Temer ya percibió que perdió el relato en relación a la reforma previsional. Una encuesta reciente del Instituto Datafolha muestra que el 71% de los brasileros rechazan la medida. Poco antes, la consultora Vox Populi indicó un número aún mayor. El discurso del gobierno de que la previsión social representa una sangría de recursos públicos y que la reforma es la única alternativa para sacar al país de la crisis no convenció a nadie.
Esta claro que la reforma pretende penalizar al trabajador más pobre mientras ni siquiera toca donde realmente hay privilegios, como en la cúpula del poder judicial y los militares. La respuesta de las calles del día 28 de abril, con la mayor huelga general de los últimos 30 años, dio voz a la insatisfacción generalizada. La huelga fue un termómetro del rechazo masivo a Temer y sus reformas.
Así, ignorando el sentir social, Temer se muestra dispuesto a mantener el ritmo de la aprobación del proyecto en la Cámara, apoyado principalmente por los bancos. Pero la misión de conseguir 3/5 de los diputados en dos votaciones no parece fácil de conseguir. Delante de tamaña insatisfacción en la sociedad muchos parlamentarios temen pagar un precio electoral demasiado alto por defender el proyecto del gobierno. Temer no tiene nada que perder, no será candidato ni a administrador de consorcio. Los diputados y senadores ya comienzan a calcular el efecto de embarcarse en esta aventura insana, ya que la mayoría de ellos necesitará en 2018 de los votos de este mismo pueblo que rechaza las reformas.
Sin apoyo popular y teniendo que lidiar con las vacilaciones de los legisladores, Temer decidió partir para el vale todo. Siguiendo cierta tradición nacional, mandó al diablo los escrúpulos de conciencia y transformó Brasilia en una feria donde el objetivo mayor es aprobar las reformas.
Una de los frentes de actuación es en los medios, donde pretende difundir nuevas campañas en defensa de la reforma. El Planalto está negociando con emisoras de radio y televisión pautas publicitaria federal para mejorar las “disposiciones” de apoyo a las medidas. La cuestión es que esa negociación será intermediada por diputados, lo que servirá para estrechar lazos entre los legisladores y las emisoras locales en año preelectoral. De esta manera, el gobierno pretende matar dos pájaros de un tiro: además de ganar apoyo de los medios, compromete más diputados con la votación. La cuenta, aunque no sea necesario decirlo, la paga con recursos públicos.
En otra línea, el gobierno inició negociaciones con bancadas específicas de la Cámara para ganar votos a cambio de apoyo a sus propuestas. La bancada ruralista pidió la ampliación del pago de deudas de empresas y productores rurales de 10 a 20 años y descuentos en multas e intereses que pueden llegar al 90%. Un premio a los evasores, muchos de ellos deudores del sistema previsional, cuyo supuesto “agujero” es pretexto para la reforma. Cara duras es poco.
Cuando no es por el dinero, será por el dolor, evalúan los articuladores del gobierno. Para presionar a los diputados indecisos, Temer inició el castigo de aquellos que no voten con el gobierno la reforma laboral. En la última semana, distintos funcionarios políticos fueron echados. Para garantizar la aprobación del texto en la Comisión de Previsión en el Cámara, tres diputados fueron substituidos a última hora.
A despecho del discurso de que es necesario cortar gastos, otra iniciativa es abrir el cofre y acelerar la distribución de los recursos de enmiendas de cerca de 330 legisladores de la base aliada. Los gastos pueden llegar a los R$ 1,9 mil millones, abriendo una ventana a cielo abierto para comprar los votos necesarios para aprobar la reforma.
No es extraño que ese gobierno use todos los métodos para aprobar desmontar la jubilación e ignorar la voluntad popular. Al final, de quien tramó un golpe en los pasillos del propio palacio se espera todo. Lo extraño es que los mismos que se reivindican defensores de la ética en la política y de la austeridad en la economía sean cómplices de la apertura de los cofres públicos para la compra de votos en el Congreso.
