La Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados aprobó, la noche de este martes (23), el informe a favor de la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) 6/2019, nombre técnico de la reforma de las Pensiones. El parecer tuvo 48 votos a favor, 18 en contra y ninguna abstención, en una votación que finalizó poco antes de la media noche. El proyecto pasa ahora a evaluación de mérito en una comisión especial.
Durante la sesión de este martes, el relator de la propuesta en el colegiado, Delegado Marcelo Freitas del Partido Social Liberal (PSL) – estado de Minas Gerais), presentó un complemento de voto con cambios en el parecer anteriormente presentado por el en favor de la admisión de la constitucionalidad de la PEC.
Los cambios en el texto vinieron después de una negociación de aliados del gobierno con miembros del grupo tradicionalmente llamado “Centrón”, que aglutina partidos del campo de la derecha liberal que no son oficialmente de la base gobiernista en la Cámara.
En el nuevo documento, fueron incluidos cuatro cambios. Uno de ellos trata de la retirada de la parte del informe que preveía la eliminación del pago de multa del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS) para los jubilados. La segunda mantiene a la Justicia Federal como foro para el juzgamiento de acciones contra el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), a diferencia de lo que propone la PEC.
La tercera modificación es el retiro de la definición de jubilación compulsoria de la Constitución, propuesta por la reforma, que permitiría la definición de una edad máxima para ese tipo de jubilación de servidores públicos por medio de una ley complementaria. El último cambio trata de la exclusión de la parte que preveía exclusividad para el Poder Ejecutivo en lo que toca a proponer cambios de las reglas del sistema de pensiones.
“Fue un cambio pequeño. En verdad, no se negoció nada de lo que era más importante. Lo que está por detrás de esto es que el gobierno usó cargos y enmiendas [recursos presupuestarios extra] para convencer a diputados del Centrón para llegar a un acuerdo para votar por la reforma”, criticó el líder de la bancada del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), por el estado de São Paulo, Iván Valente.
Las principales críticas a la PEC que venían siendo presentadas por partidos del Centrón en las últimas semanas no fueron contempladas en la negociación hecha por el gobierno. Los puntos se referían a la retirada de los cambios propuestos por la PEC para los trabajadores rurales y para la concesión del Beneficio de Prestación Continuada (BPC) a ancianos.
Suspensión
Durante la tarde, la oposición intentó, por medio de un requerimiento, suspender la tramitación de la propuesta en la Casa debido a la ausencia de cálculos actuariales y pareceres técnicos que habían sido utilizados para fundamentar la formulación de la medida. Durante la semana, la polémica en torno del sigilo que el gobierno impuso a los datos articuló a los opositores.
Presentado durante la tarde en la CCJ, el requerimiento reunió 103 firmas de diputados de cinco siglas – Partido de los Trabajadores (PT), Partido Comunista de Brasil (PCdoB), Partido Democrático Laboral (PDT), PSOL y Rede. Técnicamente, el pedido se basa en los artículos 113 y 114 del llamado Acto de Disposiciones Constitucionales Transitorias (ADCT) de la Constitución Federal.
El primer dispositivo determina la necesidad de presentación de estimaciones de impacto presupuestario para medidas que crean o alteran gastos obligatorios o renuncian a ingresos, mientras el segundo prevé la suspensión de la tramitación de propuestas por hasta 20 días en caso de presentación de un requerimiento firmado por un quinto de los miembros de la casa legislativa – en el caso de la Cámara, 103 diputados.
Los dos artículos fueron incorporados al ADCT de la Constitución por la enmienda del Techo de Gastos Públicos, aprobada durante el gobierno de Michel Temer (MDB). El equipo del Ministerio de Economía, con el apoyo de aliados del Palacio de Planalto [palacio de gobierno] en el Congreso, ha insistido en el blindaje de los pareceres que habrían norteado la PEC, impidiendo el acceso público a los documentos.
El gobierno dijo, este martes (23), que los datos serán presentados en el próximo paso de la tramitación de la reforma.
“Pedimos la misma cosa que ellos [diputados neoliberales] constituyeron y colocaron en la Constitución con la Enmienda 95 [nombre oficial del Techo de Gastos] en el pasado, pero, para este gobierno, no vale. Es como si no tuviera obligación de presentar números, de ser transparente. En verdad, se está desentendiendo del pueblo brasileño y de la Seguridad Social”, criticó la diputada Maria do Rosário (estado de Rio Grande do Sul), vice líder de la bancada del PT.
Aliados del presidente Jair Bolsonaro (PSL) intentaron, a lo largo de la sesión de la CCJ este martes, rechazar el requerimiento de la oposición con el argumento de que la reforma precisaría ser votada con agilidad.
“Es el tractor de quien quiere, como sea, retirar derechos del pueblo brasileño a la fuerza – en este caso específico, el desmantelamiento de la seguridad social brasileña, para que las personas no consigan jubilarse”, reaccionó el diputado Glauber Braga (PSOL- estado de Rio de Janeiro).
Después de la presentación del pedido, el presidente del colegiado, Felipe Francischini (PSL- estado de Paraná), negó la solicitud, alegando que diez de las 103 firmas no habrían sido reconocidas.
