CONTAMINACION Y DAÑOS A LA SALUD

Relator de la ONU recibe denuncias sobre gestión ambiental del gobierno de Bolsonaro

En misión oficial, Baskut Tuncak escuchó parlamentarios y especialistas sobre impactos de residuos tóxicos

Leia em português | Brasil de Fato, en São Paulo

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"Una de las verdades que saldrán a la superficie es el estrago económico que la intoxicación del planeta ha causado", afirmó Baskut / Vinicius Loures/Cámara de Diputados

La cuestión de la filtración de petróleo en la costa de Brasil fue resaltada en audiencia pública en la Cámara de Diputados este martes (3), con la presencia del relator especial de la ONU en el área de “Implicaciones de la gestión y eliminación ambientalmente racional de substancias y residuos peligrosos”, Baskut Tuncak.

En misión oficial en el Brasil hasta el día 13, el emisario estuvo en la Comisión de Derechos Humanos y Minorías (CDHM) de la Casa para oír relatos y recibir datos de parlamentarios y especialistas sobre el tema.

En medio del drama que afectó, hasta ahora, la costa de 11 estados brasileños, el coordinador de la comisión externa de la Cámara que acompaña las investigaciones sobre la filtración de petróleo, diputado João Daniel (PT-SE), destacó que el problema fue identificado el 30 de agosto y llegó a un total de 866 localidades en 127 municipios, según el último boletín del IBAMA (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y Recursos Naturales).

“No tenemos, hasta hoy, ninguna comprobación del origen del petróleo. El gobierno federal en ningún momento actuó respecto del caso sin que antes haya habido una denuncia o reclamo por parte de la sociedad, de la Cámara Federal, del Senado y, en especial, de las comunidades afectadas”, relató el parlamentario.  

El problema de los residuos tóxicos se expresa también en otras cuestiones, que también fueron llevadas al relator de la ONU por operadores del sistema de Justicia e integrantes de movimientos populares.

"Suspensión de derechos"

La subprocuradora-general de la República Deborah Duprat, titular de la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), compartió diferentes preocupaciones, entre ellas la actuación de empresarios del agro negocio y de otros ramos que dificultan demarcaciones de áreas indígenas, de quilombos [comunidades ancestrales de afrodescendientes] y para la reforma agraria. Ella afirmó que Brasil vive un cuadro de “suspensión de derechos”.

“Tenemos un cuadro de irresponsabilidad empresarial, a pesar de que el derecho brasileño tiene una legislación muy interesante sobre la responsabilidad de las empresas, especialmente en el campo ambiental, y que la Suprema Corte haya decidido, en más de un caso, que las empresas tienen compromiso igual al del Estado de observar, proteger y promover derechos humanos”, completó, al mencionar además la actuación de mineras.

La acción depredadora de empresas de minería también fue recordada por el geraizeiro [habitante del Cerrado] Adair Nenzão, de la comunidad Vale das Cancelas en el estado de Minas Gerais, en el centro del país, que destacó los casos de Mariana y Brumadinho, dos ciudades del mismo estado devastadas por el rompimiento de represas de la compañía Vale.

“No aceptamos más minería en Minas y pedimos la inmediata interdicción de esas empresas. Es preciso que haya sentido de humanidad y respeto por el pueblo de Minas Gerais y de Brasil”, apeló, al pedir auxilio de la ONU para el caso.  

Agrotóxicos

Se destacó además la liberación de agrotóxicos en Brasil, que ya contabiliza 467 productos inéditos en el mercado nacional este año, el primero de la gestión de Bolsonaro.

“Es el mayor índice de la historia del país, siendo que más de 40% deles son prohibidos por otros países. Hoy se sabe, por medio de investigación, que un en cada cuatro municipios del país tiene en su agua un coctel de agrotóxicos”, destacó el presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Leonardo Pinho, al mencionar los riesgos de la contaminación por ese tipo de producto.  

La exposición a residuos químicos puede ser la mayor causa de enfermedades y muertes en el mundo, según señala la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La problemática afecta principalmente a la población pobre de países de ingresos bajos o medios, blanco de más del 90% de los casos.

La militante Naiara Bittencourt, de la Campaña Permanente contra los Agrotóxicos y por la Vida, subrayó la preocupación con la nueva clasificación toxicológica de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA), que relativiza la gravedad de determinados pesticidas.

“Productos cuyo daño no es tan perceptible o que tienen consecuencias visibles en un período de tempo mayor, como las intoxicaciones crónicas, no tendrán más la calavera indicativa en el embalaje. Imaginen un niño o incluso un trabajador rural que no sabe leer. Ellos no van a poder identificar en ese producto un riesgo tóxico. Eso es muy preocupante”, afirmó al relator de la ONU. 

El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) también llevó preocupaciones relacionadas con la expansión de pesticidas en el campo brasileño. “Nuestra producción está siendo muy amenazada porque no estamos consiguiendo comprobar la certificación de nuestros productos por estar recibiendo lluvias de veneno provocadas por aviones y máquinas agrícolas”, relató la dirigente nacional de la entidad, Antonia Ivoneide de Melo Silva.

El líder indígena Janio Guarani Kaiowá, de Mato Grosso do Sul, recordó que la cuestión del uso de veneno por el agronegócio causa enfermedades, afecta escuelas indígenas, aldeas en general y provoca también mortandad de lideres que resisten a acciones de empresas con actuación depredadora. También resaltó que el veneno contamina ríos y contribuye a la devastación de los bosques. “La naturaleza está pidiendo socorro, y sin ella no somos nada”.

Relator

En una rápida declaración, el relator Baskut Tuncak pidió a los integrantes de la sociedad civil, especialistas y parlamentarios que siguieran en clima de resistencia. “Es grave y tremendamente valiente lo que están haciendo, principalmente los que ya recibieron amenazas de muerte”.  

Al mencionar la problemática de los agrotóxicos, el emisario recordó que tales productos son tóxicos y causan diferentes daños.  “Una de las verdades que saldrán a la superficie es el estrago económico que ha sido causado por la intoxicación del planeta. Las personas se enferman, son infelices, improductivas. (…) Y también hay un mito de que la desregulación es buena para los negocios, pero eso no es bueno porque promueve modelos obsoletos e insustentables, hace que las sociedades retrocedan en vez de avanzar con métodos de producción más avanzados”, argumentó.

Este fue el primer compromiso público del relator en el país, que deberá ser destacado en un informe a ser presentado por el en 2020 en la sede de la ONU en Ginebra, Suiza.

Edición: Rodrigo Chagas | Traducción: Pilar Troya