Movimientos populares, sindicatos y federaciones de trabajadores rurales realizarán una serie de acciones este mes para reivindicar políticas públicas para el campo. Las marchas del Abril Rojo van a ocurrir principalmente en la semana del 17 de abril, Día Internacional de Lucha por la Tierra. La fecha fue creada por las organizaciones que forman parte de la Vía Campesina, que reúne campesinos y campesinas en más de 70 países. En 2002 la fecha conmemorativa pasó a estar prevista en la legislación brasileña como el Día Internacional de la Lucha Campesina.
El 17 de abril rinde un homenaje a la memoria de los 19 trabajadores asesinados por policías militares en Eldorado dos Carajás, en el estado de Pará, en abril de 1996.
Esta es la primera Jornada Nacional de Luchas por la Reforma Agraria bajo el gobierno derechista de Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) en Brasil.
Manifestación contra la masacre de Eldorado dos Carajás en Rio Grande do Sul / Foto: Memoria MST
Con la consigna “Derechos campesinos ya, con reforma agraria y justicia social”, las entidades campesinas realizarán manifestaciones y actividades para hacer avanzar las políticas para la agricultura. Según Marina dos Santos, integrante de la dirección nacional del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la única salida posible para enfrentar las desigualdades es la reforma agraria.
“Creemos que la reforma agraria aún es una de las principales formas de resolver a los problemas del pueblo y hacer justicia social, generando empleos, produciendo alimentos sanos y baratos”, explica.
En diciembre de 2018, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales. El documento es un instrumento legal internacional que garantiza el acceso a la tierra, semillas, agua y otros recursos naturales a los campesinos y a las comunidades rurales.
“Esta declaración es una herramienta muy importante que la sociedad tiene que conocer para que pueda ser un instrumento para exigir a los Estados la creación de políticas de fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina. También es un instrumento legal de defensa de las luchas, acciones y resistencias campesinas en Brasil y todo el mundo”, añade Santos.
Entre las actividades que el MST realizará durante la semana del 17 de abril está la organización de un Campamento de la Juventud en el lugar donde tuvo lugar la masacre de Eldorado dos Carajás. El objetivo es rendir homenajes y recordar la resistencia de los 19 trabajadores asesinados.
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Marina asevera la importancia de la jornada para denunciar que el proyecto del gobierno Bolsonaro está “socavando” la política de reforma agraria que el país estaba desarrollando desde su redemocratización en 1985.
“Por ejemplo, nunca en la historia del país se autorizó la venta de tantos agrotóxicos tan rápidamente, sin burocracias. Y Brasil ya es uno de los países que más produce y consume agrotóxicos en el mundo. Ellos quieren incrementar la producción y las ganancias, pero ¿quién pagará las consecuencias?”, cuestiona la militante.
Ella también comenta el debilitamiento del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), lo que, según ella, obstaculiza la identificación de tierras que no cumplen su función social.
“El gobierno está destruyendo la posibilidad de otra agenda en la agricultura brasileña, diferente del proyecto del agronegocio donde el gobierno hoy invierte fuertemente”, finaliza.
Divina Lopes, integrante del MST en el estado de Maranhão, recuerda que proyectos del gobierno derechista van a impactar la vida de personas en las zonas urbanas y rurales.
“El proyecto de la reforma de las Pensiones presentado por el actual gobierno es un plan para quitar de forma perversa los derechos de los más pobres y proteger la riqueza de los bancos y de las grandes empresas. Nosotros, trabajadores del campo y de la ciudad, no vamos a permitir que desmantelen el INCRA y la FUNAI [Fundación Nacional del Indio]”, dice.
Para Divina, el desmantelamiento de los órganos de gobierno incrementan la violencia en el campo y la violación de los derechos humanos de los campesinos, indígenas y quilombolas [comunidades ancestrales de afrodescendientes].
