El último sábado (1), más de 200 familias fueron desalojadas de un terreno vacío que pertenece al estado de Río de Janeiro, en el Complejo del Alemão – conjunto de favelas en la región central de la capital. Las familias organizadas, con ayuda del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), ocuparon el mismo local del que ya había sido expulsado años atrás.
En medio de una acción violenta de la policía con disparos y bombas, muchos perdieron sus documentos, dinero, medicamentos y otras pertenencias personales. Además, Victor Guimarães – del MTST –, Rene Silva y Renato Moura – periodistas del medio de comunicación alternativo Voz das Comunidades –, fueron llevados sobre custodia de forma arbitraria para la comisaría y fueron liberados después de la presión de los abogados y políticos, en la noche del mismo día.
Uno de los detenidos y afectado por bala de goma, Victor Guimarães, presentó un cuadro de infección en la herida y después de realizar una tomografía constató que la bala aún estaba alojada en la pierna izquierda. El miércoles (5), realizó una cirugía en el Hospital Miguel Couto.
Para el MTST, eso evidencia que las llamadas armas no letales presentan riesgos para la vida de los manifestantes. “Evidencia también la respuesta que el Estado y la Policía Militar de varios estados de Brasil han dado al pueblo en lucha: en vez del derecho a la manifestación, la respuesta ha sido ‘tiro, golpe y bomba’. La depredadora y desastrosa operación del último sábado, que tuvo decenas de heridos, fue comandada por el Mayor Leonardo Zuma, que recibió el premio de Comandante de UPP [Unidad de Policía Pacificadora] Revelación un día antes de la operación”, afirmó la organización política en una nota.
Por 12 años, aproximadamente 500 familias construyeron sus casas en los galpones de una antigua fábrica de la cervecería Skol – del grupo Ambev –, lo que tornó el grupo conocido como “Favelinha Skol”. Después de un acuerdo con el gobierno del estado, fueron removidas en momentos diferentes – en 2006, 2009 y 2010. Los galpones fueron demolidos para que las viviendas fuesen construidas en el propio terreno y durante las obras, que durarían un año y medio, las familias recibieron el alquiler social, con mensualidades de R$ 400 [US$ 124].
A pesar de todas las promesas, más de seis años después, el terreno continua vació. Hasta que las familias resolvieron organizarse y recuperar su antiguo espacio de vivienda. “Nunca tuvimos respuesta del gobernador y después de la crisis del estado todo empeoró. Nuestro dinero del alquiler social no tiene una fecha exacta para llegar, estamos con deudas y podemos quedar en la calle en cualquier momento. Entonces decidimos organizar esta ocupación para presionar y exigir respuestas”, explica la ama de casa Camila Aparecida Santos, 31 años.
La ocupación duró menos de un día. Después de una denuncia, un grupo de la Policía Militar lanzó fuego sobre el campamento. Después de la acción policial, las familias resolvieron volver a montar el campamento, pero la policía regresó. Esta vez con un cuerpo mayor, cerca de 50 agentes y de forma más violenta.
"Ellos llegaron lanzando gas pimienta y disparando. Fue un ataque muy cobarde y ni habían enviado a [notificación de] reintegración de pose del terreno”, explica la estudiante Fabiana Chavier, de 25 años, militante del MTST.
“Soy nacida y criada en el Alemão, ya vivi cosas terribles, pero este ataque fue fuera de lo normal”, concluyó Camila Aparecida.
