LAVA JATO

¿Es posible combatir la corrupción sin destruir la economía?

Continuación de la serie "Lava Jato y desindustrialización": como el Judicial se lavó las manos respecto al desempleo

Curitiba

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Ex ministro José Eduardo Cardozo y juez Sergio Moro divergieron, en 2015, sobre la necesidad de suspensión de contratos de la Petrobras / Divulgación

 

Doctor Moro, el señor se siente responsable porque la Lava Jato ha destruido la industria de la construcción civil de este país? – dijo el ex presidente Lula, en su condición de reo de la Lava Jato, en declaración ante el juez Sergio Moro en Curitiba el día 10 de mayo. – Tengo certeza de que no.

– Pero el señor entiende que lo que perjudicó a esas empresas fue la corrupción? – rebatió el juez de primera instancia.

– No. Fue el método de combatir la corrupción.

– A que se refiere el señor? – cuestionó Sergio Moro, ajeno a los impactos económicos de la operación.

Dos millones de puestos de trabajo cerrados, según la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda. 29 mil millones de dólares botados, debido a la paralización de obras. Conforme fue demostrado en el primer capítulo de esta serie, los perjuicios decurrentes de la Lava Jato congelaron la economía brasileña y empujaron el desempleo en varias regiones del país.

Economistas, sindicalistas y los propios obreros desempleados afirman que la operación debería castigar solo a los políticos y ejecutivos corruptos, en vez de destruir las empresas y provocar despidos en masa. Pero ¿será posible combatir la corrupción en grandes corporaciones sin afectar la economía?

Para responder a esa pregunta, el reportaje de Brasil de Fato buscó entender cómo se dan los castigos en caso de coima, fraudes, caja 2 y desvío de dinero en los países mejor colocados en el ranking de corrupción elaborado por la ONG Transparencia Internacional (TI). Entre los diez primeros de la lista, Alemania es la única que enfrentó escándalos de corrupción recientes, de repercusión internacional, y que permiten comparación con la operación Lava Jato.

El ranking está basado en el llamado Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), calculado anualmente por la TI desde 1995. El cálculo es hecho a partir de relatos de ciudadanos y de informaciones extraídas de funcionarios públicos, políticos y especialistas en el tema en cada país. Según los organizadores, medir la corrupción a partir de la experiencia y de la percepción de las personas es una manera de evitar que los países que mantienen delitos graves “debajo de la alfombra” sean beneficiados en el ranking.

Caso Siemens

 (Crédito: Divulgación Siemens)

En 2005, el conglomerado industrial alemán Siemens fue acusado de pagar más de mil millones de euros en coimas para cerrar contratos de obras internacionales. En Brasil, el grupo fue citado en investigaciones de corrupción hace cuatro años – ejecutivos de la Siemens confesaron participar de un cartel para sobrefacturar en 20% las obras de metros y trenes en São Paulo, durante los gobiernos PSDB.

Al descubrir que la caja 2 era una práctica institucionalizada en la empresa, la Justicia alemana condenó a Siemens a pagar una multa equivalente a 395 millones de euros. Del Poder Judicial de los Estados Unidos vino otra multa: cerca de 800 millones de dólares. Entre penalizaciones y gastos de abogados, el escándalo costó al conglomerado más de 2 mil millones de euros.

La multa no llegó ni cerca de afectar la salud financiera de la empresa, cuya facturación era superior a 70 mil millones de euros. Ningún trabajador fue despedido, pero los ejecutivos corruptos no pasaron impunes: la Siemens fue obligada a cambiar toda la dirección – del presidente ejecutivo, Klaus Kleinfeld, al presidente del consejo de supervisión, Heinrich von Pierer. Varios directores fueron presos, y decenas responden hasta hoy en la Justicia por el crimen de soborno.


No tiene sentido castigar a la empresa, tratarla como si fuera una persona física.


Caso Volkswagen

(Crédito: Divulgación)

En septiembre de 2015, el gobierno estadounidense denunció una fraude en 500 mil vehículos de la ensambladora alemana Volkswagen que circulaban en el país. En cada automóvil, era instalado un software para burlar la emisión de contaminantes, para alcanzar los niveles exigidos en la fase de pruebas.

La Volkswagen admitió que el fraude fue aplicado en 11 millones de vehículos a diesel en todo el planeta. El presidente del grupo, Martin Winterkorn, renunció al cargo en menos de una semana. Ingenieros encargados de adecuar los carros a las metas de emisiones de contaminantes en cada país fueron investigados y castigados. De un día para el otro, las acciones del grupo en la bolsa de valores de Frankfurt cayeron 19%.

La Unión Europea procesó, en diciembre del año pasado, a siete países del bloque que no aplicaron sanciones a Volkswagen y sus subsidiarias después la comprobación de que la empresa había estafado en las pruebas. Economistas alemanes señalaban que, dada la desvalorización de las acciones del grupo en la bolsa y el volumen de multas que la ensambladora tuvo que pagar en otros países – inclusive en Brasil –, era recomendable que el Poder Judicial “aliviase” las penas a la persona jurídica y concentrase sus esfuerzos en castigar solamente a aquellos que eran responsables directos por los fraudes.

Resultado positivo

Penalizar a los altos ejecutivos y valorar la sobrevivencia de las empresas, para evitar el desempleo, funcionó como estrategia de combate a la corrupción en Alemania, que volvió a figurar entre los diez mejores países del mundo en la última edición del IPC.  Italia, escenario de la operación Manos Limpias – considerada una inspiración para el modelo de investigación y castigo de la Lava Jato – no está siquiera en el grupo de los 60 mejores del ranking. Empatados con Alemania, en una posición privilegiada de la lista de TI, están Luxemburgo y Reino Unido, dos de los países cuestionados por la UE por no aplicar sanciones rigurosas a la persona jurídica Volkswagen.

