Violencia

Sobrefacturación y corrupción caracterizan las cárceles con gestión privada en Brasil

Para ex-directora general del sistema penitenciario de Rio de Janeiro, la privatización es el peor de los mundos

Brasil de Fato | São Paulo (SP)

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En Brasil, existen 24 unidades funcionando con asociaciones público-privadas, con casi 14 mil presos / Marcelo Camargo/Agência Brasil

Las rebeliones ocurridas a comienzos de mes en los presidios de Manaos (AM) y Boa Vista (RR), que victimaron 56 y 33 presos, respectivamente, suscitaron una serie de cuestiones sobre las condiciones de vida y el modelo de gestión en las cárceles brasileñas. La cultura de encarcelamiento, anclada en leyes más rígidas, especialmente para crímenes relacionados con drogas, y el mantener a las personas presas, tener una gran cantidad de presos provisionales en las unidades correccionales, arma la bomba de tiempo que es el sistema carcelario en el país.

Según datos más actualizados del Sistema Integrado de Información Penitenciaria (Infopen), en 2014 Brasil tenía 622 mil presos - la cuarta mayor población carcelaria en el planeta -, y presentaba un déficit de 231 mil. Ciertamente estos números el día de hoy son mayores. Un salto significativo en el número de personas encarceladas ocurrió con la aprobación de la Ley de Drogas (11.343), en 2006. Según el informe divulgado por la organización no gubernamental (ONG) Human Rights Watch, este último jueves (12), en 2005, 9% de los presos en Brasil estaban detenidos por crímenes relacionados con drogas. Casi diez años después, en 2014, este número se elevó a 28%. El documento alerta además que “las condiciones inhumanas en las prisiones y cárceles brasileñas son un problema urgente”.

Negocios

La propuesta de privatización de las cárceles, por medio de alianzas público-privadas (PPP), o a través de la llamada gestión compartida - en que el Estado terceriza servicios básicos como alimentación, limpieza, manutención técnica, entre otros -, anunciaba la creación de más presidios, por lo tanto más espacios, y un costo por preso menor que la media nacional en los presidios de los estados, además de un tratamiento más humanizado. Pero en la práctica, lo que ha sucedido no es exactamente eso.

En los Estados Unidos, por ejemplo, donde estas experiencias iniciaron en los años 1980, ya hubo condiciones de diagnosticar las ventajas y desventajas de estos modelos. En agosto de 2016, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunció que dejará de usar prisiones privadas para presos bajo custodia federal. Aunque que esta medida afecte una pequeña parte de la población presa, ya que la mayoría está bajo custodia estatal, fue vista como una acción simbólica y que representa un cambio de mirada en la gestión carcelaria. En un memorando, la subsecretaria de Justicia, Sally Yates, afirmó: "No ofrecen [las cárceles privadas] el mismo nivel de servicios correccionales, programas y recursos, no presentan reducción significativa de costos y no mantienen el mismo nivel de seguridad y protección."

En Brasil, existen 24 unidades funcionando con APP, con casi 14 mil presos, según informaciones de la Asociación Brasileira de Empresas Especializadas en la Prestación de Servicios a Presidios.

La empresa Umanizzare, responsable por la gestión de parte del Complejo Penitenciario Anísio Jobim (Compaj), en Manaos, lugar de la rebelión que resultó en 56 muertos, administra otros seis presidios: cuatro en Amazonas y dos en Tocantins. Los contratos de concesión administrativa son de 27 años con la Secretaria de Estado de Administración Penitenciaria (Seap), pudiendo ser prorrogados hasta 35 años.

El Ministerio Público solicitó al gobierno amazonense la terminación de los contratos, pues hay sospechas de irregularidades como sobrefacturación, mal uso de dinero público, conflicto de intereses empresariales e ineficacia en la gestión. Según el MP, la Umanizzare recibe US$ 1456 por mes para cada preso del Compaj, siendo que la media nacional es de 2,4 mil, de acuerdo con las informaciones del Consejo Nacional de Justicia (CNJ). En Tocantins, el Tribunal de Cuentas del estado ya aceptó el pedido del Ministerio Público para realizar una auditoria operacional en el sistema carcelario.

