Con el abordaje de temas polémicos del campo jurídico, a partir de una perspectiva conservadora, un grupo de fiscales estaduales y federales realizaron el primer Congreso Nacional del colectivo Ministerio Público (MP) Pro-Sociedad en Brasilia (DF).
La programación del evento, que tuvo lugar en la Escuela Superior del Ministerio Público del Distrito Federal, los días 29 y 30 de noviembre, incluyó teorías sobre la relativización de derechos fundamentales en el curso de procesos penales y la “descontextualización” de las cifras en las que se basan las políticas, como las cuotas [para afrodescendientes y alumnos de escuelas públicas] en universidades y en el servicio público, meollo de la mesa titulada “La estadística usada a servicio de la ideología”.
Otro espacio, destinado a la discusión sobre manifestaciones artísticas, apuntaba a la “importancia de la cultura occidental” y la “relativización del arte y de la alta cultura como el camino para lo peor”. Otras mesas abordaron cuestiones como “¿la escuela puede ser usada para imponer ideologías?” y “¿reducción de la edad penal o aumento del tiempo de internación?”.
En el primer día de actividad dedicaron amplio espacio para discutir el “Derecho Penal del Enemigo”. La mesa parte de una teoría elaborada por el jurista alemán Gunther Jakobs, en la década de 1980, defendiendo que determinados grupos sociales que estarían contra la propia existencia del Estado – como los terroristas – deben ser investigados y procesados criminalmente sin garantías y sin respeto por sus derechos fundamentales en nombre de la propia preservación de la sociedad. Así, habría dos derechos penales: uno para los ciudadanos y otro para los “enemigos”.
Durante la mesa sobre el tema, de la cual el reportaje de Brasil de Fato no participó, el MP Pro-Sociedad debatió la pertinencia de aplicar tal concepto a la realidad brasileña, teniendo como foco el llamado crimen organizado y los participantes en esquemas de corrupción.
