El diputado Jerónimo Goergen, miembro del del Partido Popular (PP) y del Frente Parlamentario Agropecuario (FPA), consiguió el martes (13) último reunir las firmas suficientes para avanzar con el pedido de urgencia para el trámite del Proyecto de Ley (PL) 9.604/2018, que clasifica a los movimientos populares como grupos terroristas.
El PL modifica el artículo 2º de la Ley Antiterrorista (Ley 13.260/16), que garantiza protección a las manifestaciones sociales, y que afecta directamente al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y al Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST). Desde febrero, el diputado ruralista venía rondando el Congreso en busca de apoyo para hacer avanzar la propuesta.
Para Kelli Mafort, integrante de la Coordinación Nacional del MST, el proyecto de ley del diputado Jerónimo es consecuencia de la Ley Antiterrorista, aprobada en 2016 debido a los juegos olímpicos en Rio de Janeiro.
"El MST siempre estuvo contra esa ley [Antiterrorista] porque sabia que a futuro algún diputado utilizaría eso contra los movimientos como ahora este PL propuesto por un ruralista, integrante del Frente Parlamentario Agropecuario está proponiendo".
Ocupaciones de tierra y bloqueo de carreteras están entre las acciones consideradas como actos terroristas enumerados en el PL del ruralista [como son llamados los dueños de latifundios y de agronegocios]. Kelli afirma que, criminalizando a los movimientos populares, los diputados aprietan el gatillo contra todos los defensores de los derechos humanos.
"El año pasado tuvimos más de 60 asesinatos de defensores de derechos humanos en Brasil y ahora, con el asesinato de Marielle Franco, tuvimos una vida más, de una militante, de una luchadora, una servidora pública, una concejala segada debido a medidas como esa. Son medidas que criminalizan la lucha y que nos hacen imaginar que luchar no es un derecho. El Movimiento Sin Tierra reitera que luchar no es crimen y por eso convocamos a todos y a todas a organizarnos. Que esas leyes que buscan criminalizarnos no callen nuestra voz".
De acuerdo con datos recogidos en 2017 para el informe anual de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) sobre conflictos rurales, Brasil es considerado el país más violento para las poblaciones del campo en el mundo.
