En vísperas de la consumación del golpe, se hace nítida la frágil farsa jurídica que la historia va a desenmascarar mucho antes de lo que imaginaban sus actores. La serenidad, firmeza y coherencia de la presidenta Dilma serán marcas que seguirán denunciando esta nueva trama que busca cerrar un período de conquistas democráticas.
Las fuerzas económicas, que patrocinaron el golpe de nuevo tipo, aceleran su agenda. Quieren, por encima de todo, cambiar el marco regulatorio del petróleo y dar continuidad a las privatizaciones del sector eléctrico. Pretenden una nueva “ofensiva neoliberal”, reduciendo derechos laborales y jubilatorios, profundizando el blindaje jurídico que nos encierra en este modelo económico, retomando la lógica de una política exterior subordinada a los intereses de Estados Unidos.
En comparación con la década de 1990, estas fuerzas enfrentarán muchas dificultades: una sociedad que ya conoce los efectos nefastos de esa política y las rechazó repetidamente en las últimas cuatro elecciones presidenciales; una memoria colectiva de las políticas sociales de los últimos trece años; y una capacidad de lucha del movimiento obrero que, aunque no ha entrado en escena en la lucha contra el golpe por no verse representado en la política en los últimos meses del gobierno de Dilma, posee una capacidad de movilización que tiene el potencial de modificar la correlación de fuerzas en esa resistencia.
Es posible prever que este escenario los llevará a cerrar aún más los espacios democráticos en la sociedad, completando la destrucción del pacto democrático firmado con la Constitución de 1988.
Una “ofensiva neoliberal”, tiene muchas dificultades de convivir con momentos de normalidad y espacios democráticos, como nos enseña Naomi Klein en su “Doctrina del shock”. Cuentan con la mayoría parlamentaria suficiente para aprobar enmiendas constitucionales y ya aceleraron suagenda de desmantelamiento social, buscando fragmentar y pulverizar la resistencia.
Si tales escenarios ya se pueden percibir en el actual momento, las fuerzas populares tendrán que esforzarse en la búsqueda de una respuesta unitaria, pero también coherente ante el golpe. Necesitamos recuperar las banderas democráticas, efectivamente amenazadas. Quienes temían que las consignas de “lucha por la Constituyente” pudieran implicar pérdidas de conquistas sociales (que ya se encuentran bajo amenaza), deben comprender que no solamente las conquistas sociales están ahora amenazadas, sino que los propios instrumentos de garantía democrática van a necesitar ser coherentemente destruidos o vaciados por las fuerzas golpistas.
Solamente una bandera política como la Constituyente puede recomponer, mediante la soberanía popular, las conquistas democráticas. En caso de que se consuma el golpe, será necesario luchar por “[elecciones] directas ya”, ya que ni las elecciones generales, previstas constitucionalmente para 2018, estarán aseguradas. Sin embargo, sin una salida política como la Constituyente, seguiremos condenados a una agenda de resistencia pasiva, determinada siempre por los golpistas.
*Ricardo Gebrim es abogado y miembro de la Dirección Nacional de Consulta Popular.
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