En el mes de septiembre se divulgó el levantamiento del 13° anuario del Foro Brasileño de Seguridad Pública. Se trata del primer levantamiento nacional de datos oficiales de seguridad pública que incluye violencia contra personas LGBT. El informe muestra la invisibilidad esta violencia pues 11 unidades federativas no respondieron al pedido con información.
Incluso con años de lucha del movimiento LGBT, apenas en junio de este año el Supremo Tribunal Federal (STF) aprobó la criminalización de la LGBTfobia, siendo caracterizada por todo tipo de repulsa, prejuicios, cercenamiento de derechos y actos violentos contra personas lésbicas, gays, bisexuales y transgéneros o travestis. Discriminar a una persona por su orientación sexual y de género hoy es un crimen sin fianza, imprescriptible y que puede ser castigado con multa o hasta cinco años de prisión, de acuerdo con la ley 7716/89.
Escasez de información
De acuerdo con el informe del 13º anuario, hay una invisibilidad de la violencia contra población LGBT en Brasil. 11 unidades federativas no respondieron al pedido con información para el mapeo de la violencia LGBT, ellas fueron: Acre, Amapá, Amazonas, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia y Roraima. Esa invisibilidad también es evidenciada por el hecho de que solo 10 estados presentaron los datos referentes a homicidios dolosos contra la población LGBT en sus territorios.
De acuerdo con el documento, para que Brasil consiga revertir ese cuadro de violencia contra la población LGBT, es necesario visibilizar ese grupo social en los datos de seguridad pública. “Se hace necesario monitorear de forma geolocalizada tales crímenes, desarrollar políticas preventivas y de inteligencia, así como políticas de promoción de acceso a derechos y oportunidades para población LGBTI+, inclusive su derecho a usufructuar, participar y navegar en sus ciudades” defiende.
Violación correctiva
Con relación a los crímenes de violación, el documento señala que 11 estados presentaron datos sobre violaciones de ese grupo poblacional, mas aún parece haber subregistro. Pernambuco es señalado como el estado brasileño con el mayor número de violaciones de la población LGBT, pero se destaca que los datos pernambucanos son “más confiables que la media nacional”. Todavía de acuerdo con el anuario, hay una perpetuación histórica de las llamadas “violaciones correctivas”, sobre todo contra mujeres lésbicas. Ese crimen fue recientemente tipificado por la Ley 13.718 de 2018, como aquel con el objetivo de “controlar el comportamiento social o sexual de la víctima”.
Pernambuco
El número significativo de casos de violencia contra esa parte de la población en Pernambuco fue uno de los principales motivos para la implantación del Centro Estadual de Combate a la Homofobia en el estado entre 2011 y 2012. El centro está compuesto por un equipo multidisciplinar, con coordinador, psicólogos, trabajadores sociales, abogados, y educadores sociales para prestar atención a las víctimas de violencia LGBTfóbica, realizar actividades formativas, negociaciones políticas y representaciones institucionales. Órganos semejantes también existen en Bahia, Minas Gerais, Fortaleza, São Paulo y Rio de Janeiro.
Según el documento, el número general de homicidios en Pernambuco cayó 23% en el año de 2018, en comparación a los datos de 2017, siendo señalada como la segunda mayor reducción de Brasil. Sin embargo, en ese mismo período, los registros de casos de violencia contra el público LGBT crecieron.
En el documento, son contabilizados casos de lesión corporal dolosa, homicidio doloso y violación. Entre las 27 unidades federativas, Pernambuco es la que aparece con mayor número de registros de crímenes contra la población LGBT en 2018, siendo un total de 326. Bahía, estado que ocupa el segundo lugar, aparece con 194 casos. Los registros de lesión corporal dolosa en Pernambuco aumentaron 12,2% de 2017 para 2018, subiendo de 246 para 276 casos. Fueron considerados los crímenes de lesión corporal, lesión corporal de tránsito y lesión corporal por violencia doméstica/familiar. Por otro lado, los números de homicidio doloso y violación cayeron 15% y 42,1%, respectivamente. En 2017, fueron 20 homicidios dolosos y 57 violaciones, descendiendo a 17 y 33 en 2018.
El anuario informa, además, que el estado pernambucano no posee ninguna comisaría especializada para atender personas LGBT. Apenas tres unidades federativas afirmaron poseer ese tipo de comisaría: Paraíba, Rio de Janeiro y Sergipe. De acuerdo con el documento, eso “evidencia la ausencia de una red de atención de la población LGBTI+ en casos de violencia”. Para Poliny Aguiar, de la Coordinadora Estadual de Política LGBT, aún así el panorama es positivo en el estado en relación con la implantación de políticas públicas “Pernambuco es uno de los estados de Brasil que más dispositivos y políticas volcadas a la población LGBT posee. Otros estados no consiguen entender de donde viene la violencia, quien es esa población y no tener esos datos. Nosotros, por tener esos dispositivos, vemos que las personas se sienten más acogidas y confiadas para hacer las denuncias”, afirma.
Edición: Vinícius Sobreira | Versión en español: Pilar Troya
