (Colombia) |
Indígenas paran carretera en el Chocó, departamento del pacífico Colombiano
Indígenas paran carretera en el Chocó, departamento del pacífico Colombiano - Marcelo Aguilar

Minga significa trabajo colectivo. Movilización pacífica y armónica. Y esto es lo que se han propuesto más de 100 mil personas a lo largo y ancho de Colombia, desde el último día 30 de mayo. A través de campamentos, cortes de ruta, marchas, cacerolazos y actividades culturales en el campo y la ciudad se paran duro – como señalan en el slogan – contra el modelo neoliberal del presidente Juan Manuel Santos, y le exigen que cumpla con lo pactado en los últimos años.

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Convocado por la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular – espacio de articulación que surgió después del Paro de 2013 –, se mantienen 80 puntos de movilización en 22 departamentos colombianos en el Paro Nacional. Luego de la negativa del gobierno a negociar, en la madrugada del viernes (10) se confirmó la instalación de una mesa de negociación a nivel nacional.

Los antecedentes de esta movilización remontan el año 2013, luego de un paro nacional de similares características, los movimientos populares lograron una mesa de diálogo nacional con el gobierno, que desembocó, en mayo de 2014, en la firma de ciertos acuerdos y compromisos. Los mismos fueron refrendados en junio de 2015, y hasta el momento los avances en el cumplimiento son casi nulos.

De los siete grandes ejes (ver recuadro), se decidió abordar cuatro: Economía propia contra el despojo; Minería, energía y ruralidad; Cultivos de coca, marihuana y amapola; y Tierras y Territorios.

La Cumbre Agraria afirma, en nota pública sobre los acuerdos, que se han abordado verdaderamente tres durante estos dos años, y agrega que “si bien el Gobierno ha tomado algunas determinaciones y asignado algunos recursos, el cumplimiento de los acuerdos ha sido verdaderamente ínfimo y la voluntad política ha ido desapareciendo, al punto de desgastar los espacios de interlocución, dilatar los acuerdos y tomar determinaciones que violan los acuerdos firmados, así como perseguir, estigmatizar y judicializar a los líderes sociales de la Cumbre Agraria”.

No nos va a temblar la mano”

“¿Pero qué es lo que tiran? ¿Matan?”, preguntaban los guardias indígenas en el Chocó, departamento del pacífico colombiano. Se referían al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la más violenta fuerza represiva del Estado, según los movimientos. Nunca lo habían visto, hasta que recibieron sus balas y se ahogaron en su gas lacrimógeno. Y sí. Matan. Y apuntan a la cabeza.

Como en el Valle del Cauca, departamento de la región occidente del país, donde se registran tres muertes de indígenas que participaban de la Minga, a manos de armas no convencionales – modificadas para que sean más agresivas – empuñadas por el Esmad. Pero en la mayoría de los casos, el escuadrón no reprime solo, sino que lo hace acompañado del Ejército y la policía convencional. En varias regiones se tienen registros de encapuchados con armas largas atacando a los manifestantes.

Mientras se negocia la paz y la solución al conflicto armado en Colombia, el tratamiento del gobierno a la protesta campesina, étnica y popular ha sido de guerra, como se puede ver por los números. Hasta el momento, hay 172 detenidos, 104 judicializados y 205 heridos. Y el gobierno amenaza con incrementar la represión.

Generalmente, los policías han comenzado sus sorpresivos ataques en la madrugada, aprovechando el resguardo de la noche, mientras las familias descansaban en sus campamentos. La oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, mediante una nota publicada en su página web, lamentó la muerte de los tres indígenas y exigió que los hechos sean esclarecidos. Al mismo tiempo, él órgano de la ONU instó a tomar medidas para que situaciones como ésta no se repitan y expresó su “honda preocupación” por los heridos, la judicialización masiva de personas y la estigmatización de los participantes en la protestas.

El presidente Santos dijo, en declaraciones a la prensa: “No nos va a temblar la mano para proteger los derechos de los otros colombianos”, en referencia al despeje de las vías. El gobierno venía dilatado las conversaciones y no se había mostrado dispuesto a negociar, al tiempo que afirmaba estar avanzando en los acuerdos firmados. La contradicción llegó al punto de anunciar en boca de los ministros del Interior y Agricultura que se había alcanzado un acuerdo para iniciar negociaciones y despejar la carretera Panamericana – la más importante vía da transporte de mercancías y que cruza el continente –, cuando ese acuerdo no existía.

Hasta el momento había buscado negociar regionalmente y alcanzar acuerdos puntuales. A través de esta práctica intentó fragmentar la movilización y avanzar en los puntos que considera neurálgico despejar. Sin embargo, Edgar Mojica, vocero del Congreso de los Pueblos, en declaraciones a Alba Movimientos, expresó: “El criterio es salimos juntos, nos vamos juntos”. Y agregó: “La movilización es una, con dinámicas propias de acuerdo a los acumulados que se tengan en las regiones, pero con un claro carácter nacional”.

