Durante los primeros días de administración en enero de 2019, el gobierno de Jair Bolsonaro ya había demostrado que pondría en práctica la posición adoptada durante su campaña electoral con respecto a las cuestiones agrarias. Con el pasar de los meses, las violentas declaraciones se tradujeron en acciones gubernamentales. Las declaraciones continuaron aumentando en agresividad, lo que, según los observadores, ha hecho que las relaciones en el campo de Brasil sean aún más tensas.
En el periodo electoral, Bolsonaro defendió cerrar las escuelas del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), dar respaldo legal a quienes matan a ocupantes de la tierra y poner fin a la expropiación de la tierra de los terratenientes denunciados por trabajo esclavo. También comparó a los trabajadores rurales terroristas.
En 5 de enero, antes de que su gobierno completara siete días, se registró el primer acto de violencia. Guardias de seguridad de una empresa privada asesinaron a una persona e hirieron a otras ocho en una ocupación en la Hacienda Agropecuária Bauru, en Colniza, municipio de Mato Grosso (región centro oeste de Brasil). En esa ocasión, la declaración de uno de los guardias ya demostraba que el discurso beligerante del gobierno había influenciado el clima de permisividad a actos violentos.
“Hubo invasión de los sin tierra, que ahora ya no son sin tierra. Según Bolsonaro, son bandoleros... murieron dos bandoleros y otros cinco fueron abaleados y están en el hospital”, afirmó el jefe de los vigilantes a un portal de noticias local. Cuatro de los autores del crimen fueron detenidos acusados por homicidio e intento de homicidio. Pero la justicia liberó a los acusados dos días después del crimen.
También en enero, el gobierno determinó la interrupción de todos los procesos para compra y demarcación de tierras para asentamientos. Algunas semanas después, el secretario especial de Asuntos Fundiarios, Luiz Antonio Nabhan Garcia, tildó las escuelas del MST de “pequeña fábrica de dictadores” y afirmó que el gobierno iba a trabajar para cerrar las instituciones que atienden a más de 200 mil niños y jóvenes.