SURAMÉRICA

Entrevista a Edgardo Ortuño | La prisión de Lula y la contrarreforma conservadora

El historiador habla sobre la situación que atraviesa hoy Brasil y su actuación durante el gobierno de Pepe Mujica

Para Ortuño, la ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación decisiva de los grandes medios en el proceso político
Para Ortuño, la ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación decisiva de los grandes medios en el proceso político - as-coa.org

El docente de Historia, primer diputado negro de Uruguay, y exviceministro de Industria, Energía y Minería, cartera que incluye nada más y nada menos que dos importantes pilares para entender cualquier contexto geopolítico latinoamericano como Comunicación y Petróleo, Edgardo Ortuño, quien trabajó codo a codo con el expresidente Mujica, expone su perspectiva sobre la grave situación que atraviesa hoy Brasil.

A continuación la entrevista completa:

Luciana Gaffrée: ¿Cuál es tu perspectiva sobre la situación actual de Brasil?

Edgardo Ortuño: De gran preocupación, porque Brasil vive un deterioro de sus instituciones democráticas, desde el proceso de destitución de la presidenta Dilma Rousseff, culminando con la prisión del expresidente Lula, el candidato con mayor adhesión ciudadana al día de hoy.

Hay que aclarar que independientemente de la orientación, sea de derecha o de izquierda, lo que pasa en Brasil es muy preocupante desde una perspectiva de defensa de la democracia.

Los latinoamericanos no deberíamos olvidar la importancia de Brasil en la vigilancia del funcionamiento democrático en toda la región. El inicio del período de deterioro y posterior quiebre institucional democrático en América Latina comenzó en Brasil en 1964. Por eso, estamos todos los demócratas de América Latina muy preocupados con lo que está sucediendo en Brasil.

¿Por qué usted considera lo que Brasil vive como un deterioro de las instituciones democráticas?

En Brasil, el poder judicial aparece influyendo y determinando procesos políticos importantes, y el Poder Ejecutivo sufre fuerte presión de las cadenas de comunicación más importantes en el país, de las fuerzas conservadoras y ahora también la presión militar. Los militares en Brasil se pronuncian políticamente, con amenazas, generando un contexto de presión indebido, como por ejemplo cuando asistimos a pronunciamientos de generales con mando de tropa previo al dictamen del Supremo Tribunal Federal en el caso del expresidente Lula.

¿Para usted la ausencia de una Ley de Medios en Brasil fue parte relevante para esa articulación?

La ausencia de regulación en Brasil ha permitido una actuación decisiva de las grandes cadenas y de los grandes medios en el proceso político, que ha dejado a los ciudadanos rehenes de su perspectiva, en gran medida al no brindarles toda la información en su diversidade, buscando reforzar una única narrativa del momento, con noticias sesgadas, sin pluralismo ni opiniones divergentes.

Implementar la normativa de medios no ha sido fácil en toda la región latinoamericana. Si bien ha ingresado en la agenda de todos los gobiernos progresistas en la última década, ha tenido muchas resistencias y niveles dispares de aplicación en toda la región.

Uruguay, Argentina y Brasil asumieron la meta de construir una normativa para garantizar la libertad de pluralidad en los servicios de comunicación audiovisual, pero con contenidos y resultados dispares. En Argentina, con una aprobación y luego, con el gobierno de Macri hubo una desarticulación de los principales aspectos que contenía la “ley de medios”. En Brasil se dio la frustración del proceso, que nunca llegó a concretarse.

En Uruguay la Ley de Medios ha sido precedida de un proceso de consulta social a todos los involucrados, largo y profundo, incluyendo a los propios dueños de los medios de comunicación, periodistas, organizaciones de la sociedad civil y todos los partidos políticos, sin excepción, porque atravesó por una etapa de debate parlamentario larga y profunda, en un parlamento como el uruguayo, donde están representados todos los partidos políticos. Tuvo también una larga consideración del Poder Judicial que ratificó su constitucionalidad, por lo que está en optimas condiciones para su aplicación plena, lo que aún no se ha producido.

Usted promovió esta lucha, ¿verdad?

Fui un promotor decidido de la ley, entre otros, porque creo que la regulación democrática de los medios que garanticen tanto la libertad editorial, de opinión, de los medios, libres de la presión del gobierno de turno, como la garantía del acceso de los ciudadanos a informaciones plurales, diversas, son cuestiones absolutamente claves en una democracia.

La agenda de regulación y modernización de las telecomunicaciones y de los medios de comunicación masiva es aún una agenda pendiente en América Latina y en el caso de Argentina y Brasil, con los nuevos gobiernos, vimos un retroceso o mismo el aborto de esa reglamentación.

¿Usted cree que Lula es víctima de una guerra jurídica?