En la madrugada de este viernes (10), luego de una reunión entre representantes de la Cumbre Agraria y el gobierno nacional, se llegó a un acuerdo para montar la mesa de negociación nacional, principal reclamo y condición de la Cumbre durante la Minga. Este espacio de negociación comienza a trabajar en estos momentos. Así, se desbloquean las vías durante 36 horas, pero las comunidades se declaran en Asamblea permanente y, pasado ese plazo, decidirán si levantan o vuelven a cortar las rutas.

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¿Qué implica cada eje y qué tanto se avanzó?

1. Tierras, Territorios Colectivos y Ordenamiento Territorial: Implica una Reforma Agraria Integral; reconocimiento de las figuras de reordenamiento territorial de especial protección para los pueblos, comunidades étnicas y el campesinado; reconocimiento del campesino como sujeto de derechos y participación social.

Situación: En materia de tierras, de los proyectos que fueron entregados por el Ministerio de Agricultura para la adquisición de tierras, no ha sido gestionado ninguno. El gobierno liquidó el instituto que regularía este proceso, en lo que tiene que ver con las aspiraciones de reglamentación y dinamización de las Zonas de Reserva campesina, tampoco hay avances.

2. Minero-Energético, Ruralidad y Agua: Busca la generación de una nueva política minero-energética; y, entre otras cosas, la eliminación de la declaratoria de la minería como de utilidad pública e interés nacional, la prohibición de concesiones minero-energéticas en territorios de especial protección y en territorios colectivos indígenas, campesinos y afro, la exigencia de licencias sociales para la exploración minero-energética y prohibición del fracking.

Situación: Desde la cumbre afirman que el diálogo está interrumpido y el gobierno no ha contemplado las demandas del movimiento social.

3. Economía propia frente al despojo: Busca garantizar la recuperación, reproducción y libre distribución de semillas nativas y su prevalencia frente a otro tipo de semillas; crear un sistema nacional de reconversión productiva hacia la agroecología, reconociendo e incluyendo y las experiencias adelantadas por las comunidades. Reconocimiento y protección legal de las economías propias de los pueblos indígenas y comunidades campesinas y afrocolombianas.

Situación: Según expresa la Cumbre Agraria, el gobierno ha venido tomando medidas en el sentido contrario, fortaleciendo el modelo de concentración de la tierra y el agronegocio.

4. Derechos humanos y paz: En el documento, la Cumbre respalda y exige paz, pero con justicia social. No solamente un silenciamiento de los fusiles sino la construcción de otro modelo de país en democracia, con garantías programas sociales, redistribución de las riquezas, reconocimiento y tratamiento a las víctimas, protección individual y colectiva. Desmonte del Esmad y acabar con el paramilitarismo, entre otras.

Situación: En septiembre de 2015, la Cumbre Agraria le entregó al gobierno de Colombia un documento reportando el aumento de hechos contra sus miembros: 172 amenazas, 47 atentados, 23 ejecuciones extrajudiciales, 62 homicidios y la militarización y presencia constante de grupos paramilitares en sus territorios.

5. Comunicación y derecho a la información para la paz: El pliego oficial de demandas exige una democratización de la comunicación y la potenciación de medios alternativos y comunitarios. Exige además garantías para la participación de los pueblos indígenas y comunidades afro y campesinas en la construcción de una política pública de comunicación que reconozca a la Colombia multiétnica y multicultural.

Situación: No ha avanzado.

6. Relación campo-ciudad: En el pliego de demandas, Cumbre Agraria remarca la tradicional y la evidente relación de subordinación del campo a la ciudad y plantea la urgencia de “eliminar las falsas barreras prescindibles entre ciudad y campo, para avanzar en el afianzamiento de la alianza popular”. En este sentido exige la protección de todas las fuentes de agua del país, en especial de aquellas que abastecen del líquido a las grandes ciudades y a las zonas de producción agrícola, el desmonte de los megaproyectos que amenazan las fuentes hídricas y su pureza, garantías de regreso a los campos de las personas que viven en las ciudades a causa de los desplazamientos, ya sea por motivos de la violencia o de la construcción de megaproyectos.

Situación: No ha avanzado.

7. Acuerdos incumplidos: Este punto se refiere a los acuerdos incumplidos por el gobierno nacional, que se incluyen en todos los puntos anteriores. Además de ausencia total de respuesta del gobierno en los puntos Economía Propia y Minería-energía y ruralidad, la Cumbre puntualiza ocho incumplimientos más.

*Edición: Vivian Fernandes

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