Brasil colecciona millares de relatos sobre las dificultades de acceso a los aparatos públicos para denuncias de violencia contra la mujer. El caso de la periodista paulistana Larissa Santos* es uno de ellos.
Ella sufrió violencia doméstica durante una relación de cuatro años y afirma que, en las ocasiones en que buscó a la Policía Militar, en 2012, apenas acumuló denuncias. En dos meses, por ejemplo, tuvo que ir a la comisaría cuatro veces, incluso con la medida de protección contra la ex pareja aprobada.
"Cuando vi que iba a morir y punto, tuve que pedir ayuda. Si no hubiese conseguido auxilio de mis amigos, que me proporcionaron abogados gratuitamente, yo creo que no estaría hablando hoy con usted, sinceramente", cuenta.
Lejos de ser un caso aislado, datos más recientes de la Central de Atención a la Mujer en Situación de Violencia – llamadas [al número] 180, muestran que hubo un aumento de 52% de las atenciones el año pasado en comparación con 2015. De estas, 67.962 fueron relatos involucrando violencia doméstica y familiar, lo que representa un aumento de 133% respecto al período anterior.
En 2017, el número de mujeres que declararon haber sido víctimas de algún tipo de violencia pasó de 18%, en 2015, a 29%. También hubo crecimiento en el porcentaje de entrevistadas que dijeron conocer alguna mujer que sufrió violencia doméstica o familiar: ese índice saltó de 56% a 71% en dos años. Los datos son de una investigación realizada por el Instituto DataSenado, en asociación con el Observatorio de la Mujer contra la Violencia.
Aun así, el gobierno golpista de Michel Temer (PMDB) optó, en 2016, por la disolución del Ministerio de Políticas para Mujeres, colocando más barreras para la asistencia a mujeres en situación de violencia.
Paralización de obras
Listo desde noviembre de 2016, el edificio donde funcionaría la Casa de la Mujer Brasileña (CMB) de São Paulo aún no fue inaugurado. El equipamiento, que costó US$ 2,3 millones, fue financiado con recursos federales del programa "Mujer, Vivir Sin Violencia", lanzado en 2013. El programa preveía la construcción, en cada estado, de un local donde se concentrasen, en un solo espacio, servicios de atención más humanizados a la mujer víctima de violencia.
En las casas que ya fueron inauguradas, en Campo Grande (MS), Brasilia (DF) y Curitiba (PR), funciona una comisaría de la mujer, una sala de juzgado especializada en violencia contra la mujer, una promotora de Justicia, además de locales apropiados para atención psicosocial, un alojamiento para las mujeres que llegan a la casa y locales de capacitación para empleo y generación de renta.
La ex-ministra de Políticas para Mujeres, Eleonora Menicucci, que estaba al frente del proyecto durante el gobierno de Dilma Rousseff (PT), critica la extinción de la cartera en que actuaba y afirma que el equipamiento en la capital paulista, por ejemplo, se transformó en un "elefante blanco".
Ella afirma que el presupuesto para garantizar el servicio para las mujeres en la capital paulista, de más de US$ 3,9 millones, fue transferido a comienzos de este año. En boletín de prensa, la Alcaldía de São Paulo afirmó que la obra de la CMB es de responsabilidad del gobierno federal y negó que el traspaso de los recursos haya sido efectuado.
"El uso del espacio solo será entregado para la gestión de la Secretaría de Derechos Humanos de la Alcaldía de São Paulo cuando esté concluido. El dinero para la manutención de la Casa vendrá del gobierno federal por medio de un convenio", informó.
Se contactó por e-mail a la asesoría del Ministerio de Justicia y Ciudadanía, a la cual la Secretaría está ahora incorporada, pero esta no respondió hasta el cierre de este reportaje.
Propuestas
Entre las acciones previstas en el eje de Derechos Humanos y Ciudadanía del Plan Popular de Emergencia, del Frente Brasil Popular (FBP – formado por más de 80 organizaciones –) , está la recuperación inmediata del Pacto Nacional para Enfrentar la Violencia contra la Mujer y del programa “Mujer, Vivir Sin Violencia", además de la recreación de los ministerios de Derechos Humanos, Políticas para Mujeres y Promoción de la Igualdad Racial.
Para Menicucci, las carteras específicas dan "estatus de nobleza tal como los temas lo exigen". Luego de más de un año del golpe que destituyó a la primera presidenta mujer del país, la exministra evalúa que existe un "abanico de derechos que fueron golpeados y destrozados".
Ella asume, sin embargo, que el gobierno Dilma quedó en deuda con las mujeres brasileñas. "Yo, como ministra de Políticas para las Mujeres, por ejemplo, en la cuestión del aborto y de los derechos sexuales no avancé, más allá de mejorar la calidad de los servicios de aborto legal, haciendo un decreto de atención integral a las mujeres en situación de aborto, por causa del Congreso, que es fascista, fundamentalista y conservador", criticó.
El Plan Popular de Emergencia es un documento elaborado por las centrales sindicales, movimientos populares y partidos que componen el FBP. Las entidades piden también, entre otras medidas, la despenalización del aborto y la reglamentación de su práctica en los servicios públicos de salud e inclusión de orientaciones sobre identidad sexual y de género en la Base Nacional Común Curricular (BNCC).
Mientras el Poder Público sigue con actuaciones limitadas, la alternativa encontrada por las mujeres es el fortalecimiento mutuo. Desde que consiguió salir de la relación en la que sufría violencia, Larissa ha reiterado el papel fundamental de una red de protección y acogida de mujeres. Hoy, ella auxilia a una amiga que pasa por el mismo proceso.
"Cuando usted llega a este límite, que es totalmente personal, usted necesita contar con ayuda. No sirve querer salir sola – como yo quise, como ella [su amiga] quiso y como muchas quieren porque tienen vergüenza, porque creen que ellas mismas se pusieron en esa situación… Yo creé mi mini red, pero yo sabía con quien podría contar en aquel momento. De hecho, me tomaron de la mano y me sacaron de allí", dijo la periodista.
*Nombre alterado, a pedido de la entrevistada, para preservar su identidad.