En Brasil se da un proceso donde se verifican actores judiciales que más parecen inquisidores que jueces imparciales, y al mismo tiempo campañas sistemáticas y tendenciosas de los medios masivos, por lo tanto, estamos sí frente a un caso de guerra jurídica o abuso de la ley con objetivos políticos y prejuzgamiento mediático. Tal vez sea el caso de Lula el más dramático.

Los medios no difunden ni de cerca con la misma intensidad y profundidad los argumentos o contraargumentos de la defensa de Lula. Ahí es donde uno verifica la toma de partido de los medios de comunicación alineados con un poder judicial que también toma partido y asume posiciones políticas, e incluso pronunciamientos políticos.

En Brasil se nota claramente un desmedido protagonismo de los poderes judiciales por sobre la propia voluntad de la ciudadanía y de la Constitución, asociado a un lobby conservador y campañas mediáticas muy importantes, donde se ve un uso abusivo de la ley en un proceso de apariencia legal, pero de esencia antidemocrática.¿Uruguay tiene como impedir una guerra jurídica?

La judicialización de la política se está viendo en toda la región. Lo que es preocupante. La guerra jurídica surge como una estrategia para deslegitimar y desplazar las fuerzas progresistas cuando no se logra apoyo ciudadano para ello en las urnas. Es una tentación del bloque conservador en toda la región.

La Ley de Medios inhibe ese tipo de acciones tendenciosas de los medios masivos, que por suerte en Uruguay no se han vivenciado con la intensidad que vemos en Brasil. En nuestro caso, lo fundamental es que no hay puntos de apoyo en la realidad para eso.

¿Ancap no sería el punto de apoyo en la realidad? ¿No ve una correlación entre las investigaciones en Petrobrás y en Ancap?

-No es casualidad en el contexto regional, que se tome a la empresa petrolera del Estado como objeto de estudio y de investigación. Pero, al momento no ha habido pruebas de procesos de corrupción que involucren al Poder Ejecutivo o al gobierno, sino que hay cuestionamientos puntuales a quienes ejercieron determinados cargos en Ancap en determinado período.

Ahora, se nota claramente que la derecha uruguaya está desesperada por asociar la situación en Uruguay con la política interna de Brasil y de Argentina, porque no hay un proyecto de la oposición alternativo o que sea confesable.

Porque el proyecto político y económico de la derecha en la región es un proyecto inconfesable. De ser confeso jamás tendrá el respaldo ciudadano: rebaja de salario, rebaja de derechos, desregulación laboral, disminución de garantías previsionales para la jubilación, distribución regresiva de la riqueza, radical reducción de la inversión en políticas sociales, en fin, un programa inconfesable e irrespaldable, ¿y quién votaría en eso? De ahí el atajo por el enchastre, la judicialización, para intentar aislar a las fuerzas políticas progresistas que cuentan con respaldo popular.

¿Entonces, cual fue el punto de apoyo en la realidad para Dilma y Lula?

-Yo creo que el antecedente del “mensalão” fue dramático para la legitimidad del Partido de los Trabajadores, los procesos de compra de votos o de corrupción y juicios de referentes políticos históricos del PT, acusados de sobornos y de enriquecimiento personal ilícito, contribuyeron a la desestimación y claramente a la reducción del apoyo popular al partido gobernante, generando condiciones subjetivas para el avance de esta ofensiva judicial conservadora, agravado por un debilitamiento del apoyo ciudadano, ambientando un clima de agresión y finalmente de desplazamiento de Dilma del poder y ahora la prisión de Lula.

Cuando dijeron “tirar esa basura al mar” al transportar Lula en un avión de la FAB para Curitiba, se nota una plena alusión al Plan Condor. ¿Usted cree que hay peligro que se repita lo de 64?

Por el protagonismo totalmente inadmisible que han tomado figuras representativas del Ejército, del poder militar, yo creo que hay un peligro objetivo de quiebre de la institucionalidad democrática de Brasil, con el respaldo del poder económico más tradicional y conservador de Brasil, contrario al desarrollo productivo y a la forma como el PT manejaba la redistribución de la renta y la economía, por ejemplo, con un salario mínimo por arriba de la inflación.

Por todo eso es que voten a la derecha o a la izquierda, los demócratas de la región debemos estar preocupados y ser solidarios con el mantenimiento de la democracia en Brasil, que claramente está amenazada.

Tuvo bajo su Ministerio tanto el petróleo como la comunicación, dos grandes poderes hoy. Teniendo este poder en las manos, ¿qué críticas tiene usted a hacer a la izquierda hoy?

Lo que debemos asumir con autocrítica es que no hemos desarrollado en todo su potencial una estrategia de desarrollo productivo integrado.

El proyecto de la derecha es un proyecto radicalmente individualista, que no cree en la igualdad y, por lo tanto, no genera oportunidades de desarrollo para todos y todas. Pero tampoco genera un desarrollo soberano, independiente, porque no cree en ello.

