Dos casos que involucran a los integrantes de la Operación Lava Jato sacaron a la luz la cuestión de la "ayuda vivienda", un subsidio para alquiler de viviendas que reciben los magistrados en el país: beneficio concedido al juez Sergio Moro, de la ciudad de Curitiba, responsable por la condena de Lula en primera instancia en el ámbito de la Operación Lava Jato, y al juez Marcelo Bretas, responsable por la Operación Lava Jato en la ciudad de Rio de Janeiro.
El valor máximo del beneficio corresponde a más de US$ 1200 y supera el sueldo de 92% de la población brasileña en 2016. Los dos magistrados respondieron a las críticas, pero se cuestiona cada vez más el subsidio complementario.
Brasil de Fato conversó con dos especialistas ligados a la Articulación Justicia y Derechos Humanos (JusDH), red que actua en defensa de la democratización del Poder Judicial en el país. Los especialistas son unánimes en clasificar la 'ayuda vivienda' como un privilegio injustificable.
Rafael Custodio de la ONG Conectas afirma que en este debate se debe tener en cuenta la desigualdad social brasileña.
"Brasil es una país claramente desigual. Dentro de esa desigualdad hay un déficit habitacional histórico. La 'ayuda vivienda' se trata de desvío de dinero público, que podría ser usado en la política habitacional, pero la casta judicial ha resolvido usar un quiñón del presupuesto público para el propio beneficio", dice.
Se estima que 17 mil magistrados se benefician con la ayuda. En un solo mes, el Estado brasileño tuvo un gasto de más de US$ 17 millones con estos beneficios.
Si se suman otros beneficios - como los de salud y alimentación - la suma de dinero sobrepasa los US$ 30 millones, según el análisis de la revista Veja.
La "ayuda vivienda" se extiende a todos los magistrados debido a una medida cautelar del ministro del Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux en 2014. La hija de Fux, que recibe el beneficio, tiene dos apartamentos en Rio de Janeiro.
Maria Eugenia Trombini, abogada de organización Terra de Direitos [Tierra de Derechos] señala la capacidad de organización corporativa de los magistrados, que procede de la posición que ocupan en la estructura del Estado.
"Esos funcionarios son organizados, se organizan muy bien. Son articulados y están en los espacios de poder, en posiciones calificadas que permiten la interlocución con el Poder Ejecutivo y Legislativo. Sus reivindicaciones tienen mucha más penetración y éxito que los asuntos de las otras categorías de funcionarios", asevera. Ella además comenta que "si la propuesta del gobierno es de recortes presupuestarios, el profesor de una escuela pública municipal no tiene el mismo poder y la misma posibilidad de diligencia que tienen los magistrados".
Cuestionamientos
La conducta de Marcelo Bretas fue cuestionada por recibir la ayuda junto con su esposa, que también es jueza, cuando una resolución del Consejo Nacional de Justicia veta la recepción del beneficio cuando el cónyuge ya lo tiene. En las redes sociales, Bretas afirmó que reivindicó el subsidio por considerarlo "un derecho"suyo.
Rafael Custodio considera la postura del juez como la defensa de algo indebido y contradictorio con la noción de ciudadanía. "El problema, más allá de estos personajes, es la mentalidad de los funcionarios del Poder Judicial brasileño, que piensan que son una verdadera casta política, económica y social y no se avergüenzan de eso. El poder judicial históricamente está formado, pensado y compuesto por la élite, una élite que usa su lugar privilegiado para administrar el dinero público sin ningún constreñimiento, dice. "Es algo que no tendría lugar en un Estado democrático de Derecho", complementa.
A su vez, el juez Sergio Moro recibe la misma ayuda, pero tiene un inmueble propio en la ciudad de Curitiba. Cuestionado sobre recibir la "ayuda vivienda", contestó que "aunque sea algo discutible, compensa la ausencia de reajuste de salarios desde 2015 que de acuerdo con la ley deberían ser reajustados todos los años", dijo.
"El propio juez protagonista del debate político confiesa que la ayuda no tiene que ver con la vivienda, sino que es utilizada para burlar los límites salariales de una determinada carrera", rebate Custodio, que hace referencia al límite salarial para funcionarios, equivalente al salario de ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), cerca de US$ 9 mil (33 mil reales). Con los beneficios extras, que no se contabilizan como sueldo, un 71% de los magistrados del país reciben un valor por encima del límite establecido en la Constitución Federal.
"El Poder Judicial que se beneficia de una inmoralidad es quien puede juzgar y quien define si la inmoralidad que practica es de hecho una inmoralidad. La culpa también es del Supremo Tribunal Federal porque fue omiso durante todos esos años", afirma Custódio.
Cuestionamiento legal
Tras cuatro años desde la aprobación de la "ayuda vivienda", la cuestión volverá a la sesión plenaria del STF en marzo de este año. Sin embargo, Maria Eugênia Trombini cuestiona el modelo elegido para la decisión sobre el tema.
“Son integrantes de una categoría decidiendo a respecto de una remuneración de la misma categoría, algo que demuestra las relaciones que caracterizan el poder judicial. Es una decisión sobre privilegios atribuidos a sí mismos", critica.
La abogada defiende que el modelo, más allá de ser algo cuestionable, debe ser analizado desde otra perspectiva:"Aquí en Brasil se cree que los jueces aplican las leyes de modo virtuoso. En Estados Unidos ya se abandonó esa idea y hay análisis realistas, basados en el hecho de que los jueces son personas ordinarias, así como las personas deciden, ellos también".
La investigadora defiende también que para romper ese ciclo son necesarias acciones en dos frentes. La primera es la modificación del acceso a la carrera, para que se garantice que el poder judicial sea más representativo y por lo tanto, se aproxime a la realidad social. Para eso, serían necesarias acciones afirmativas en las pruebas de selección y métodos que garantizan la promoción de las mujeres en la magistratura.
El otro eje del proceso de democratización del poder judicial sería el control social externo, puesto que el funcionamiento del Consejo Nacional de Justicia presenta límites.
"Si hubiera mayor posibilidad de participación y control social, podríamos discutir y construir una nueva agenda de justicia. Sin eso, los espacios siguen muy poco permeables y distantes de la realidad social", dice Trombini.
Se intentó contactar la Asociación de Magistrados Brasileños, pero no contestó hasta el cierre de este reportaje.
En el debate público, las entidades de la categoría defienden, además de la defensa de la 'ayuda vivienda', la aprobación en el Congreso de una propuesta de enmienda constitucional que crearía una remuneración extraordinario por tiempo de trabajo.
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Edición: Vanessa Martina Silva | Traducción: Luiza Mançano
