Tierras indigenas

Legiladores de la bancada ruralista son investigados por el Supremo Tribunal Federal

Nuevamente fue abierta la comisión que investiga irregularidades en la demarcación de tierras indigenas en Brasil

Brasil de Fato I São Paulo (SP)

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Indigenas acompañan la sesión legislativa donde se conforma la nueva comisión de investigación / Antonio Cruz/Agência Brasil

Los cinco diputados federales en la presidencia, vice presidencia y relatoría de la Comisión Parlamentar de Investigación (CPI) de la Fundación Nacional del Indio (Funai) y del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) son investigados por el Supremo Tribunal Federal (STF).

Recreada el día 17 de noviembre, la CPI – Funai e Incra es presidida por Alceu Moreira (PMDB-RS) y la relatoría será producida por Nilson Leitão (PSDB – MT). Los diputados Luis Carlos Heinze (PP-RS), Mandetta (DEM-MS) y Nelson Marquezelli (PTB-SP) son los vice presidentes del colegiado.

Ellos son miembros de la bancada legislativa ruralista y acumulan procesos en los tribunales de Justicias de instancias estatales. Los cinco parlamentarios también apoyaron la Propuesta de Enmienda Constitucional ( PEC) 215, que transfiere al Congreso Nacional la competencia de demarcación de tierras indigenas y quilombos.

CPI

La nueva CPI de la Funai e Incra dá continuidad a las investigaciones en la Cámara de Diputados sobre posibles irregularidades en la demarcación de tierras de pueblos originarios. Los trabajos de la comisión formada en noviembre del 2015 fueron paralizados en agosto, sin que los diputados produjera una relatoría final.

Según el relator, la CPI fue recreada porque el cambio de la presidencia de la cámara impidió la prorroga de entrega del informe. “La prueba de que hay buena intención de la CPI es que ella comenzó en el gobierno de la entonces presidenta Dilma y continúa en el gobierno de Michel Temer. No es un problema partidario, las instituciones no están funcionando, tanto que todas las demarcaciones de los últimos años fueron judicializadas”, dijo Nilton Leitão. Él afirmó además que los procedimientos de la comisión son modernos y transparentes, “oyendo a todos”.

Sin embargo, los trabajadores anteriores fueron marcados por protestos de indigenas en la Camara, que acusaban a los diputados de marcar las reuniones de la CPI sin previo aviso y sin divulgación de los horarios de las audiencias.

Oposición

El jueves (24), legisladores de la oposición entraron con una acción en el Supremo Tribunal Federal contra la comisión. El objetivo de los diputados del PT, PSOL, PcdoB, PSB, PDT es anular las actividades de la CPI, alegando que no hay un hecho especifico a ser investigado.

Entre los situados de firman el documento esta Edmilson Rodrigues (PSOL-PA), Janete Capiberibe (PSB-AP), Nilto Tatto (PT-SP), Marcon (PT-RS), Moisés Diniz (PcdoB-AC), Patrus Ananias (PT-MG), y Valmir Assunção (PT-BA).

Según Tatto, la CPI pone en riesgo derechos conquistados por los indigenas y profundiza los conflictos por la tierra. “Una CPI que llamamos de ‘fin del mundo’”, dijo el petista en rueda de prensa.

Par los movimientos populares, organizaciones indigenistas, lideres indigenas y quilombolas, la CPI es una tentativa de criminalizar a los movimientos populares y de la lucha por la defensa de los pueblos originarios.

José Carlos Galzia, da la coordinación de las asociaciones quilombola en le estado de Pará – norte de Brasil-, afirma que posibles irregularidades existentes en algunos procesos del Incra son pretexto de la CPI, que tenía como plan de fundo, en verdad, el objetivo de frenar la la entrega de títulos de territorios.

“Es una estrategia de la bancada ruralista que quiere hacer con que el proceso de titulación, que ya esta demorado, no camine. Cuantos más atropellos el Incra y la Funai tienen con este tipo de cosas, como la CPI, menos van a avanzar los procesos de estos territorios, y las madereras y otras empresas pueden amenazar sobre las tierras de los pueblos originarios”, dijo.

Según los datos de la Comisión Pro Indio de São Paulo, 92,5% de estas comunidades no poseen títulos. Hoy, 1525 tierras quilombolas están en proceso de regularización en el Incra.

En nota, la asesoría de la Funai afirmó que el tema de la re abertura de la CPI es de prerrogativa constitucional del Congreso Nacional, “no habiendo juicios de cualquier naturaleza”. Ya la asesoría del Incra informó que la “autarquía se coloca a disposición de la Comisión para prestar los esclarecimientos necesarios y colaborar con las investigaciones”.

Quienes son los ruralistas al comando de esta acción:

Nilson Leitão

Es objeto de siete investigaciones en el STF, uno de ellos corre obre sigilo de la justicia y apura incitación al crimen y formación de cuadrilla. El legislador tendría incentivado invasiones sobre tierras indigenas.

El miembro del PSDB también es acusado en un acción pelan en el STF por crímenes de responsabilidad por desvío o apropiación de bienes públicos. De acuerdo con la acusación, el parlamentario habría sobre facturado la ejecución de obras de pavimentación y drenaje en trechos urbanos de la carretera BR -163 de forma tal de facilitar el desvió de recursos públicos, entre 2001 y 2006, cuando era alcalde de Sinop. Él ademas colecciona otros 10 procesos que corren en juzgados del estado de Mato Grosso.