Según Julita Lemgruber, socióloga y Directora general del sistema penitenciario de Rio de Janeiro entre 1991 y 1994, la privatización es el peor de los mundos porque trae la ilusión de que es rápido y fácil construir nuevas unidades carcelarias y colocarlas en funcionamiento. “El problema es que eso tiene un costo para la sociedad. Estos contratos de asociación público privada (PPP) son de 29, 30 años, o sea, el Estado se compromete a mantener aquellas prisiones con ocupación total por décadas”, afirma.

Pionero

El primer presidio brasileño a operar en la gestión regida por las PPP, y siendo privatizado desde su construcción, no opera como los presidios en Manaus, que son de gestiones compartidas. Localizado en Ribeirão das Neves, región metropolitana de Belo Horizonte (MG), el complejo carcelario completó cuatro años en enero, con 2.016 presos en tres unidades: dos para régimen cerrado y una para régimen semiabierto. La empresa Gestores Prisionais Associados (GPA) recibe del gobierno de Minas Gerais el valor de US$ 1085 por detenido. Allá, no hay problemas de rebeliones, pues no opera en situación de sobrepoblación – dados del Infopen indican que la tasa de ocupación de los establecimientos en cogestión o privados es, en promedio, de 131%, cuando la media nacional es de 161%.

Julita cuenta además que existe una selección rigurosa de los presos que irán cumplir pena en las instalaciones en Minas. “Ellos solo aceptan un tipo de perfil, que es el preso que no va a presentar ningún tipo de problema. Ellos tienen mucho cuidado en filtrar quien va a una prisión privada; y así, ella opera normalmente. Si tuviéramos prisiones públicas con este tipo de filtro, seríamos ejemplares también. Y además recibiendo valores mucho más altos que el costo de un preso en una prisión pública”, defiende la socióloga.

Además de eso, el cuestionamiento que se levanta es que, toda la lógica de privatización impulsa un mayor encarcelamiento y el desguace de las unidades públicas, encarando todo el modelo de reeducación de los privados de libertad como un negocio. “ Brasil acostumbra ver sus problemas a corto plazo. Nosotros tenemos que mirar a largo plazo, y la privatización es un pésimo negocio económico. Además de lo que nosotros sabemos, en los EUA, por ejemplo, esta relación de ilegalidad y corrupción entre las empresas y los políticos es marca de la privatización. Hay innumerables investigaciones que muestran que esas organizaciones acaban luchando por un endurecimiento de las leyes porque quieren mantener sus cárceles con 100% de ocupación. Y algunas de esas prisiones privadas, justamente con el objetivo de obtener mayor lucro, cortan costos, pagan peores salarios y cortan servicios”, resalta.

El margen de lucro de las empresas que operan en los presidios brasileños es de, por lo menos 8%, según datos extraídos del informe de la CPI del Sistema Carcelario, actualizados al 2015.

Falla de la justicia criminal

Para la socióloga Julita Lemgruber, en las últimas décadas no hubo ninguna inversión adecuada en la estructura carcelaria, pero es necesario relacionar la crisis también al mal funcionamiento del sistema de justicia criminal en Brasil. “Nosotros tenemos una cantidad vergonzosa de presos provisionales (40% del total), por ejemplo. Y nosotros ya comprobamos, mediante investigaciones, que la mayor parte de ellos, cuando son juzgados, acaban recibiendo una pena diferente que la pena de prisión. O sea, ellos están presos provisoriamente de forma absurdamente irregular e ilegal. Uno de los problemas en Brasil es la falta de respeto a nuestras leyes”, afirma, citando todavía el trabajo de investigación realizado por el Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (CESeC), titulado Ministerio Público: guardián de la democracia brasileña?, en que se demostró que el órgano no cumple las funciones que le fueran encomendadas en la Constitución de 88. “Lo que se percibe es que las personas que integran el MP y el Poder Judicial son miembros de la elite, una elite que es reaccionaria, conservadora y punitiva”.

