El Consejo Indigenista Misionero (CIMI) lanzó el día 24 de septiembre el informe “Violencia Contra los Pueblos Indígenas”, con información compilada el año 2018. Los datos señalan que en el año de la elección del presidente Jair Bolsonaro (PSL), durante la gestión de Michel Temer, hubo un fuerte movimiento de ataque a la población indígena brasileña en diversas frentes, principalmente con relación a los territorios.
Fueron asesinados 135 indígenas el año pasado, contra 110 en 2017, un aumento del 25%. Hubo aumento también de los casos de invasión de territorios ya regulados, de 96 a 111 (15%).
En 2018, el presidente Michel Temer hizo una única demarcación de territorio indígena, sin embargo, la medida fue revertida en la Justicia. Bolsonaro no hizo ninguna y reafirmó también en la ONU, que no lo hará.
“El CIMI no hace este lanzamiento con alegría, sino con dolor y sufrimiento. Hay en Brasil una institucionalización de la violencia como práctica del propio gobierno”, dice el padre Roque Paloschi, presidente de la entidad.
En Brasil, 305 pueblos habitan 1.229 territorios indígenas. La mayoría de estos territorios, el 66%, está en fase de reivindicación o de reglamentación.
Con la omisión del poder público, hubo aumento del grilagem*, del robo de madera, de la minería artesanal no regulada, de las invasiones e incluso hasta de la implantación de lotizaciones en sus territorios tradicionales.
“El discurso de Bolsonaro en la ONU es señal también de que no hay perspectivas. La FUNAI [Fundación Nacional del Indio] fue completamente desmantelada. Datos preliminares de 2019 ya indican que hubo más invasiones que en el período anterior. Todo el período de construcción de la democracia. Ahora es un período de deconstrucción”, dijo Roberto Antônio Liebgott, del CIMI región Sur.
De acuerdo con el informe, existe un alineamiento del poder público con un modelo de gestión empresarial, por medio del cual se establecen bases para la desregulación de leyes.
Los pueblos indígenas tienen que enfrentar instituciones que representan y ejercen los poderes políticos, administrativo, jurídico y legislativo. Ellas actúan, casi siempre, teniendo como referencia intereses marcadamente económicos, y no los derechos individuales, colectivos, culturales, sociales y ambientales.
El levantamiento del CIMI también contabiliza ocho amenazas de muerte y 11 conflictos por tierra el año pasado.
En el estado de Pernambuco, en menos de dos meses la Tierra Indígena Pankararu de Araçuaí, del pueblo Pankararu, sufrió ataques que resultaron en el incendio de una escuela, de un puesto de salud y en la depredación de la iglesia católica.
Los edificios atacados estaban próximos a un área de conflicto con posseiros [personas con derecho de uso pero no propiedad sobre la tierra] instalados en el local. En el mes de septiembre, 12 familias que vivían ilegalmente en el área fueron finalmente retiradas.
Alcohol y negligencia
Incluso siendo prohibida la venta de bebida para indígenas en todo el territorio nacional, el CIMI investigó 11 casos de diseminación de alcohol y otras drogas. Fueron cuatro en Acre, tres en Mato Grosso, dos en Mato Grosso do Sul, uno en Maranhão y otro en Tocantins.
El informe identificó comercialización en la propia aldea. Con relación a las drogas, por ejemplo, en la reserva de Dourados, en Mato Grosso do Sul, niños Guarani Kaiowá, son reclutados para el tráfico a partir de los ocho años de edad.
“Ellos [traficantes] proveen drogas gratuitamente, vician a los niños y después comienzan a cobrar la deuda”, dice el informe.
La bebida, de acuerdo con el informe, también es señalada como uno de los motivadores de violencia sexual. Fueron 11 violaciones, un intento de violación y tres casos de abusos sexuales. De los casos de violación, siete fueron contra niños.
La falta de asistencia médica fue responsable por la muerte de 11 indígenas, debido a enfermedades respiratorias, gripes y neumonía. La situación se agravó después de que se acabó el programa Más Médicos.
El informe también revela que en 2018 también ocurrieron 101 suicidios de indígenas. Sólo en Mato Grosso do Sul fueron 44. Las víctimas tenían entre 5 y 64 años.
* Utilización de documentos falsos para forjar la titularidad y reivindicar la tenencia de tierras