Como forma de defensa, el diputado afirmó que el hecho de tener investigaciones en curso no disminuye su representación parlamentaria y obligaciones en el Congreso. “Fui elegido para realizar esta relatoría de la misma forma que en otras, inclusive en comisiones mixtas [ Diputados y Senadores]. Tengo presentado mi defensa de forma serena. Los procesos en curso son del tiempo en que fui alcalde, provocados por quien hacia oposición a mi gobierno en aquella época”, dijo.

Leitão llegó a ser preso preventivamente en el año 2007 durante las investigaciones e la Operación Navalha de la Policía Federal (PF), referente a los esquemas de corrupción entre la constructora Gautama y administradores públicos en la ciudad de Sinop (MT), en la época en que el legislador era alcalde del municipio.

Parte de la bancada ruralista, el diputado no declaró no poseer bienes en propiedades rurales, pero más de un tercio de su campaña ene l 2014 fue pagada con recursos de la Galvão Engenharia, de la familia Maggi, mayor cultivados de soja del país y por la Copersucar, mayor exportadora brasileña de azúcar y etanol.

Alceu Moreira

Vice presidente de la regional sur del Frente Parlamentario de la Agricultura (FPA), el diputado fue quien propuso el Proyecto de Ley (PL) 2479/2011, que transfiere la competencia de demarcar tierras indigenas del poder Ejecutivo para el Legislativo.

En el 2013, en una audiencia pública en Vicente Dutras (RS), Moreira incitó a la población local a se “armar como guerreros” contra los indios “ventajosos”. Por causa de esas declaraciones, El Ministerio Público Federal y la Comisión de Derechos Humanos y la Ciudadania Asamblea Legislativa de Rio Grande do Sul denunciaron al diputado por racismo e incitación al crimen.

En el STF, es objeto de investigación por favorecer a la empresa MAC Ingeniería y Construcciones en obras de pavimentación de la carretera RS-494. Fue condenado en el Tribunal de Justicia de Rio Grande do Sul por malversación administrativa. Según el diputado, el proceso es antiguo y “fue debidamente esclarecido, tanto que ya fue solicitado el archivo de la causa”.

El mayor donante de su campaña fue la Agropecuaria Araguari, con R$ 250 mil [USD 72 mil]. El partidario del PMDB recibió más de R$ 967 mil [USD 280] de financiadores vinculados al agronegocio. Moreira también recibió R$ 50 mil [USD 14 mil] del correligionario y actual presidente, Michel Temer.

Luis Carlos Heinze

Propietario rural, es investigado en el STF en la Operación Lava Jato, que aborda casos de corrupción y lavado de dinero con recursos desviado de la petrolera publica Petrobras. El legislador fue citado en las declaraciones del financista Alberto Youssef y ex director de abastecimiento de la estatal, Paulo Roberto Costa.

En inicios del 2014, Heinze recibió el titulo de “racista del año”por la ONG inglesa Suruvuval por su discurso en que afirmó que “quilombolas, indios, gay, lésbicas” son “todo lo que no presta”.

El grupo JBS fue el mayor donador de la campaña del diputado del PP, con R$ 500 mil [USD 144 mil] . Heinze recibió por lo menos R$ 1,68 millones [USD 480 mil] de empresas y empresarios rurales.

Según el diputado, la declaración de Yousseff, en marzo del a`no pasado, arrojó su nombre “en le barro, en la misma linea que los corruptos y los ladrones, sin nunca haber participado de cualquier esquema de corrupción”y que la declaración del financista está “rodeado de contradicción sobre mi nombre”.

El legislador afirmó que la demora en la construcción de las investigaciones es “absurda”y él estuvo presente por diversas veces en los órganos, como la Procuradora General de la República, para cobrar su conclusión de esa investigación. “¿Quién, verdaderamente vinculado demostraría tanto deseo de concluir las investigaciones?”, cuestionó.

Madetta

Pertenece a una familia Trad, una de las más tradicionales de la política en el estado de Mato Grosso do Sul, es investigado por el crimen de la Ley de Licitaciones y trafico de influencias, relacionados a hechos investigados en la CPI de la Salud, instaurada en la Asamblea Legislativa de Mato Grosso do Sul en el año 2013.

El objeto de acciones en la Justicia Federal por crimen de administración pública y daño al erario.

Así como Heinze, recibió R$ 15 mil del estanciero Cornelio Adriano Sanders, acusado por el Ministerio de Trabajo y Empleo y por el Ministerio Público Federal de explotar trabajo esclavo para el cultivo de soja y arroz. Él propio fue el mayor donador de su campaña, repasando R$ 580 mil [USD 167] para si mismo. Su declaración de bienes a la Justicia Electoral totaliza un poco más de R$ 630 mil.

El diputado fue buscado por Brasil de Fato a través de su asesoría de prensa, pero no obtuvimos respuesta hasta la fecha.

Nelson Marquezelli

En el STF, es investigado penalmente por el Ministerio Público Federal y es acusado en dos acciones civiles públicas en el Tribunal de Justicia de São Paulo, movidas por el Ministerio Publico del Estado, por daño ambiental e malversación administrativa.

Más del 40% de su campaña electora fue financiada por la Brapira Comercio de Bebidas.

Consultada, la asesoría de prensa de Marquezelli afirmó que no consiguió el contacto con el diputado, que estaba en los Estados Unidos en una misión oficial.