Por 59 votos a 21, el plenario del Senado aprobó el martes (10) la relatoría del senador Antonio Anastasia (PSDB-MG) que juzga como procedente la denuncia contra la presidenta Dilma Rousseff por crimen de responsabilidad. Ahora Dilma va a juicio final por el plenario del Senado.
El resultado de la votación fue dentro del esperado por el gobierno del presidente interino Michel Temer, que esperaba llegar a los 60 votos favorables al impeachment.
En un plazo de 48 horas, la acusación y la defensa, respectivamente, tendrán que realizar sus exposiciones, junto con hasta seis testigos para cada una de las partes. Después de los testimonios, los senadores deberán decidir por la condena o absolución de Dilma. Para que el impedimento sea confirmado, es preciso el voto favorable de 54 de los 81 senadores. La expectativa es que las secciones empezarán el 25 de agosto.
Según manifestó el senador Lindbergh Farias (PT-RJ) durante la sesión, “lo que esta sucediendo aquí es un fraude. No es crimen de responsabilidad. Esto se transformó en un balcón de negocios”. Y agregó: “Cuando atacan a Lula y al PT lo hacen por un motivo, es porque ese golpe es un golpe de clase, es un golpe de las élites dominantes (…). Si los señores quieren lucha, nosotros estamos preparados”.
“El programa de Temer jamás hubiese sido electo en las urnas”
El lunes (8), Dilma Rousseff participó del "Circo de la Democracia", evento organizado por organizaciones de izquierda en el centro de Curitiba -- capital del estado sureño de Paraná. Más de 1 mil personas llenaron el espacio, entre gritos de “Fuera Temer” y “Vuelve, Dilma”. En su discurso, la presidenta caracterizó al proceso en su contra como un golpe institucional, un golpe parlamentario, con motivación política, ya que no se comprobaron los aparentes crímenes de responsabilidad por lo que esta siendo imputada.
Dilma afirmó que es fundamental identificar a los actores del golpe, que son, según ella: los medios monopolios, el capital especulativo y la parte más programática de la oposición a su gobierno que “fue siendo sustituida por una parte más fisiológica”. Dentro de este último sector están el interino Michel Temer y el diputado Eduardo Cunha.
En la evaluación de Dilma, el gobierno interino impone un programa que garantiza los intereses de segmentos de la élite y que jamás seria aprobado por la voluntad popular. "Quien de nosotros aprobaría el fin del modelo de reparto de la explotación petrolífera del pre-sal? Quién de nosotros aprobaría un proyecto de ley que congela los gastos en salud y educación por 20 años? Quien aprobaría una versión de la convención de leyes laborales que flexibiliza la jornada de trabajo?”, cuestionó y condenó las actuales propuestas de tercerización, las de reducir la cobertura de asentimiento del Sistema Único de Salud, la reducción del presupuesto del programa de viviendas Mi Casa, Mi Vida y del Bolsa Familia.
Además del ataque a los derechos de los trabajadores, Dilma reforzó la intención velada de impedir las investigaciones sobre los esquemas de corrupción en Brasil, “frenando el sangrado”, como ella colocó al referirse a la escucha telefónica del ex ministro de Planeamiento del gobierno interino, Romero Jucá, donde se refería a la necesidad de apartar a Dilma para detener el proceso de investigación de la Petrobras, conocido como Operación Lava Jato.
Además, la presidenta electa también defendió, públicamente, la realización de un plebiscito que defina dos cuestiones básicas: la realización de nuevas elecciones y una reforma política. De acuerdo con ella, el número total de partidos presentes en Brasil -- 25 con representatividad en el parlamento --, no representa el número de proyectos para el país.
“Una cosa es cierta: si continuamos con ese régimen, vamos a tener más partidos en un abrir y cerrar de ojos. Toda la estructura del financiamiento de la campaña, del acceso al horario electoral de televisión y del acceso al fondo partidario lleva a la formación de nuevos partidos, a la fragmentación partidaria y la perdida de programa de los partidos”, enfatizó.
El nuevo pacto propuesto por el plebiscito precisa pasar por las bases del país; es el camino para iniciar la recuperación de Brasil, comprometida con la crisis política, defendió la presidenta. “No puede ser un pacto por encima”, afirmó. Sin esta recuperación, en la opinión de Dilma, la superación de la crisis económica seguirá atrasada. “No tenemos burbujas inmobiliarias, no tenemos empresas quebrando, porque se endeudarían de manera absurda. No tenemos crisis fiscal con queda de la recaudación. Para salir de ella, lo que no es posible es hacer lo que un segmento dice ‘que todo el mundo paga, menos yo’. Esa es la historia del pato”, afirmó en comparación con la campaña de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo, que empezó contra el aumento de los impuestos y terminó con la bandera a favor del impeachment. Toda esa discusión, según ella, pasa necesariamente, por el proceso democrático tan frágil en Brasil.
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*Traducción: María Julia Giménez
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