El Ministerio Público de Múnich y el Poder Judicial alemán no fueron menos rigurosos con la corrupción, en los casos Siemens y Volkswagen, que la operación Manos Limpias o la Lava Jato. La diferencia es que, en Alemania, quien pagó la cuenta fueron solo los criminales. Para los trabajadores de la fábrica, no cambió nada: solo el nombre del patrón.

“Siemens tuvo problemas muy graves, y los alemanes acertaron al proteger a la empresa. Ella está allá funcionando”, analiza el economista Luiz Gonzaga Belluzzo. “No tiene sentido castigar a la empresa, tratarla como si ella fuese una persona física. Es una entidad social, que tiene relaciones con proveedores, empleados. En el caso de la Lava Jato, se tenía que tener mucho cuidado con los efectos colaterales. Decir que, con ese argumento, yo estoy a favor de la corrupción, seria una cosa primaria. Estoy a favor de que la vida de las personas no sea perjudicada de manera tan brutal como está aconteciendo”.

De vuelta a Brasil

Los jueces y procuradores de la Lava Jato optaron por un camino contrario al de Alemania, y las consecuencias fueron trágicas para millones de obreros.

Cuando se castiga a la persona jurídica, en muchos casos, los altos ejecutivos ni siquiera sienten en el bolsillo los perjuicios de la suspensión de los contratos y la paralización de las operaciones financieras. El astillero Mauá, que fue cerrado en Niterói, en Rio de Janeiro, por ejemplo, pertenecía al grupo del millonario boliviano naturalizado brasileño Germán Efromovich. Allá, 14,5 mil trabajadores fueron despedidos de la industria naval, mientras que el empresario mantuvo su facturación en alta a través de otras fuentes. Citado en la delación premiada del ex presidente de Transpetro, Sergio Machado, Efromovich también es uno de los dueños de la empresa aérea Avianca y de una red de hoteles de lujo en Colombia, además de explotar petróleo en el Ecuador y gas natural en los Estados Unidos.

Aunque la investigación sobre las ilegalidades en la Petrobras tenga contornos diferentes del caso Siemens, el dilema es semejante: el Poder Judicial debe o no preocuparse por los impactos económicos de sus decisiones?

El día 28 de enero de 2015, diez meses después del estallido de la Lava Jato, el gobierno de Dilma Rousseff (PT) hizo la primera alerta oficial sobre los perjuicios que la operación podría causar a la economía. El entonces ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, defendió en aquel día, en entrevista colectiva, que los corruptos fuesen castigados “con el rigor de la ley”, sin que eso entorpeciese la “vida económica de los brasileños”.

Sergio Moro no esperó ni 24 horas para dar una respuesta a la altura. En oficio entregado al Superior Tribunal de Justicia (STJ), el juez de primera instancia insistió en la suspensión inmediata de los contratos de la Petrobras con grandes empresas – incluso aquellas que tenían obras en marcha, o casi finalizadas.

¡Paren las máquinas!

Luiz Gonzaga Belluzzo atribuye esa postura a un problema en la formación profesional de los juristas, que son incapaces de mirar la sociedad de manera más amplia, más allá de su ramo de actuación. “No puedo suponer que ellos [jueces y fiscales de la Lava Jato] están actuando de mala fe. Pero, aunque con buenas intenciones, ellos están produciendo una serie de acciones que están produciendo efectos muy negativos en la vida de otras personas”, interpreta. “Si fuera a tomar en cuenta los efectos sobre las cadenas productivas, la posibilidad de recuperar US$ 12 mil millones [valor de resarcimiento divulgado por el MPF] es una cosa ridícula, cerca de 5 a 7 millones de desempleados que fueron producidos por esas acciones. Además de la recesión y de la entrega del Pre sal”, completa.


En última instancia, quien acaba afectado son los trabajadores.


El economista y cientista político William Nozaki no descarta la hipótesis de intencionalidad en la destrucción de la economía nacional. “En el caso de la Lava Jato, existe un diagnóstico equivocado de lo que es la corrupción de Brasil. La tratan como un problema moral, y no un problema propio de la relación entre empresas estatales y empresas privadas, y eso no es una característica brasileña: es típico de la economía de mercado, con el agravante de la falta de reglamentación en Brasil”, analiza. “Eso se sumó a una disposición de implementar un proyecto que favorece la llegada del capital extranjero a Brasil, beneficiando intereses internacionales”.

Vale la pena delatar

Nozaki afirma que la Lava Jato utiliza un mecanismo conocido como cláusula de performance, para atraer a los investigados a hacer acuerdos de delación premiada. Esa cláusula establece que los delatores pueden recibir un porcentaje del dinero restituido por la operación. El cambista Alberto Youssef, por ejemplo, recibirá 2% del valor que ayuda a localizar y devolver a las arcas públicas.

“Esa negociación de valores es problemática. Es muy diferente de la lógica de Alemania, en que se castiga a las personas físicas sin parar las actividades de las empresas”, critica el economista. “En la práctica, los empresarios están en prisión domiciliar, en apartamentos y condominios lujosos, y las empresas están impedidas de hacer contratos y realizar operaciones internacionales. En última instancia, quien acaba realmente afectado por eso son los trabajadores”.

Youssef fue condenado por corrupción pasiva en la Lava Jato. El y decenas de delatores, como Paulo Roberto Costa, ex director de abastecimiento de la Petrobras, Pedro Barusco, ex gerente de servicios de la estatal, y el lobista Fernando Baiano, operador del PMDB en el esquema de desvío de dinero, asumieron sus crímenes y cumplen penas en casa.

Edición: Ednubia Ghisi | Traducción: Pilar Troya