Más de dieciocho años separan la muerte del trabajador rural sin-tierra Sebastião Camargo, de la condena del presidente de la Unión Democrática Ruralista (UDR), Marcos Menezes Prochet. Después de casi 15 horas de sesión judicial, realizada el lunes (31), en Curitiba, capital del estado de Paraná, Prochet fue condenado a 15 años y 9 meses de prisión. El ruralista fue encarcelado, pero aún puede apelar a la decisión.
El reconocimiento de la actuación de grandes propietarios rurales en las muertes en conflictos agrarios no costumbra a ser algo común en el escenario brasileño. Según los datos de la Comisión Pastoral de la Tierra, apenas el 6% de los casos que vincular latifundistas son investigados. Esa fue la segunda vez que el ruralista fue juzgado – y condenado – por el crimen. El primer juicio, fue realizado en el 2013, y anulado en el 2014. Marcos Prochet es el cuarto condenado por el asesinato del agricultor sin-tierra.
Para el integrante del Consejo Nacional de Derechos humanos (CNDH) y coordinador de la organización Tierra de Derechos, Darci Frigo, la decisión judicial es histórica. “Es uno de los pocos casos de condena de grandes propietarios rurales”, apuntó. E indicó que un largo camino fue recorrido para llegar a este resultado. “Fueron varias postergaciones del juzgado, recomendaciones internacionales, acompañamientos de instancias como CNDH, mucho trabajo de abogados populares y esperanza de la propia familia para que hubiese justicia y no quede impune, como la mayoría de los casos en el país”.
Entienda el caso
Sebastião Camargo fue muerto a los 65 años, durante un desalojo ilegal realizado por una milicia privada ligada a la UDR, en la Hacienda Boa Sorte, en el municipio de Marilena, noroeste del estado de Paraná. Segundo los testigos, cerca de 30 pistoleros encapuchados participaron de aquel 7 de febrero de 1998, donde además de la muerte de Sebastião, 17 personas fueron heridas, entre ellas niños.
En aquella época, la hacienda ya estaba en proceso de desapropiación para ser destinada a la reforma agraria por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra), que ya había inspeccionado, considerado improductiva e indemnizado a los propietarios. El dueño de la Hacienda Boa Sorte, Teissin Tina había recibido cerca de 1 millón y 300 mil reales [UD$ 401 mil] por la propiedad, área donde hoy está localizado el Asentamiento Sebastião Camargo.
Además de Prochet, otras tres personas fueron condenadas por su participación en el crimen: el propio Teissin Tina, que recibió una condena de 6 años por homicidio simple; Osnir Sanches, condenado a 13 años de prisión por homicidio calificado y la creación de una empresa de seguridad privada, usada para desalojos ilegales; y Augusto Barbosa da Costa, integrante de la milicia privada, también condenado, pero apeló a la decisión.
El crimen compone el escenario de gran violencia en el campo vivido en el periodo del gobierno de Jaime Lerner en el estado de Paraná. Entre 1995 y 2003, 16 trabajadores sin-tierra fueron asesinados en el estado. La acción de milicias armadas – organizadas a partir de empresas de seguridad privada, contratadas por la UDR – aparece como una constante en las investigaciones de los desalojos violentos y asesinatos por conflictos agrarios. La mayoría de los asesinatos ocurridos durante este periodo están vinculados a grupos ilegales.
Investigaciones realizadas por la policía apuntan que las milicias realizaban contrabando internacional de armas, tenían ramificaciones en la Policía Militar y actuaban en el sentido de impedir investigaciones de los crímenes cometidos, contando con el apoyo de legisladores brasileños.