No podemos olvidarnos que Brasil desplegó una estrategia geopolítica alternativa, rompiendo el esquema unipolar. Eso generó enorme oposición desde los centros de poder, porque el gobierno progresista del PT logró articulaciones económicas y de poder alternativas, como el caso del BRICS, del Mercosur y UNASUR, en una estrategia alineada con los países más emergentes y también con los países más carenciados. Lula tenía una apuesta claramente geopolítica alternativa a las lógicas de dominio unipolar occidental.

¿Por eso importa tanto el destino y la orientación política de Brasil?

Claro, porque perder el protagonismo de Brasil en el escenario mundial y regional, lo sufre toda América Latina. De no retornar Brasil a estos niveles de protagonismo, volveremos a la no existencia de incidencia de América Latina en el concierto del mundo.

Aumentará la pobreza, aumentarán los niveles de dependencia económica y se retrocederá en el respeto de los derechos en general, en particular de los más desfavorecidos.

¿Estamos ante un ataque conservador a nivel regional?

Creo que sí, que asistimos a una contrarreforma conservadora, en toda América. Y esa contrarreforma busca el retorno a lo peor de la cultura conservadora de nuestras sociedades. Me refiero a que hay una oposición radical a la redistribución de la riqueza, a la salida de la pobreza de un porcentaje significativo de la población, pero también a la nueva sensibilidad cultural que supone “la agenda de derechos” que ha impulsado la izquierda.

Esa oposición también se nota en Uruguay. La redistribución de la riqueza irrita principalmente a las elites de nuestros países. También hay un rechazo ideológico y cultural, de contenido reaccionario, a las políticas de derechos implementadas por los gobiernos progresistas, contrarios a los derechos de la mujer, a las cuotas, a las políticas de equidad racial, a la diversidad de género. Lo que ahora se expresa en campañas explícitas contra lo que llaman ideología de género. Asistimos al impulso de una contrarreforma de las derechas, a una reacción conservadora.

Creo que acierta Lula en su discurso cuando dice que el problema no es Lula, sino la continuidad y el avance de esas conquistas.

Lo grave es si imponen los cambios sin aprobación ciudadana. La soberanía popular de Brasil no fue respetada, porque se votó un programa de gobierno propuesto por la Presidenta Dilma y con su destitución se procesó un cambio radical en las políticas públicas, con la reforma del sistema previsional, los cambios en la política laboral, en el modelo de desarrollo, con la intención de favorecer a los intereses económicos tradicionales, debilitando el desarrollo económico de mediano y largo plazo de Brasil y de toda América Latina. Un cambio de programa sin mediar la decisión soberana, que ahora se pretende reiterar impidiendo la elección de Lula.

¿Cuál sería entonces el gran desafío de los partidos progresistas hoy?

- El gran y mayor desafío quizá sea la concientización del pueblo de lo que está en juego y reivindicar el contenido ético de nuestro proyecto. Hay que concientizar al pueblo sobre el peligro de un retorno a las políticas más conservadoras y de elite pudiente.

Lograr hacer despertar a la militancia sobre los proyectos en juego y su papel para definir el futuro. La concepción de la izquierda es una concepción humanista, solidaria, que no concibe el desarrollo personal si no es en una convivencia armónica con los otros.

La única manera de prevenir los procesos de amenaza a la democracia es con una participación ciudadana activa y militante en la defensa de la democracia, no aceptando en hipótesis alguna que se viole la Constitución y las garantías de los derechos fundamentales. Para eso, las personas precisan estar bien informadas, y por eso la importancia de los medios de comunicación.

¿Lula es o no preso político?

Mi convicción personal es de una prisión de carácter político. Porque– sin elementos probatorios –se está privando el pueblo brasileño de contar con un candidato que posiblemente resultaría electo. Entonces, es grave, porque se está incidiendo en el futuro electoral y, por lo tanto, en la orientación política del país. En dos años sacaron a Dilma y a Lula. No podemos más que calificar de político ese proceso judicial. Pero, no es un proceso terminado, no está resuelto su final.

No olvidemos que Lula puede ser precandidato hasta avanzado el mes de setiembre. Es decir que él puede ser un candidato o factor de triunfo presidencial en Brasil desde la prisión. Nosotros lo sabemos porque tenemos como líder histórico fundamental de la creación y del crecimiento del Frente Amplio a un referente que estuvo más de diez años preso, como fue el general Líber Seregni, que desde la cárcel fue un factor fundamental para recuperar la democracia y luego lograr cambiar la realidad electoral.

La prisión de las personas no es la prisión de sus ideas. Muchas veces la multiplican. Porque refuerza la impronta ética que la prisión da a su lucha, que el sacrificio personal desde la prisión da a su lucha. Y ese contenido ético jamás podrá tener la derecha, incapaz de estos sacrificios personales en función de proyectos colectivos.

*Licenciada en Ciencias de la Comunicación – Facultad de Información y Comunicación FIC – UdelaR.

Edición: Rebelión