Actualmente en la mira del gobierno golpista de Michel Temer (del Movimiento Democrático Brasileño), la soberanía nacional es tema central en el debate sobre los rumbos políticos y económicos del país. Y es en ese sentido que ella también se destaca en el manifiesto “Huelga de hambre por justicia en el Supremo Tribunal Federal”, realizado por los militantes de movimientos populares que actualmente realizan la protesta en Brasilia (DF).
Brasil de Fato consultó a algunas de las organizaciones – involucradas directamente en la huelga o que apoyan al movimiento – para saber lo que tales segmentos tienen por decir sobre el asunto.
Gilmar Mauro, de la coordinación nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), una de las organizaciones involucradas, resalta que el tema tiene gran relevancia nacional, pero aún es poco explorado.
El destaca la preocupación con el dominio del capital financiero a escala planetaria y con el avance de grupos de esa naturaleza – especialmente los bancos – sobre la economía nacional.
“El principal problema de la pérdida de soberanía es que el capital financiero es quien dicta y determina que políticas deben hacer todos los países del mundo”, explica.
Como consecuencia de ese proceso, él cita la inversión de prioridades en lo que se refiere a las inversiones públicas.
“La PEC [Propuesta de Enmienda Constitucional] que congela los gastos públicos hace eso en el ámbito social – salud, educación, reforma agraria y agricultura, etc.—, pero no congela el principal de los gastos públicos, que es lo que gana el capital financiero”, ejemplifica el dirigente.
La declaración es una referencia directa al montante de la deuda pública, que corresponde a los valores debidos por el gobierno dentro y fuera del país. En 2017, el total fue de R$ 93.400 billones, segundo la Secretaría del Tesoro Nacional.
Los números también sorprenden cuando se analiza el pago de intereses y amortizaciones: en 2016, por ejemplo, Brasil pagó más de US$ 263 billones dentro del montante de la deuda solamente para este fin, el equivalente a US$ 8.100 millones por día; en 2017, el total sobrepasó el techo de US$ 259 mil millones, con una marca de US$ 7.100 millones al día.
“Eso estrangula cualquier política pública nacional”, resalta Gilmar Mauro.
Energía y agua
Para los movimientos populares, otro aspecto relevante en el debate de la soberanía nacional es la valorización de la Petrobras, actualmente objetivo de diferentes políticas de carácter privatizador, que permiten el avance del capital extranjero sobre la estatal.
Una de ellas es la medida que retiró la exclusividad de la compañía sobre la exploración del Pre sal, abriendo espacio paras las multinacionales. El cambio se dio después de la aprobación del Proyecto de Ley (PL) 4567/16, de autoría del senador del Partido de la Socialdemocracia Brasileña José Serra (SP), en 2016.
El director de la Federación Única de Petroleros (FUP), Deyvid Bacelar, destaca que el cambio de rumbo compromete, por ejemplo, la cadena de generación de empleos que orbitan en torno a la empresa. Entre 2003 y 2013, la Petrobras absorbió 40 mil nuevos trabajadores concursados y otros 300 mil tercerizados.
El dirigente añade que esa cadena da sustentación al trabajo de la estatal, que ocupa el octavo lugar en el ranking de las mayores compañías del sector de petróleo y gas.
“No es solo una empresa que perfora pozos, produce y vende petróleo. Estamos hablando de una gigantesca empresa integrada, que ya fue la cuarta mayor del mundo. Todo eso está en jaque debido al amplio proceso de privatización que ocurre”, señala.
Además de la defensa de la Petrobras, las organizaciones del campo popular cultivan una preocupación con la preservación de los recursos naturales y el acceso a agua y energía.
Josivaldo Alves de Oliveira, de la coordinación nacional del Movimiento de Afectados por Represas (MAB), destaca que el avance neoliberal en el país ha puesto en el centro esos derechos, amenazados, por ejemplo, por la privatización de Eletrobras.
El dirigente subraya que los segmentos populares hacen fuerte oposición a la medida y que hasta en países liberales, como Estados Unidos y Noruega, el Estado controla la producción de energía por razones estratégicas.
“Un país no tiene soberanía si no tiene, de hecho, mucha autonomía, inclusive mucha garantía de que sus riquezas sean controladas por su pueblo a través del Estado, con participación popular”, puntúa.
