Los movimientos populares que actúan por el derecho a la vivienda aumentaron el grado de alerta con relación al gobierno Michel Temer (MDB) en los últimos días.
En una reunión realizada el jueves pasado (9), en el Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión (MPOG), en Brasilia, capital del país, los líderes fueron informados que en el presupuesto de 2019 no habrá presupuesto para la construcción de 29.500 unidades habitacionales del programa Mi Casa, Mi Vida.
Este número de viviendas se trata de una promesa del ministro de Ciudades, Alexandre Baldy, durante la Marcha Nacional por el Derecho a la Ciudad, en la capital federal, en junio de este año.
Además, el gobierno informó que el presupuesto tampoco permitirá la contratación de 50 mil unidades de habitación rurales, otro punto que estaba en el acuerdo entre Baldy y los segmentos populares.
La política nacional de habitación está paralizada desde el golpe de 2016. La insatisfacción de los movimientos se inserta en el contexto de intensificación de la disputa presupuestaria en el poder Ejecutivo, resultante del actual ajuste fiscal impulsado por Temer.
Entre bastidores, el gobierno prepara la propuesta presupuestaria de 2019, que será encaminada al poder Legislativo a fines de este mes. Según Evaniza Rodrigues, de la Unión Nacional por Vivienda Popular, el Ejecutivo informó a los militantes que la idea nacional del Ministerio es considerar cerca de U$S 1,6 mil millones en presupuesto para todas las áreas del Ministerio, que incluyen habitación, saneamiento y movilidad urbana.
Por el momento, esta información es extraoficial, pero preocupa a los movimientos populares especialmente debido a las consecuencias del ajuste fiscal, previsto para durar 20 años.
“Se trata de un efecto concreto de la PEC [Propuesta de Enmienda Constitucional] que congela la inversión pública por 20 años en todas las áreas, lo que reitera la ausencia de compromiso de este gobierno con la población más pobre”, critica la militante.
Bajo ingreso
Según un estudio realizado por la Fundación Getulio Vargas (FGV) en 2015, a partir de datos oficiales del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), el país tiene un déficit habitacional de 7,7 millones de viviendas.
No hay estudios recientes que ayuden a medir el problema, pero Evaniza Rodrigues señala que cerca de 90% de este total son personas con ingreso inferior a tres salarios mínimos, la población más perjudicada por la paralización de la política habitacional.
“Ellas no tienen otra alternativa para conseguir vivienda. Tienen o las viviendas irregulares, precarias, insalubres, a las que accedieron gracias a su propio esfuerzo, o los programas públicos”, señala.
Como es el caso de la trabajadora social Sandra Kocura, que no tiene posibilidades de acceder al mercado inmobiliario. Habitante de un barrio popular de la ciudad de São Paulo, está inscrita en programas habitacionales desde hace 15 años y actualmente vive en casa de una amiga porque no tiene ingresos para pagar alquiler.
La información extraoficial del gobierno sobre la imposibilidad de construir las viviendas frustró aún más a la trabajadora social que tiene un hijo de diez años.
“Los trabajadores sufrimos la violencia cotidianamente en todo. No hay interés político en crear políticas habitacionales para garantizar el derecho a la vivienda. Es el Brasil de las desigualdades profundas”, desahoga.
Consecuencias
Ante las decisiones del gobierno, los movimientos populares vislumbran un empeoramiento en la situación habitacional del país, con el incremento de ocupaciones y viviendas en zonas de riesgo.
“Se produce una bomba de tiempo para el próximo gobierno, que tendrá que empezar todo desde el comienzo, porque ni presupuesto van a dejar”, critica Evaniza Rodrigues.
Consejo de las Ciudades
Otro reclamo de los movimientos por vivienda dice respecto al Consejo de las Ciudades, extinguido el año pasado a través de un decreto firmado por el entonces ministro de las Ciudades, Bruno Araújo.
La Confederación Nacional de las Asociaciones de Moradores (CONAM), que reúne cerca de 20 mil entidades, señala que el órgano cumplía un papel relevante para el campo popular porque hacía viable la planificación de políticas públicas a través del diálogo colectivo.
“El Consejo era el único espacio de control social en la aplicación y elaboración de esas políticas. Hemos retrocedido más de 20 años en los dos años del gobierno Temer”, critica el presidente de la CONAM, Getulio Vargas Júnior.
El retorno del Consejo era otra de las promesas del ministro Alexandre Baldy anunciada en la Marcha Nacional por el Derecho a la ciudad, pero Vargas señala que hasta el momento no se efectuó.
“No tengo ninguna respuesta efectiva. Tenemos expectativas y nuestra movilización, pero respuestas por parte del gobierno, ninguna”, señala.
Gobierno
Brasil de Fato contactó a la asesoría de prensa del Ministerio de las Ciudades para hablar sobre las críticas realizadas por las personas consultadas en este reportaje, pero no hubo respuesta hasta el cierre del texto.
