El ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunció varias veces en entrevistas y pronunciamientos oficiales su pretensión de candidatizarse por sexta vez a la Presidencia de la República. Procesado en cinco acciones penales – tres de ellas en el ámbito de la operación Lava Jato –, el petista depende del plazo de las decisiones judiciales para viabilizar su candidatura.
Siete años después de dejar la Presidencia, Lula lidera en todos los escenarios las encuestas de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2018. Según los dirigentes del partido, no hay un plan B, incluso frente al riesgo impuesto por las acusaciones de corrupción y obstrucción a la Justicia.
La defensa del ex-presidente afirma que las investigaciones son resultado de una persecución política, orientada para impedir la candidatura del petista en el año que viene.
Dilema
El parágrafo 1º, inciso I del artículo 86 de la Constitución prevé que “el Presidente quedará suspendido en sus funciones, en las infracciones penales comunes, si la denuncia penal es admitida por el Supremo Tribunal Federal [STF]”. O sea, ningún presidente de la República puede ser procesado en acciones penales. Si eso pasa, el jefe de Estado debe ser separado del cargo. No hay consenso, sin embargo, sobre la situación inversa: que debe suceder cuando un procesado se candidatea a la Presidencia de la República.
El STF debe reunirse en el período de oficialización de la candidatura de Lula para definir si el binomio puede o no ser electo, conforme la interpretación de cada ministro.
Primera instancia
De todas las acciones penales en las que Lula es acusado, el proceso conocido como “caso triplex” [supuesta entrega de un departamento triplex a Lula como coima por parte de una constructora] es el que está más avanzado en el ámbito de la operación Lava Jato. La decisión del juez Sergio Moro debe salir entre junio y julio de este año, pero no es suficiente para sacar al petista de la carrera electoral porque será en primera instancia.
Ficha limpia
La Ley de Ficha Limpia, sancionada por el propio Lula en 2010, solo veta la candidatura de ciudadanos condenados por crímenes en segunda instancia. Incluso si Moro decide la prisión temporal del ex-presidente, el cuadro no cambia: la Constitución Federal de 1988 y la Ley de Ficha Limpia permiten que candidatos que estuvieron presos asuman cargos electivos.
En caso de condena en el caso triplex, la defensa de Lula debe recurrir a la segunda instancia federal. Si Sergio Moro hubiera optado por la prisión, en el momento del recurso el ex-presidente seria liberado, porque tiene el derecho de responder en libertad até la nova sentencia. Condenado en las dos instancias, el se volvería inelegible – aunque le quedaría, como última opción, recurrir al STF y tratar de obtener una medida provisoria que suspenda los efectos de la decisión judicial.
Una operación politizada
Desde el inicio de la operación Lava Jato, la cobertura de Brasil de Fato consultó a varios juristas e investigadores que estudian el campo del Derecho y constataron un proceso de “politización” de la operación en los últimos dos años. Recuerde las críticas más recurrentes sobre diferentes momentos de la Lava Jato:
“En el proceso de impeachment, hubo un direccionamiento hacia el PT [Partido de los Trabajadores], cuando se sabia que el problema era generalizado. No se trata de librar al PT, pero vemos ahora que, aparentemente, hay una corrupción mucho mayor en los otros partidos” (Aldo Fornazieri, profesor de la Escuela de Sociología y Política de São Paulo – FESP).
“Es un equívoco imaginar que la operación Lava Jato es selectiva y pretende criminalizar solo al PT. La Lava Jato pretende criminalizar al sistema político como un todo, y afecta a Lula porque el es el líder más popular de Brasil. Derrotarlo, hoy, significa derrotar la política” (Luiz Moreira, ex-miembro del Consejo Nacional del Ministerio Público)
“Para aquellos que creen en el sistema democrático, tenemos de dar el mismo tratamiento a todos. Se debe recordar que la delación dice todo, pero no prueba nada. Es la palabra de alguien que cometió un crimen. No veo a la delación como una verdad incuestionable. No podemos conmemorar el arbitrio estatal” (Patrick Mariano, magister en Derecho, Estado y Constitución por la Universidad de Brasilia).
