En 2015, 137 indígenas fueron asesinados en Brasil, una cifra semejante al del año anterior, cuando fueron registrados 138 casos. Los datos están entre los temas destacados del informe “Violencia contra los pueblos indígenas en Brasil – 2015”, divulgado por el Consejo Indigenista Misionero (Cimi), el jueves pasado , en Brasília.
Además, el informe contiene otras estadísticas alarmantes: del total de los casos ocurridos entre 2003 y 2015, el número de asesinatos de indígenas ascendió a 891, un promedio de 68 muertes al año. Se trata de una violencia multifacética: en el 2015, por ejemplo, hubo 31 intentos de homicidios, 18 casos de homicidio doloso, 12 de amenazas de muerte, 13 de racismo y discriminación étnico cultural, nueve casos de violencia sexual y ocho de abuso de poder.
El informe muestra que no solo la violencia afecta a las comunidades. El año pasado, la omisión del poder público, dejó como saldo la muerte de 599 niños y niñas menores de 5 años en todo el país, la mayoría provocada por neumonía, diarrea y gastroenteritis, consideradas enfermedades de fácil tratamiento.
Otra faceta de esa omisión se revela en el número de suicidios: fueron 87 en todo el país, 45 solamente en Mato Grosso do Sul . En este estado, que también detenta la peor posición entre los casos de asesinato (fueron registrados un total de 36), se destaca por la situación del pueblo Guarani Kaiowá.
“Nuestros niños están muriendo por falta de asistencia médica y seguimos sufriendo todos los días graves violaciones, incluyendo los casos de ataques de agrotóxicos dentro de estas áreas indígenas. El uso de esos productos está contaminando el agua que usamos para alimentarnos, entre otras cosas (…) Falta decisión política del gobierno para actuar ante esto”, dice Elson Gomes Kaiowá, lider del tekoha (“aldea” en guaraní) Kunumi Verá, localizado en el municipio de Caarapó .
Gomes también destacó la relación del agronegocio con los casos de violencia contra las comunidades. Ellos nos quieren robar todos los derechos, y eso genera conflictos y violencia. Pareciera que nuestra libertad ha sido dejada a un lado. La soja, el maíz y la caña tienen sangre del pueblo indígena”, remarcó.
Demarcaciones de tierras
La demarcación de tierras es la mayor barrera que hace parte del juego de fuerzas, y que afecta los derechos de las comunidades tradicionales. La Constitución Federal determina que todas las tierras indígenas deberían haber sido demarcadas hasta 1993, pero según los datos relevados por el Cimi, 654 todavía están a la espera de actos administrativos del Estado para terminar el proceso de demarcación. Esa cifra equivale a 58,7% del total de las tierras indígenas del país.
“Cuanto más grande es el número de tierras demarcadas, mayor es también la violencia enfrentada por las comunidades que están a la espera de las demarcaciones, y mayores también son las dificultades para realizar estudios antropológicos que definan qué es territorio indígena”, dijo el fiscal de la República Leonardo Maia, en referencia a los conflictos de orden político-económico.
El año pasado, el Cimi registró 18 conflictos relacionados a derechos territoriales y 53 vinculados a invasiones, explotación ilegal de recursos naturales y daños al patrimonio de los pueblos, 18 de ellos ocurrieron solamente en el estado de Maranhão.
“Estos conflictos generan una situación inhumana para las familias indígenas, que viven en condiciones de refugiados de guerra. Es lamentable”, dijo Roberto Liebgott,del Cimi, quien destacó además los casos de tortura que sufren las comunidades a causa de la lucha por la tierra.
Según la antropóloga Lúcia Rangel, profesora de la Pontificia Universidad Católica de São Paulo (PUC/SP), y coordinadora del informe divulgado por el Cimi, los orígenes de la violencia contra los pueblos indígenas en Brasil se remontan a la formación social brasileña.
“Nosotros tenemos en la historia algunos componentes que destacan eso, como el poder que fue otorgado a los dueños de tierras y de esclavos. Ahí se tiene a una familia patriarcal violenta y a la esclavitud como fuente de la violencia. Tuvimos cuatro siglos de esclavitud y uno de puro desconcierto digamos, porque parece que no se formó nada aún en términos de conciencia. No consolidamos la democracia, ni mucho menos nuestra mentalidad”, afirma la antropóloga.
Legislativo
Para las instituciones y los movimientos que abrazan la causa indígena, los datos de la violencia presentados en el informe se comunican directamente con las iniciativas legislativas que hoy están en la agenda del Congreso en lo que refiere a las comunidades tradicionales.
Entre ellas, se destacan la creación de la Comisión Parlamentaria de Averiguación Judicial (CPI, por sus siglas en portugués) de la Fundación Nacional del Indígena (Funai) y el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), reinstalada el último 30 de agosto, y la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 215, que transfiere del Ejecutivo al Legislativo la responsabilidad de la demarcación de tierras.
Las dos fueron muy criticadas porque según los movimientos, la CPI tendría entre otras cosas, el objetivo de descalificar el trabajo técnico de demarcación de tierras para no asegurar los derechos indígenas, mientras la PEC pretende dejar a las comunidades aún más vulnerables al juego político que domina el Legislativo.
“Esas acciones en el ámbito del Congreso han influenciado fuertemente las acciones locales de violencia, inclusive porque muchos de los parlamentarios que hacen estas propuestas promueven audiencias públicas en sus estados con el objetivo de poner a la población en contra de las comunidades indígenas. Las iniciativas del Legislativo, son por lo tanto, disparadoras de varios conflictos en las diversas regiones”, dice Roberto Liebgott.
Traducción: Maria Julia Giménez
Edición: Mauro Ramos
