Una resolución del gobierno federal, publicada en el Diario Oficial de la Unión (DOU) del último viernes (27), firmada por el general Augusto Heleno, ministro del Gabinete de Seguridad Institucional, anuncia que Brasil reubicará, en medio de la pandemia del coronavirus, a las comunidades quilombolas [asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por esclavos fugados] de Alcántara, en el estado de Maranhão al norte del país. El área ocupada por las familias será utilizada para expandir el Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), un convenio que Jair Bolsonaro firmó con los Estados Unidos.
La reubicación debe perjudicar, de acuerdo con la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ), aproximadamente a 800 familias. La medida fue criticada por movimientos sociales y por el gobierno de Maranhão, que pidió respeto por las comunidades que están en el territorio desde el siglo XVII.
“Primero, se necesita tener cuidado, por el contexto de una pandemia, en que la prioridad debe ser cuidar de las personas y no debilitar sus condiciones de vida. Segundo, ese comité, de acuerdo con la Convención 169 de la OIT (Organización Internacional del Trabajo), no debería haber tomado ninguna decisión de reubicar poblaciones antes de consultar a las comunidades locales. Tercero, el gobierno federal debe resolver los pasivos derivados de reubicaciones anteriores, con graves perjuicios para las comunidades quilombolas. El comité tomó esa decisión antes de que concluyan los trabajos del grupo técnico”, afirma Francisco Gonçalves da Conceição, secretario de Derechos Humanos y Participación Popular del gobierno estadual de Maranhão.
En nota, el Movimiento de Trabajadores y Trabajadoras Rurales Sin Tierra (MST), Movimiento de la Asociación del Territorio Quilombola de Alcántara (ATEQUILA), el Movimiento de Mujeres Trabajadoras de Alcántara y el Movimiento de Afectados por la Base Espacial (MABE), entre otros, condenaron la medida.
“Consideramos la medida arbitraria y totalmente ilegal, toda vez que se contrapone a diversos dispositivos legales de protección de los derechos de las comunidades remanentes de quilombo, así como a tratados y convenciones internacionales referidos a los derechos de estas comunidades”, explican los movimientos, que reafirmaron el deseo de permanecer en el lugar.
“Por fin, no admitimos ninguna posibilidad de desplazamiento, reafirmamos nuestra irrestricta y amplia defensa de las comunidades quilombolas de Alcántara en el derecho de permanecer en su territorio tradicional en su entereza y plenitud. Accionaremos todos los medios y medidas posibles para resguardarlas”, finaliza la nota.
Para el cientista político Danilo Serejo, miembro del CONAQ y del Mabe, el gobierno federal, al determinar la reubicación, es “racista”.
“Estamos viendo esto con bastante preocupación, porque todo este proceso se hizo sin que hubiera un proceso transparente con las comunidades quilombolas de Alcántara. Entonces, autorizar la reubicación sin cumplir ninguna de las garantías previstas en el derecho brasileño e internacional es muy complicado. Verticalizar esa decisión sobre las vidas quilombolas de Alcántara sólo muestra cuan autoritario y racista es este gobierno”, afirma Serejo.
En la resolución, el general Heleno anuncia que la Aeronáutica hará las reubicaciones de las familias y el INCRA (Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria) quedará encargado del reasentamiento de las familias en otra área. El gobierno no determinó una fecha para la retirada de los quilombolas de sus territorios, pero la medida será tomada antes de la conclusión de los estudios técnicos del Comité de Desarrollo del Programa Espacial Brasileño, cuyo plazo final fue prorrogado en 180 días.
Historia de reubicaciones
En 1983, 312 familias de quilombolas fueron expulsadas de su territorio, en Alcántara, una península de Maranhão, y transferidos a agrovillas más al sur del estado. Allá, obtuvieron lotes de 16 hectáreas. Tres años antes, el entonces gobernador del estado, Ivar Saldanha (PDS), expropió 52.000 hectáreas del territorio que era ocupado por los quilombolas y los entregó al gobierno federal. La medida formaba parte del proyecto de construcción del Centro de Lanzamiento de Alcántara (CLA), apoyado por el dictador João Batista Figueiredo (1979-1985) y administrado por la Fuerza Aérea Brasileña (FAB).
Los quilombolas expulsados de sus territorios fueron transportados a agrovillas ubicadas en el interior del estado, en una región cubierta de arena y de suelo estéril. En los quilombos, la pesca garantizaba el sustento de la comunidad y dictaba la dinámica de organización del lugar. “No se ni porque llama ‘agrovilla’, de agro no tiene nada. Es un proyecto que fracasó. Yo vivo en una de las agrovillas, nunca funcionó, nos pusieron en un lugar donde no tenemos como sustentarnos”, explica Antonio Marcos Pinho Diniz, presidente del sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Rurales de Alcántara.
En 1991, el ex presidente Fernando Collor expropió más 10.000 hectáreas de Alcántara para la construcción del CLA, totalizando 62.000 hectáreas.
En el año de 2008, el panorama se puso a favor de las familias quilombolas. Un Informe Técnico de Identificación y Delimitación elaborado por el INCRA, garantizó 78.100 hectáreas de la región para las comunidades quilombolas y limitó el espacio de la base aérea a 8.000 hectáreas.
En 2010, en el gobierno del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, el Estado reivindicó otras 12.000 hectáreas en el área costera de Alcántara. La nueva adquisición nunca fue confirmada, pero las 792 familias de quilombolas que viven en la región están, desde entonces, con miedo de esa posibilidad.
En marzo de 2019, Brasil y Estados Unidos firman un contrato que garantiza a los estadounidenses el derecho de explotar la base de Alcántara. El acuerdo prevé salvaguardas tecnológicas y permite el lanzamiento de cohetes y satélites en la región.
La posibilidad de ampliación del área del CLA, — que hoy es de 8.000 hectáreas — está prevista en el documento. Eso hizo que los quilombolas se movilizaran para conseguir definitivamente la titulación de sus tierras, lo que les garantizaría estabilidad en la región y poder en una futura negociación con el Estado.
