La Reforma de las Pensiones de Jair Bolsonaro se definió más esta semana. La Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) del equipo económico del gobierno de extrema derecha retoma medidas de la primera propuesta de Michel Temer (MDB), como equiparar la edad de jubilación de hombres y mujeres a 65 años.
El texto de la PEC fue divulgado este martes (5) por el diario brasileño Estadão y por la agencia Broadcast. El gobierno quiere fijar un tiempo de contribución de 40 años para quien quiera recibir el valor integral del beneficio. Pero la gran novedad del texto es la creación de un sistema de capitalización.
En este sistema, el Fondo de Pensiones se extingue. Las contribuciones van a una cuenta individual y son aplicadas en inversiones. El valor es definido en la contratación del plan, y el beneficio que será recibido varía de acuerdo con la rentabilidad.
Hoy, el modelo de las Pensiones se basa en el sistema de repartición: contribuyen los trabajadores, las empresas y el Estado. O sea, un fondo financiero que crece cuando el empleo crece.
La economista Denise Gentil, profesora de la Universidad Federal de Rio de Janeiro (UFRJ), teme los efectos de la propuesta después de la aprobación de la reforma laboral. Según ella, si se aprueba, la reforma de Bolsonaro aumentará la desigualdad en el país.
“El costo social de este cambio es el siguiente: sólo los trabajadores que consigan ahorrar una parte de su salario podrán hacer una reserva para su período de inactividad", alerta la economista. "Con los bajos salarios que tenemos hoy en Brasil, poquísimos brasileños podrán tener una jubilación en el futuro. Y el Estado resolvió abandonar a esa parte de la población porque simplemente, el régimen de distribución se acabó”, afirma.
Cuatro de cada diez trabajadores en el país están en el mercado informal, señala el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). Entre 2017 y 2018, se perdieron 460.000 puestos de trabajo formales [con todos los beneficios de ley].
El texto del gobierno, al momento, tiene apenas la previsión legal de la capitalización, dejando su reglamentación para un proyecto de ley. Sin embargo, ya determina que el modelo tendrá carácter obligatorio.
La economista pondera además que la PEC no va a resolver el problema del déficit público. “Al contrario, el sistema de capitalización va a reducir los ingresos y provocar un déficit en el régimen general de repartición, que va a continuar existiendo porque hay jubilados que pertenecen a ese régimen”, dice la economista.
El ex ministro y abogado Carlos Eduardo Gabas, afirma que el modelo, inspirado en la reforma de las pensiones de Chile de la década de 1980, será “un desastre” para el país.
El gran interesado en la reforma dice Gabas, es el sistema financiero. “[La reforma] reduce la protección del trabajador, su garantía de ingresos en el futuro y transfiere recursos públicos a los bancos privados. Esta propuesta no significa ninguna ganancia para la sociedad. El único actor que gana con esta propuesta, son los bancos.”
El ex ministro recuerda que, de la forma en que funciona hoy, las pensiones son una política de distribución de ingreso. “Necesitamos discutir, de hecho, cual es el problema del país. No son las pensiones. Las pensiones son parte de la solución del problema. Un país que se dice civilizado no puede renunciar a un sistema de protección social. No puede entregar al capital especulativo la responsabilidad de proteger a los trabajadores.”
El gobierno de Bolsonaro prevé un período de transición entre los sistemas que llegaría a 19 años.