Lea partes de la entrevista:

Cuáles políticas y/o falta de ellas, nos llevaron a la situación de barbarie que estamos presenciando hoy en las cárceles?

Uno de los problemas es la falta de respeto a nuestras leyes. La ley es muy clara en relación a la prisión provisional, por ejemplo. Dice que solo debe permanecer preso provisoriamente quien tenga posibilidad de interrumpir el proceso, de intimidar al testigo o de poner en riesgo el orden público. En verdad, nuestro Poder Judicial y el Ministerio Público, extremamente conservador y elitista, acaban usando esta referencia de riesgo al orden público como estrategia para mantener a las personas presas, cuando nosotros sabemos que la gran mayoría de los presos que pueblan las prisiones en este país son personas que no son violentas y que no son peligrosas. Yo no estoy defendiendo la impunidad. Las leyes deben ser cumplidas. El problema es que nosotros acabamos privando de la libertad a quien no es violento, a quien no es peligroso, y que podría ser castigado con penas diferentes de la pena de prisión, con penas alternativas o prestación de servicios a la comunidad, por ejemplo. En tanto sociedad, nosotros aplaudimos al Poder Judicial que escoge prioritariamente la privación de libertad como castigo. Hasta porque es una forma de control social cara y que no transforma a los criminales en no criminales.

El objetivo de esta estrategia de mantener a las personas presas es una forma de publicidad frente a esta sociedad?

Nosotros, como sociedad, no ganamos absolutamente nada con eso. Es ilusorio creer que la tasa de criminalidad tiene alguna relación con el número de presos. Innumerables investigaciones en varios países del mundo ya demostraron que la tasa de encarcelamiento no provoca reducciones proporcionales en la tasa de criminalidad. Ahora, hay esta creencia fantástica de que la pena de prisión es el castigo por excelencia que requiere ser distribuido. Lo que nosotros sabemos es que la pena de prisión sirve de forma selectiva. En estos casos, personas de otro estrato social que están siendo castigadas con pena de prisión, son puntos fuera de la curva. Porque media docena de ejecutivos de empresas, o de políticos que están siendo encarcelados no es prueba de que la ley es igual para todos. La regla es que la pena de prisión fue hecha para el pobre. Usted no encuentra, en casi la totalidad de los presos, personas de los estratos sociales más privilegiados. Esas personas pueden pagar buenos abogados y se libran de la cárcel.

La Ley de Drogas fortalece la cultura de encarcelamiento?

La Ley de Drogas es la legislación que retrata con fidelidad esta selectividad del sistema penal. Es una ley que da margen al Poder Judicial para condenar como traficante al joven negro de la favela que, o es usuario o es aquel que está haciendo un pequeño tráfico, muchas veces para financiar su propio consumo. Si usted examina al usuario de la zona sur de Rio de Janeiro, o de Jardins, en São Paulo, usted va a ver que rutinariamente esas personas son paradas por la policía pero no son llevadas a la cárcel, ni son tildadas de traficantes. Nuestra legislación en el área de drogas da margen al sistema de justicia criminal a calificar como traficante al pobre, negro, de favela, que porta pequeñas cantidades de drogas para su propio consumo.

Cuáles cuestiones la señora señalaría para cambiar este escenario?

El propio Gilmar Mendes ha defendido, en los últimos días, el trabajo colectivo voluntario carcelario, descriminalización del uso de droga… El, como ministro del STF, ha sido lúcido en esta evaluación, y tuvo una actuación importante en el Consejo Nacional de Justicia que determinó que trabajos colectivos voluntarios carcelarios que realmente contribuirán en la reducción de presos provisionales en el país. El menú de acciones está colocado. No es novedad para nadie, todo mundo sabe lo que se necesita hacer. Pero se necesita voluntad política para hacerlo y no se puede tener miedo de la opinión pública.