Fue protocolizada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una solicitud para que el Estado brasileño sea incluido en la audiencia pública para explicar la escalada de violencia en el campo, que quedó evidenciada con la masacre en Pau D’Arco en Pará. El anuncio fue hecho en rueda de prensa realizada este lunes 14, por miembros de la Clínica de Derechos Humanos de la Amazonia de la Universidad Federal de Pará (UFPA) y por el coordinador de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT) en Pará.
De acuerdo con la profesora Valena Jacob, directora de la Facultad de Derecho de la UFPA, la previsión es que en septiembre la Comisión deba informar si acepta o no el pedido. Si acepta, Brasil deberá comparecer ante la audiencia pública de la Comisión en Montevideo, capital de Uruguay, en el período del 23 al 27 de octubre.
Todavía según Jacob, la Comisión realiza durante el año sesiones de audiencias temáticas para que los países signatarios de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que están cometiendo violaciones de derechos humanos, puedan discutir sobre los temas que fueron propuestos, en el caso de la solicitud, el tema encaminado fue violencia e impunidad en los conflictos agrarios en Brasil.
“El Estado brasileño precisa ser llamado a la Comisión Interamericana en esa sesión pública donde varios otros temas serán discutidos con varios otros estados que no están respetando la CADH, la Convención Americana de Derechos Humanos”, resaltó Jacob.
El profesor Girólamo Treccani, miembro de la Red Amazónica de Clínicas de Derechos Humanos y que también firma la petición por la UFPA, afirmó que la masacre que ocurrió en Pau D’Arco hace parte de un cuadro que hace años se repite en el país: “La denuncia del caso de Pau D’Arco se inserta en un cuadro de violencia contra campesinos que ocurre hace mucho tiempo, y a nuestro entender, en el entender de las Clínicas y en el entender de las personas que firmaron este documento, no recibió hasta ahora la debida respuesta por parte del Estado brasileño”.
El investigador evalúa que el aumento de la violencia en el campo en los últimos años se debe al desmantelamiento de políticas públicas en el campo, que ya venía en proceso de desaceleración iniciado en el gobierno de Dilma Rousseff (PT), y que empeoró en el gobierno del presidente golpista Michel Temer (PMDB).
El coordinador de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) en Pará, Padre Paulo Joanil da Silva, recordó que incluso después de la masacre que victimó diez trabajadores rurales y un líder del campamento de la hacienda Santa Lúcia (en el mismo lugar en que ocurrió la masacre, 40 días más tarde), varios otros asentamientos y campamentos del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) sufrieron ataques violentos.
“La masacre de Pau D’Arco es una alerta máximo de la gravedad de los conflictos que acontecen en el campo. Incluso después de esa gravedad ocurrida contra los trabajadores de Pau D’Arco otras acciones continuaron en varios campamentos del Movimiento Sin Tierra del sur de Pará: casas y rozas quemadas, actos de fuerza de guardias de seguridad de hacendados, en el fondo son los pistoleros los que siguen reinando. Nosotros no podemos tolerar, nadie aguanta más colocar a las poblaciones como víctimas de masacres”.
La petición fue elaborada por las Clínicas de Derechos Humanos de la UFPA, de la Universidad del Estado de Amazonas (UEA), de la Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR), de la Universidad Federal de Rio Grande (FURG) y por la CPT.
