La Policía Civil de Pará detuvo al hacendado Fernando Ferreira Rosa Filho, también conocido como Fernando Shalom, considerado el autor intelectual del asesinato de Dilma Ferreira Silva, de 48 años, coordinadora del Movimiento de Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués), en Pará, región Norte de Brasil.
También fueron asesinados su marido Claudionor Costa da Silva, de 42 años, y un amigo de la familia, Hilton Lopes, de 38 años. El crimen tuvo lugar en la casa de Dilma, en el asentamiento Salvador Allende. Las tres víctimas fueron amordazadas, amarradas y asesinadas con armas blancas.
Aún se desconocen los motivos del crimen. Las búsquedas se intensificaron durante el último fin de semana después de que la policía encontró otros tres cuerpos calcinados cerca del sitio donde tuvo lugar el triple homicidio, despertando la hipótesis de que sería un crimen de “quema de archivo”.
Los presuntos ejecutores del crimen también fueron identificados. Son cuatro hermanos – Marlos Alves, Cosme Francisco Alves, Alan Alves e Glaucimar Francisco Alves – y todos están prófugos según el último informe policial.
Líderes del Movimiento de Afectados por Represas fueron sorprendidos con la noticia de la detención durante una reunión con el secretario de Seguridad Pública y Defensa Social de Pará, Ualame Machado.
Posteriormente, el movimiento divulgó una breve nota sobre el asunto el último martes (26) por la noche e informa que “sigue acompañando las investigaciones y reclamando el esclarecimiento del caso y castigo para los asesinos”.
Dilma Silva es una de las afectadas por la presa de Tucuruí y, en 2011, participó de una audiencia con la entonces presidenta, Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores), y le entregó un documento donde exigía la creación de una política nacional de derechos para los afectados por represas, con un enfoque de género.
La presa de Tucuruí, construida durante la dictadura militar, es la hidroeléctrica nacional más grande del país y está ubicada en el río Tocantins, a 310 km de la capital del estado, Pará. Cerca de 32 mil personas fueron desalojadas de sus casas para la construcción de la represa. Desde entonces, luchan para garantizar sus derechos.
