En debate sobre los proyectos que intentan revocar la ley que regula el registro de nuevos agrotóxicos en Brasil (Ley 7.802/1989), la cocinera argentina Paola Carosella, jurada del programa de televisión Master Chef, versión brasileña, afirma que consumidores y pequeños agricultores no deben ser los principales responsabilizados por el uso de agrotóxicos, sino el Estado brasileño, que no incentiva de forma suficiente la agricultura orgánica y familiar.
“Las leyes en Brasil son buenas, pero no son implementadas”, critica la chef. En su opinión, parte del problema en torno de los agrotóxicos es causado por la falta de informaciones al respecto de la cuestión.
“Las personas no tienen informaciones sobre orgánicos. Existe una negligencia gigantesca y una enorme desinformación. Miramos para un zapatito en la feria y ella parece ‘más inocente’ que un paquete de papa fritas, pero no lo es”, afirmó.
Carosella participó del Seminario Agrotóxicos es Riesgo, que tuvo lugar en São Paulo el viernes (12), en el Sindicato de los Ingenieros de São Paulo. El evento aconteció en el ámbito de la Comisión Especial de Fitosanitarios de la Cámara de Diputados, a pedido del diputado Nilto Tatto (SP-PT), uno de sus integrantes. El objetivo era promover el debate sobre el tema en la sociedad civil.
La comisión es responsable por tratar el Proyecto de Ley (PL) 6299/2002 y sus agregados. El principal de ellos es el PL3200, llamado de PL del Veneno, que busca derrocar la Ley de Agrotóxicos e instaurar la Ley de Defensivos Fitosanitarios.
PL3200
La propuesta del PL 3.200/2015, cuyo autor es Covattu Filho (PP-RS), de la bancada ruralista, es la de agilizar la introducción de nuevas substancias de este tipo en el país. Además, busca sustituir la expresión agrotóxico por defensivo fitosanitario.
El objetivo también es retirar de la Anvisa (Agencia de Vigilancia Sanitaria), del Ibama (Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales) y del Ministerio de Agricultura la competencia para evaluar y registrar nuevos agrotóxicos, creando el Consejo Técnico Nacional de Fitosanitarios (CTNFito), que sería el responsable único por el proceso.
El plazo máximo que el nuevo órgano tiene par decidir sobre la entrada de nuevos venenos sería de 180 días.
Riesgo
Para Tatto, el modelo representaría la retirada del control del Estado brasileño sobre el tema. Él evalua que el proyecto pretende “facilitar el registro de agrotóxicos, retira órganos de salud y medio ambiente del control y establecer un modelo para estatal, privado, de registro”, en el cual “el mercado regula el uso de veneno”.
El PL sería contradictorio con la recomendación de la Organización de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de aumentar las restricciones en relación al uso de agrotóxicos, ya que su uso presenta “riesgos para la salud humana y otras formas de vida”. Además, apuntó para el hecho de que Brasil ya es campeón en el uso de esas substancias.
Leonardo Melgarejo, integrante de la Asociación Brasileña de Agroecología y ex miembro de la Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CTNBio), recordó que entre el 2007 y el 2014, hubo 25 mil registros de intoxicaciones por causa del uso de esas substancias.
“Teniendo en cuenta estimativas de sub notificación, para cada caso registrado, hay 50 no registrados. Eso significa 1,25 millones de personas intoxicadas [en ese período]”, dice Melgarejo.
Daniel Gaio, secretario nacional de Medio Ambiente de la Central Única de los Trabajadores (CUT), concuerda: “Un estudio de la OIT apunta que, por año, mas de 7 millones de trabajadores en países desarrollados se intoxican, en la industria química o en la producción agrícola. Eso sabiendo que muchos agricultores, cuando consiguen tener acceso a un hospital, no son clasificados como víctimas de agrotóxicos”.
“Una de las mayores falacias es que existen estudios que apuntan la posibilidad de uso seguro de agrotóxicos. No hay dosis mínima segura para un producto que se combina con otros dentro del organismo humano”, complementa Melgarejo.
Fitosanitarios
El representante de la CTNBio también critica el cambio de denominación para las substancias: “la alteración significa ocultar, que es un verdadero crimen contra los consumidores”.
Tal opinión fue compartida por Ana Paula Bortoletto, nutricionista e investigadora del Instituto Brasileño de Defensa al Consumidor (Idec). “A nuestro entender, [la alteración de la nomenclatura] hiere el derecho del consumidor a la información”, complementó.
Marcelo Novas, defensor público en el estado de São Paulo, afirma que el cambio ataca el Tratado de Rotterdam, firmado por Brasil y que utiliza el término agrotóxico. “Contraria a la lógica del sistema jurídico, que establece que la norma superior [en el caso, el tratado] orienta a las inferiores”. Para él, por cuenta de los impactos en la salud de la población, el proyecto puede ser considerado “asesino”.
Bortoletto afirmó que las ideas de concentrar el proceso de liberación de agrotóxicos en apenas un órgano sigue el modelo de los organismos genéticamente modificados, cuyo registros es discutido en el CTNBio.
“Un modelo como el de la CTNBio es problemático, ya que varios miembros presentan conflictos de interés: [el resultado es que] ningún transgénico fue frenado”, dijo.
Respuesta
Para esta nota se entró en contacto con el diputado Covatti Filho para comentar el tenor del proyecto, pero no se obtuvo retorno.
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*Traducción: María Julia Giménez
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